Denuncian titulación irregular de baldíos en Mapiripán

En el municipio de Mapiripán, Meta, los terrenos baldíos que pertenecen a la zona rural están siendo ocupados por particulares. Así lo denunció la Contraloría General, entidad que les solicitó al Incoder, a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y a la Superintendencia de Notariado y Registro “una contundente campaña de recuperación de aquellos baldíos que se encuentran irregularmente en manos de particulares”.

De acuerdo con el organismo de control, las matrículas inmobiliarias de los predios rurales de Mapiripán se abrieron después de la masacre perpetrada por las autodefensas en julio de 1997. Los particulares utilizaron la figura de venta de mejoras para registrar los baldíos.

La Contraloría delegada para el sector Agropecuario determinó que las medidas de protección sobre los predios de Mapiripán “han sido tardías, tenien- do en cuenta no solo las masacres ocurridas desde 1997 y los consiguientes procesos de desplazamientos intensivos, sino también las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2005”.

Así las cosas, la Contraloría determinó 14 hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria. Las entidades que deberán responder son: Incoder, Superintendencia de Notariado y Registro, la Alcaldía de Mapiripán, Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) y la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín de los Llanos.

Según el ente de control, en Mapiripán se deben restituir 1.648 predios. A la fecha “se han presentado 797 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas, es decir el 48,4%. Y de estas sólo el 11,7% ha iniciado el trámite administrativo”. La Contraloría también cuestionó el trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, que ha atendido 53 personas e invertido $306 millones, “lo cual no es significativa teniendo en cuenta el número de solicitudes”