Voto de la Fuerza Pública hoy sería inconveniente
La propuesta tiene la bendición del presidente Juan Manuel Santos. En la academia dicen que no es necesaria y que podría generar ilegitimidad.
La discusión sobre la conveniencia o no de que 452.373 militares y policías activos puedan votar, fue retomada en sectores académicos y políticos ante la llegada al Congreso de un proyecto de acto legislativo que les permitiría ejercer ese derecho, posterior al acuerdo de La Habana.
En su visita a Medellín, el pasado martes, el presidente Juan Manuel Santos le hizo el guiño a esta posible reforma a la Constitución: “Les prometí a los militares que eso se haría. Les dije que si al final de mi mandato, si teníamos la paz, eso sería una posibilidad real y estamos hablando con ellos para ver cuándo es el momento más adecuado”.
Esta propuesta tiene un par de antecedentes. Según el senador Armando Benedetti (La U), él presentó un proyecto en el mismo sentido en el 2004, cuando era representante, pero no prosperó. Agregó que ve con buenos ojos la actual propuesta, presentada por el senador Roy Barreras (La U). Según la secretaría del Senado, en el 2011 también fue radicada una iniciativa similar.
En declaraciones a medios, Barrera dijo que se trata de un reconocimiento de derechos políticos a los militares, manteniendo el carácter no deliberante de la Fuerza Pública y otorgándoles durante el servicio activo el derecho a elegir, más no a ser elegido. Todo después de que pase el plebiscito y se firme el acuerdo de paz entre Gobierno y Farc.
Para el senador José Obdulio Gaviria (CD), la idea es una corriente universal que tarde que temprano se dará, pero la iniciativa llega en un mal momento, por la sensibilidad generada por la negociación con las Farc. “Desde lo técnico y teórico se puede poner en práctica sin que haya participación en política sectaria, ni imposición por parte de oficiales”.
Posibles riesgos
César Rodríguez, director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, calificó de prematuro el proyecto, porque existe un legado de
unas Fuerzas Armadas que han cumplido una tarea constitucional de mantener el orden público.
“Resulta inconveniente, pero se podría examinar en el futuro. Los cambios institucionales se deben hacer con cautela. En este momento podría generar pérdida de legitimidad. El sistema actual está funcionando bien; los cambios se hacen cuando hay crisis y no se percibe descontento”, agregó Rodríguez.
Para Wilson Alejandro Mar-
tínez, docente de Derecho de la Universidad del Rosario, una de las garantías constitucionales es que el monopolio de las armas está en cabeza de las Fuerzas Armadas, porque están al servicio del Estado y no del Gobierno ni de los actores políticos. “Los gobiernos son actores políticos porque son producto de procesos electorales. Darles a los militares esa facultad es hacerlos partícipes de las pujas electorales y eso lleva a que asuman posiciones que desdibujan su función. Terminarían al servicio no del Estado, sino de las fuerzas políticas con las que comulgan”.
Martínez adicionó que ante la jerarquía castrense, es difícil
“La propuesta desdibuja la función de la Fuerza Pública. Terminarían al servicio de partidos”. WILSON ALEJANDRO MARTÍNEZ Doctor en Derecho de la U. Pompeu Fabra (Esp) y docente de la U. del Rosario.
garantizar la libertad del voto democrático y que, además, es inconveniente de cara al posconflicto, porque lo que se avecina en Colombia es “la bacrinización” de las Farc, “y necesitaremos una Fuerza Pública unida, y esta propuesta lo que hace es dividir”.
Según Barreras, autor del proyecto, ningún militar podrá usar su rango para obligar a un subalterno a votar y eso le generaría la destitución. “Lo único que podrá hacer es votar libremente y en secreto”