EDITORIAL
“La Corte Constitucional anunció para mañana una rendición de cuentas. Es mucho lo que hay que aclarar. No solo Pretelt debe dar la cara. ¿Han guardado todos fidelidad a la Constitución y la ley?”.
Cada vez coge más fuerza la visión de que muchos de los colegas del magistrado Jorge Pretelt consideraban que sacándolo de la Corte, presionando su salida, el país que opina quedaría tranquilo y se ocuparía de otros asuntos. Se equivocaron. Las miradas siguen posadas en esa corporación y en sus integrantes, algunos de ellos también con interrogantes por responder. A tal punto han sentido la mirada inquisitiva de la sociedad que en sesión extraordinaria del lunes festivo acordaron ofrecer una rendición pública de cuentas el próximo jueves.
Allí, según el comunicado, harán un balance de gestión general 2009-2015 y ofrecerán “respuestas individuales de los magistrados sobre aspectos actuales de especial interés para la opinión pública”.
¿Informarán los señores magistrados sobre audiencias privadas, sea en sus despachos oficiales, sea en otros recintos, que hayan sostenido con abogados litigantes de expedientes sometidos a su conocimiento? ¿Se referirán a los poderosos cabildeos de exmagistrados de alta corte, harán re- cuento de los expedientes patrocinados por esos exmagistrados y el resultado obtenido en sus pretensiones?
Si bien erraron el cálculo al creer que Pretelt serviría de única cabeza dimitente para bajarle presión a una inatajable crisis de credibilidad, harán bien todos los señores magistrados en rendir cuentas sinceras, sin arroparlas bajo lenguaje retórico o leguleyo.
De ese ejercicio de transparencia dependerá que el país exija un compromiso serio que obligue a las demás cortes a hacer un ejercicio similar. Todas pasando al tablero y bajándose de los pedestales que les garantizan indemnidad frente a cualquier cuestionamiento.
No se trata de hacer un linchamiento público, entre otras cosas porque no todos los magistrados han incurrido en esa politiquería, ni en esa puja por puestos públicos, ni en esos carruseles pensionales, ni en esas subastas de sentencias que tantos abogados litigantes denuncian en privado pero pocos en público.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidió la semana pasada al magistrado Pretelt que renunciara, porque sobre él pesan “acusaciones serias que deslegitiman la Rama”. Esa solicitud debe ser aplicada para todos los mismos que firmaron esa carta, si quieren ser coherentes y justos. Hay muchas razones para que Jorge Pretelt renuncie, como las hay para que otros se sometan a un riguroso examen sobre su fidelidad a la Constitución y a las leyes. Una lupa rigurosa en la rama judicial y no solo para los magistrados, haría avergonzar a más de uno y hacerse a un lado.
Tiene razón el Presidente de la República al pedir que no se arrase con la institucionalidad, pues no es acabando con las cortes como se solucionará la corruptela. Ahora bien, en los puntos que el Jefe de Estado anunció anoche, nada va más allá de lo que ya se propone en la reforma de equilibrio de poderes. Incluso, al reafirmar que el Tribunal de Aforados se limitará a proponer acusaciones al Congreso, que será el que decida la suerte de los altos funcionarios, estamos pedaleando en bicicleta estática: en nada se avanzará con esa fórmula