EDITORIAL
Ante la inacción de Latinoamérica, las medidas de Estados Unidos contra siete funcionarios del régimen venezolano serán aprovechadas por Maduro y su gente para fortalecer su discurso nacionalista.
“Ante la inacción de Latinoamérica, las medidas de Estados Unidos contra siete funcionarios del régimen venezolano serán aprovechadas por Maduro y su gente para fortalecer su discurso nacionalista”.
La grave situación en Venezuela, particularmente la derivada del comportamiento autoritario de su Gobierno y de la violación sistemática de los derechos políticos de los opositores, de la libertad de expresión de la prensa y de los ciudadanos que se manifiestan por la democracia, justificaba -y justifica aún- medidas por parte de las organizaciones multilaterales.
Lamentablemente, de las dos más cercanas y concernidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unasur, es poco lo que se puede esperar. La una tiene una Carta Democrática que solo opera cuando se ajusta a los fines geopolíticos de determinada corriente ideológica, y la segunda es creación, para fines también muy específicos, del llamado bolivarianismo de Hugo Chávez y sus regímenes afines.
El secretario general de Unasur, Ernesto Samper, dijo ayer no más que “los asuntos de Venezuela los tienen que resolver los venezolanos”. No le conviene recordar, para los planes que se ha trazado, que el Tratado Constitutivo de esa entidad, dice que los Estados miembros “Ratifican que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos son condiciones esenciales para la construcción de un futuro común de paz y prosperidad económica y social”.
Ahora el gobierno de Barack Obama, en ejecución de una ley del pasado diciembre, emite una orden ejecutiva mediante la cual adopta sanciones contra siete altos dirigentes del régimen chavista de Nicolás Maduro. La orden ejecutiva anota expresamente que dichas sancio- nes “no se dirigen contra el pueblo o la economía venezolana”, sino que tienen efectos individuales, políticos y patrimoniales, contra esas personas.
Son ellos seis oficiales militares y policiales, y una fiscal. Varios de ellos han ejecutado las órdenes del Ejecutivo de hostigamiento a la oposición, incluyendo el encarcelamiento por razones políticas de los líderes Leopoldo López, Anto- nio Ledezma y Daniel Ceballos, entre otros.
La orden ejecutiva de la Casa Blanca hace referencia explícita a la “amenaza inusual y extraordinaria que para la seguridad nacional de los Estados Unidos” significa la situación de Venezuela.
No constituye ninguna sorpresa, por tanto, la reacción que en el Palacio de Miraflores despertó la declaración del Ejecuti- vo estadounidense. Es gasolina para el fuego retórico que en los momentos actuales es a lo único que puede aferrarse el presidente Nicolás Maduro para obtener el apoyo de sus incondicionales, que aún le quedan bastantes.
Presentarse como muro de contención a la agresión imperialista, como víctima del intrusismo e intervencionismo de potencias hostiles contra una “revolución popular”, lección que ha aprendido bien del castrismo, le oxigena su agotado discurso.
Obrando en consecuencia, Maduro ya ha pedido, y los obtendrá, poderes extraordinarios a la Asamblea Nacional. Arreciará la represión y el poder de coacción será absoluto. Ya se sabe cómo piensan. Ahí está disponible el video en el que Roy Chaderton, embajador de Venezuela en la OEA y conocido de autos en Colombia, se refiere a los opositores como “escuálidos” en cuyas cabezas “una bala pasa rápido y suena hueca”.
Lastimosamente, el multilateralismo latinoamericano actuará aquí, seguramente, para condenar las medidas unilaterales de Estados Unidos, y no para abogar por la democracia y las garantías ciudadanas extinguidas por un régimen enloquecido pero que aún logra que desde el exterior se le consienta