DESARROLLO RURAL

Entre los objetivos de este acuerdo está disminuir en 50 % la pobreza del campo en la próxima década.

JUAN CARLOS QUINTERO Vicepresidente de la Asociación Campesina del Catatumbo

“Nuestra postura es de respaldo total para este acuerdo, que cambiará la manera de ver el campo en Colombia, gracias a las zonas de reserva campesina, los programas de desarrollo rural a gran escala y el acceso a tierras para los pequeños campesinos, a través de un fondo de tierras. Creemos que en la medida en que la tierra se distribuya de manera correcta y los campesinos tengan recursos para trabajar y sobrevivir, se va a eliminar el conflicto armado y se van a prevenir otros que vengan a futuro. Sé que son muchas las promesas en este acuerdo, y que la mayor responsabilidad recae sobre el Gobierno Nacional, pero esperamos que logre convertir esas propuestas en políticas públicas. Es verdad que hay un poco de desconfianza, porque los campesinos ya hemos visto incumplimientos, sobre todo después de los paros, cuando se han conformado mesas de negociación y luego no hay cumplimientos, pero tenemos muchas expectativas en el fondo de tierras. Las condiciones sociales del campo, en general, son de mucha pobreza, desde Chocó hasta el Catatumbo, y esperamos que la visión del Estado cambie y llegue la transformación”.

JUAN JOSÉ PERFETTI DEL CORRAL Economista y columnista de El Colombiano

“Este es un acuerdo con un enfoque más moderno respecto al desarrollo rural, contiene los elementos propios de esa apuesta e ideas que han sido exitosas en otros países. Se consiguió que las Farc miraran más allá de esa concepción agrarista propia de la primera mitad del siglo XX, para obtener una visión más contemporánea del campo. El problema que sigue teniendo Colombia en términos de desarrollo rural está en la posesión de la tierra, y de eso habla el acuerdo, de un fondo de tierra para los campesinos, de recuperación de baldíos y demás, para darle más acceso a cultivadores y dinámica al agro. Pero, al mismo tiempo, sigue existiendo la posibilidad de la expropiación de la tierra, un tema que preocupa sobre todo a los grandes propietarios y productores. El acuerdo también contempla el compromiso del Estado para llevar desarrollo al campo y cerrar la brecha social con inversiones, vías terciarias, salud, educación y demás, y eso implica unos grandes recursos que tendrán que invertirse. Esos dineros siempre los ha necesitado el campo, independiente de que haya o no un acuerdo con las Farc”.

El acuerdo sobre la Política de Desarrollo Agrario Integral, firmado el 26 de mayo de 2013, propone un fondo de tierras para los campesinos que no tienen, al igual que un programa de titulación para que puedan legalizar sus predios.

Entre los planes más ambiciosos que contempla, está el desarrollo de acciones a gran escala para llevar vías, servicios públicos, educación, conectividad a internet, distritos de riego e infraestructura al campo. Además de la meta de reducir en un 50 % la pobreza en los próximos 10 años, está el montaje de un sistema que favorezca la nutrición y erradique el hambre de las áreas rurales.

Una de las propuestas más cuestionadas fueron las Zonas de Reserva Campesina, sobre las cuales la oposición dijo que servirían para encubrir cultivos ilícitos y favorecer el narcotráfico

HUMBERTO FRANCO GONZÁLEZ Docente de Economía y Magíster en Desarrollo Económico

“El desarrollo rural siempre ha estado presente en los planes de Gobierno del país, sin embargo hoy vemos el atraso que existe en el campo. Puede ser que esto se deba al conflicto armado. Por lo tanto, si hay un acuerdo serio entre uno de los principales actores armados, que ha obstruido el desarrollo del campo, y el Gobierno, es bien recibido. El atraso en el desarrollo se debe en gran medida a que el Estado no ha podido llegar de manera plena al campo, y este acuerdo puede facilitar ese acceso. Aunque las condiciones podrían mejorar, veo muy ambiciosa y difícil la meta de reducir en una década el 50 % de la pobreza en el campo. En estas zonas está concentrado el mayor porcentaje de pobreza extrema de Colombia, y para cumplir ese objetivo habría que destinar al menos el 1,2 % del PIB anual. Lo difícil está en que el Gobierno tiene un presupuesto deficitario, con una reforma tributaria en la que ya no tiene de dónde más obtener los recursos que necesita. Gravar a las industrias y empresas con más impuestos significaría perder la competitividad. El campo podrá mejorar con el acuerdo, pero la meta propuesta es difícil de conseguir”.