El Colombiano

Lentitud en procesos aviva el conflicto por la propiedad

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En el Urabá antioqueño, la ocupación de predios por campesinos reclamante­s sin una orden de un juez, se ha convertido desde el 2010 en uno de los focos de atención de las autoridade­s que ven como campesinos y actuales dueños de los predios se enfrentan por la tierra. Estas disputas han generado agresiones, amenazas y señalamien­tos de las dos partes en conflicto. Según los propietari­os, los “invasores les matan los animales, dañan las fincas, afectan los cultivos”, pero los campesinos aducen “amenazas, hombres armados patrulland­o, afectación a cultivos y daños en animales y ranchos construido­s en predios”. Tierra y Vida y Forjan

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a los pesinos vayan predios. La situación se torna aún más compleja, porque tanto reclamante­s como afectados, indican que sus denuncias no han sido escuchadas por las autoridade­s. Ante este panorama, el comandante de la Policía de Urabá, coronel Raúl Riaño, indica que sí se han presentado esas vías de hecho por algunos campesinos, pero cuando se han dado, los agentes han actuado. Sin embargo, dice el coronel, “no podemos llegar a un predio invadido con personas y sacarlas, como nos lo han pedido los propietari­os. La ley no nos faculta para esto. Igual con los campesinos, nos han pedido un acompañami­ento para volver, pero no podemos hacerlo”. A la situación de las ocupacione­s de las fincas, se suman las pocas sentencias para la restitució­n en Urabá. De las 5.912 solicitude­s de reclamante­s, solo han sido falladas 25. En el último informe de la Procuradur­ía sobre la restitució­n (marzo 2014), se indica que a partir del análisis de los fallos, los jueces de restitució­n de tierras tardan en promedio 5 meses y 24 días para emitir la sentencia, desde la admisión de la demanda a la fecha del fallo. El presidente Juan Manuel Santos ha insistido en lo lento del proceso de restitució­n. “Me preocupa, por ejemplo, que en Urabá los jueces van muy lento. Es hora ya de definir, tomar de- cisiones, fallar, con entereza, con valentía, decirles a los campesinos que fueron despojados: ‘aquí está su tierra’, para que el Estado pueda ir detrás con proyectos productivo­s, y a esos campesinos devolverle­s una vida digna”. Si bien, el coronel Riaño aduce seguridad para la restitució­n, las acciones de las Farc y las bandas criminales intimidan a los habitantes de Urabá. En el país, las acciones violentas de los grupos ilegales causaron el desplazami­ento en el 2013 de 17.189 personas de zonas priorizada­s para la restitució­n, como lo registra la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

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