El Colombiano

En manos de jueces está futuro del Acuerdo 300

El Presidente del Concejo dijo que no le dieron potestades al Alcalde para privatizar y no puede echar trabajador­es como se sostiene.

- Por RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO

Pocas cacerolas, pocos asistentes, pero sí muchos cuestionam­ientos hubo ayer en el plantón realizado frente a la Alcaldía para protestar por las facultades que le dio el Concejo al alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, a través del Acuerdo 300, hoy 001 de 2015.

Gonzalo Álvarez Henao, del Movimiento Cívico de Medellín, aseguró que este acuerdo es ilegal por esas facultades generales que le entregaron al Alcalde.

También está viciado, agregó, porque el decreto convocando a extras del Concejo para votarlo tiene dos fechas: una de expedición del 10 de enero de 2015 y otra de pro- mulgación del 10 de febrero y no fue publicado en la Gaceta Oficial. “El decreto no había empezado a regir y, sin embargo, la corporació­n se reunió. Entonces, los concejales tendrán que devolver los honorarios, porque es ilegal”, indicó.

Por estas razones, dijo, presentaro­n una demanda ante el Juez Cuarto Administra­tivo de Oralidad de Medellín.

Hélber Castaño, secretario de Sintraisag­én, indicó que estaban defendiend­o las empresas públicas de Anioquia.

Comentó que con este acuerdo el Concejo le dio potestades al Alcalde para que pueda tener acciones sobre empresas estatales y este sería un avance para privatizar.

Luz María Múnera, presi- denta del Polo Democrátic­o para Medellín manifestó que el Concejo le dio al Alcalde unas facultades que le permitirán hacer con la ciudad lo que quiera sin necesidad de pasar por el Concejo.

En derecho

Fabio Rivera, presidente del Concejo, y defensor de las facultades Alcalde, calificó de legítimo el plantón, pero anotó que se están diciendo muchas mentiras. “Está en manos de los jueces administra­tivos y, segurament­e, llegará al Tribunal Administra­tivo de Antioquia que dirá la última palabra. Hemos obrado en derecho, al igual que la Alcaldía y hay que corregir tanta especulaci­ón”, indicó.

Una de ellas es que se venderá EPM y eso es mentira.

También se ha dicho que se van a intervenir 47 mil empleos, pero el Acuerdo dice que no se puede incrementa­r la nómina ni despedir trabajador­es oficiales y de carrera.

Una tercera falacia es que permitirá privatizar las empresas del municipio y la decisión reza que el conglomera­do será ciento por ciento público.

Dijo por último que las facultades dadas al Alcalde buscan garantías para que pueda aplicar el POT el cual pretende evitar que se repita el caso Space o falsas viviendas de interés prioritari­o, entre otras anomalías. “Había que ponerle dientes al mandatario para ese POT y eso se hizo”, concluyó

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