Seguro a prepensionados, a un debate para ser ley
Unos defienden proyecto de ley para dar estabilidad laboral; otros dicen que resultaría contraproducente.
El próximo martes, la plenaria de la Cámara de Representantes decidirá si aprueba o hunde el proyecto de ley con que se pretende dar estabilidad laboral reforzada y evitar despido de trabajadores públicos y privados, que estén a máximo tres años de cumplir edad de jubilación (57, mujeres; 62, hombres), en el régimen público de Prima Media.
En ese sentido, propone en el tercero de sus cuatro artículos que “en aquellos casos en que medie justa causa para la terminación del contrato de trabajo se podrá dar por terminada la relación laboral, siempre y cuando que se haya solicitado autorización previa del Ministerio de Trabajo”.
La iniciativa fue radicada un año atrás por el senador Honorio Henríquez y apoyada por su bancada del Centro Democrático. Se aprobó a finales de abril pasado en Senado (proyecto No. 02 de 2015) y el 25 de mayo tuvo su tercer debate en Cámara (proyecto No. 250 de 2016), impulsado por el representante liberal Rafael Romero Piñeros.
Mientras se da el último debate a la iniciativa en el Congreso, afuera ya genera inquietudes entre empresarios. Si desde una orilla se defiende el beneficio que representa para quienes están en situación de prepensionados y po- der cumplir las 1.300 semanas que en Prima Media se deben acreditar para retirarse, también en la práctica podría generar el despido antes de cumplir el plazo estimado de tres años.
Sin consensos
Al respecto, el senador Alfredo Ramos Maya, quien impulsó la iniciativa, considera que es una manera de asegurar que más colombianos tengan una mesada en su vejez, cuando en Colombia solo una de cada cuatro personas en edad de jubilación logra pensionarse.
“Las empresas vienen desde hace años con una práctica dañina de empezar a sacar a trabajadores antes de llegar a la edad de pensionarse por ahorrarse costos y así muchos no pueden cumplir los requisitos”, comentó a este diario.
Enfatizó que las empresas deben entender el “contenido social” del proyecto de ley y no hacerle esguince, en caso de que entre en vigencia. Más bien se debe buscar, también por vía legislativa, darse estímulos tributarios a quienes generan oportunidades a grupos poblacionales históricamente discriminados.
Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) se advierte que estos esquemas de protección laboral pueden con- vertirse en mecanismos de selección adversa para quienes se busca beneficiar.
“No tenemos evidencia de que las empresas despidan a personas porque están próximas a pensionarse. Una empresa no despide a los trabajadores buenos, sin importar la edad que tengan”, comentó el vicepresidente Jurídico del gremio, Alberto Echavarría.
Agregó que, de aprobarse la ley, Colombia quedaría a la par de esquemas aplicados en Venezuela o Ecuador, donde no se ha demostrado su efectividad y sí se convierten en
una rigidez que resta competitividad al país frente a las condiciones que ofrecen otros países como México.
Frente a estas opiniones, el coordinador del Observatorio del Mercado de Trabajo en Antioquia, Jorge Coronel López, aseguró que el proyecto de ley no es la salida adecuada, cuando aún los empleadores asumen el aporte pensional como un costo y no como un derecho.
“Empresas que contemplen despedir a quien esté próximo a pensionarse lo hacen en función de contratar personas más jóvenes, pero no valoran la experiencia y los costos de aprendizaje que deberán asumir”, concluyó el investigador