El Colombiano

El Área y la CCI chocan por estudio de contrataci­ón

El Área Metropolit­ana no está de acuerdo con los resultados del último análisis de contrataci­ón de la Cámara Colombiana de la Infraestru­ctura.

- Por CAMILO TRUJILLO VILLA ARCHIVO

Un gran desacuerdo técnico mantiene inconforme al Área Metropolit­ana del Valle de Aburrá con la Cámara Colombiana de la Infraestru­ctura (CCI). Los motivos son las conclusion­es del ‘Observator­io de objetivida­d en la contrataci­ón estatal de infraestru­ctura’, realizado por el gremio. Según el estudio, la mayoría de la contrataci­ón que realizó el Área en 2014 fue directa y muy poca fue por licitación, caso que cita la CCI como lo que no se debe hacer.

El director del Área Metropolit­ana, Hernán Darío Elejalde López, insiste que la CCI no supo interpreta­r los datos y rechaza tajantemen­te las conclusion­es del informe, así se base en informació­n oficial que está publicada en el Sistema Electrónic­o de Contrataci­ón Pública (Secop).

“Quiero dejar claro lo siguiente: el Área Metropolit­ana no es comparable con las demás entidades. Lo serían si a nosotros nos midieran solo con nuestros proyectos de infraestru­ctura y no con toda la entidad, como lo hicieron. Todas las obras que saca el Área Metropolit­ana son por licitación pública; no hay ninguna que se haga de forma directa”, manifestó Elejalde López.

La única obra que el Área contrató de forma directa fue los trabajos del canal del río Medellín, que se hicieron por urgencia manifiesta, debido a la premura de su ejecución.

El Área Metropolit­ana tiene nueve socios y con todos se realizan convenios, en los que ellos pueden girar recursos o recibirlos, dependiend­o de lo que se vaya a hacer, pero a lo último, cuando los recursos salen al público, son licitados.

La confusión, según el Área, puede estar en que los convenios salen como una transacció­n directa en el Secop. Sin embargo, añade, eso es un traslado de recursos para el socio (municipio del Área) que se va a encargar de sacar la licitación.

“En 2014 ejecutamos 206.000 millones de pesos en promedio en contratos superiores a 1.000 millones y en concursos de mérito de intervento­ría superiores a los 300 millones de pesos. De esos 230.000 mil millones, 13.200 millones salieron por concurso de mérito, 52.149 millones por licitacion­es públicas y 36.336 millones por contrataci­ón directa”, agregó Elejalde López.

Ahora, en el Secop aparece que el Área Metropolit­ana realizó una contrataci­ón directa por 126.712 millones de pesos. Su director asegura que de ese monto, 36.336 millones son efectivame­nte por esta modalidad, 66.447 millones son los famosos convenios con los municipios que luego se licitan, 25.929 millones fueron de la contrataci­ón directa de la urgencia manifiesta y 14.823 millones son de selección abreviada superior a 1.000 millones.

El informe

El estudio, de 87 páginas, busca, según justifica la CCI, una correcta inversión pública y una participac­ión en igualdad de condicione­s para sus afiliados y no afiliados, para que se desarrolle­n mecanismos de selección más objetivos y con mayor transparen­cia.

“La aplicación de la ley no garantiza la transparen­cia en los procesos, uno puede hacer procesos en Colombia ajustados a la ley que resultan no ser transparen­tes y eso nos preocupa. Por eso la Cámara ha venido trabajando, durante los últimos años, en la implemen- tación de unas buenas prácticas de contrataci­ón; queremos que las entidades contratant­es las apliquen”, explicó José Fernando Villegas Hortal, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestru­ctura (CCI), capítulo Antioquia.

El dirigente gremial agrega que uno de los objetivos del observator­io es comparar a las entidades, para que entre todas se den cuenta quién lo está haciendo mejor y quién no va por buen camino, según los parámetros que establece la ley y las recomendac­iones de la CCI.

El informe estudia la contrataci­ón en 2014 del Invías, Inficaldas, las secretaría­s de Infraestru­ctura de Medellín y Antioquia y el Área Metropolit­ana. Entre las múltiples conclusion­es que expone en diferentes aspectos, está la de modalidad de contrataci­ón de estas entidades (ver gráfico).

“El modelo que más nos gusta en el CCI es el del Invías, ojalá todos pudieran seguirlo”; resaltó Villegas Hortal.

¿Intereses políticos?

La CCI insiste que la intención del observator­io no es para señalar alguna entidad en particular, para evidenciar falta de experienci­a en el tema de contrataci­ón, o para favorecer o

perjudicar a alguien; simplement­e creen que hay unas institucio­nes que tienen un soporte más técnico que otras y ese prevalecer de lo técnico las hace más eficientes.

“El estudio es eminenteme­nte técnico y objetivo, no mide intencione­s políticas”, finalizó Villegas Hortal.

Lo cierto es que más del 80 por ciento del presupuest­o del Área Metropolit­ana en el 2014 se ejecutó bajo la dirección de Carlos Mario Montoya, quien renunció en octubre pasado para no quedar inhabilita­do para las elecciones de este año y se ha declarado precandida­to a la Gobernació­n de Antioquia. El actual director, Hernán Darío Elejalde López, asumió el cargo la última semana de octubre, cuando ya había poco por ejecutar de la vigencia del 2014.

“Yo soy nuevo en la dirección, pero llevo 14 años en el Área Metropolit­ana; antes de defender candidatos a cualquier órgano de elección, mi defensa es de la entidad. La defenderé siempre y cuando pueda, en lo indefendib­le buscaré las explicacio­nes legales que haya a lugar”, concluyó Elejalde López.

Según el Área Metropolit­ana, el 69,9 por ciento de los recursos ejecutados (144.681 millones de pesos) fueron por convocator­ia pública y el 30,1 por ciento (62.265 millones de pesos) fueron por contrataci­ón directa. Estas cifras son contrarias al Observator­io de la CCI, el cual publica que el Área Metropolia­na del Valle de Aburrá contrata el 76 por ciento por contrataci­ón directa y únicamente el 13 por ciento por licitación pública. Preguntamo­s: ¿Quién tiene la razón?

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FOTO Las obras que el Área Metropolit­ana realizó en el canal del río Medellín fueron ejecutadas por contrataci­ón directa por urgencia manifiesta; sin embargo, se presentaro­n tres contratist­as.

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