Decreto pone en riesgo trabajo de investigadores.
Medida del Minambiente pone trabas y desestimula aún más el trabajo de los grupos de investigación. Muchos deberán trabajar en la ilegalidad.
Alos científicos que estudian la alta biodiversidad colombiana para aportar al conocimiento y al desarrollo nacional, el Ministerio del Medio Ambiente les puso tatequieto.
Mediante Decreto 1272 del 3 de agosto estableció el cobro por especímenes recolectados para investigar, y si bien no es una suma muy alta por individuo, por la cantidad que se toma para cada estudio, y sumados todos, sí incidirá sobre los de por sí escasos recursos que el Gobierno Nacional destina para la Ciencia.
Eso sugiere una misiva de descontento enviada al ministro Luis G. Murillo por Dolly Montoya Castaño, vicerrectora de Investigación de la Universidad Nacional, que cuenta con más de 800 expertos en biodiversidad que ahora verán entorpecida su labor.
Pero no es solo la Nacional. El inconformismo es general por las trabas y porque queda reflejada la escasa capacidad técnica de los funcionarios del Minambiente para regular materias vitales para el cuidado de los recursos naturales y el desarrollo nacional.
No es solo ese decreto, hay otras medidas que tienen frenados proyectos de interés para el país como en microbiología (véase nota adjunta) o que hace que muchos investigadores estén en la práctica trabajando de manera ilegal, lo que no deja de representarles una amenaza.
Rodrigo Bernal, investigador, autor principal del Catálogo de Plantas de Colombia, conceptuó que también “los botánicos nos vemos en problemas similares a los de los zoólogos. Todos fuimos ilegales por más de una década y muchos todavía lo somos, aunque ahora la situación ha mejorado un poco. Llevo toda una vida estudiando la flora de Colombia y he hecho grandes aportes a su conocimiento y conservación y, en este momento, si encuentro una planta nueva y la recolecto, lo hago de manera ilegal. El Estado nos impide que le ayudemos al país a salir adelante”.
Este nuevo decreto se refiere en concreto a los animales y la práctica de la cacería. En él “hay cosas absurdas. Por ejemplo si un entomólogo llega a una finca donde acaban de fumigar un cultivo y recoge un cucarrón muerto por el insecticida y lo lleva a una colección sin tener permiso para hacerlo, esa colecta es ilegal... ¡hágame el favor!”, expresa Ana María Castaño, presidenta de la Sociedad Antioqueña de Ornitología (SAO).
Retroceso
La decisión “cae mal por lo que representa para la investigación ( costos, trámites, tropiezos), y también por su evidente improcedencia en un país en el que por un lado hay recursos y oportunidades limitadas para la investigación, y por el otro existen enormes vacíos de conocimiento sobre su biodiversidad”, en opinión de Sebastián Restrepo Calle, profesor e investigador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana.
Para él, es un claro retroceso frente a medidas anteriores. “No es muy afortunada la forma en la que define qué es cacería. Toma una definición genérica en la que se hace hincapié en los perjuicios de la actividad, dejando por fuera aspectos centrales de lo que es la caza científica. En ese sentido reglamenta una tasa compensatoria para la caza científica, partiendo del hecho de que es una forma generalizada de daño ambiental”.
El científico considera que “el decreto es anacrónico frente a las discusiones contemporáneas sobre el conocimiento de la biodiversidad. El problema de fondo es la manera en la que el MADS viene aproximándose al tema de la cacería. Todas la posiciones recientes la criminalizan antes que regularla de manera efectiva, lo cual tiene implicaciones serias para el desarrollo de conocimiento, pero también para avanzar en temas referidos al uso sostenible de la biodiversidad en Colombia”.
Pagar por individuos colectados es una locura, dijo. Y en ese sentido, Montoya Castaño expresó en su carta que de persistir la implementación del decreto 1272, no podrán continuar con la colecta y estudio de los especímenes de nuestra biodiversidad.
Para la Presidenta de la SAO, “el país tendría que estimular la investigación y no ponerle más obstáculos a la única herramienta que genera información con la cual se tienen elementos ciertos de juicio a la hora de tomar decisiones que afectan el ambiente”.
En palabras de Restrepo Calle, la situación refleja la limitada capacidad de entendimiento de los funcionarios del ministerio respecto a la importancia de colectas base para el avance del conocimiento y la toma de decisiones en conservación