EL PARO DE LOS TRABAJADORES DEL INPEC

mos 16.000 trabajadores para funcionar adecuadamente. Con el ‘populismo punitivo’ se han incrementado las penas para ciertos delitos. Esto implica mayor capacidad en los centros penitenciarios”.

Otra de las solicitudes que presentó el sindicato es que el Gobierno mejore la infraestructura en 15 establecimientos penitenciarios que, según han denunciado, “presentan serias deficiencias”. De acuerdo con Bustamante, en estos lugares “hay problemas de agua potable, iluminación, fallas en los sensores. Algunos, que comenzaron a funcionar con 400 guardianes, hoy tienen 150. El horario de ellos a veces es de 24 horas”.

En el acuerdo firmado el nueve de enero por los ministros de Trabajo y Justicia, aparece que el Gobierno Nacional “impulsará una reforma legal que les permitirá unificar los requisitos para acceder a pensión para los empleados del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec”. Adicionalmente, el Gobierno se compromete a incrementar “los miembros de custodia y vigilancia” y a implementar “un plan de contingencia y redistribución de la población reclusa, con el fin de recibir los detenidos que se encuentran en las URIS y estaciones de la Policía”.

Para Bustamante, el Gobierno debe comenzar por cumplir este acuerdo para que se supere la crisis carcelaria.

Para el exministro de Juan En agosto de 2014, 3.800 guardias y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se unieron al paro judicial. De acuerdo con los sindicatos de la entidad, las condiciones laborales estaban perjudicando el funcionamiento de las cárceles en el país. En enero de este año, el Gobierno Nacional se comprometió a girar 12.700 millones de pesos para efectuar el aumento porcentual al sobresueldo que devengan los trabajadores del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec. El Gobierno también se comprometió a entregar una póliza de seguro de vida para toda la planta del Inpec, Además, a promover crédito de vivienda para los trabajadores.

Carlos Esguerra, la crisis que atraviesa el Inpec estaba anunciada: “Al principio del Gobierno Santos había un proyecto para construir una serie de mega cárceles en distintos puntos del país. Este proyecto fue empantanándose y no se tradujo en nada. Cada año aumenta el número de reclusos, y por ende, el hacinamiento. Esas obras debieron de estar terminadas en el primer cuatrienio del presidente Santos, pero no sucedió así”.

De acuerdo con el exministro, las reformas que se le han hecho al Inpec “no han sido suficientes”. A este problema se suma el aumento de penas para algunos delitos: “se debe definir una política carcelaria y reconsiderar algunas decisiones que se toman en caliente; como el aumento de penas. Aumentan las penas pero no se han financiado las nuevas grandes cárceles del país”.

Medidas

En febrero pasado, el director del Inpec dijo que en los próximos cuatro años se crearán 18.000 cupos. Según los planes, serán ampliados 11 establecimientos carcelarios y se construirán nuevas cárceles en Pereira, Santa Marta y Riohacha.

La discusión, ha insistido el director del Instituto, debe centrarse en la política carcelaria. Revisar la detención preventiva es una de las prioridades, pues en las cárceles permanecen personas que no han sido condenadas y que, por la lentitud del sistema judicial, terminan aumentando el número de presos