Acnur y paro cívico concuerdan en peticiones
Defensoría del Pueblo respaldó la investigación. Manifestantes han denunciado abandono estatal.
No es un secreto que los reclamos que motivaron el paro cívico en Chocó son conocidos por el Gobierno desde años atrás. Tampoco es la primera vez que organizaciones internacionales llaman la atención sobre los problemas de pobreza, economías ilícitas e inequidad social en el Pacífico colombiano. El último informe al respecto fue desarrollado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) con la Defensoría del Pueblo. En un documento de 200 páginas, las organizaciones detallan las causas que, desde la Conquista, han incido en la situación actual de los departamentos del Pacífico.
El documento, titulado “Problemática humanitaria en la región Pacífica colombiana”, expone ocho puntos en los que se debe concentrar el Gobierno para mejorar la situación en esa región del país: políticas públicas y modelo extractivo; economías ilegales; narcotráfico; minería; derechos de comunidades étnicas; políticas públicas en el marco del conflicto; víctimas del conflicto; victimización de niños y seguridad alimentaria.
En el apartado sobre desplazamientos, la Acnur resalta que el 19 % de la población desplazada del país proviene del Pacífico. Entre 2006 y 2016, dice, se registraron 502.834 casos de personas expulsadas de la región Pacífica. En Chocó se concentraron el 15 % de los casos.
El año 1997 llamó la atención de los investigadores de la Acnur. Fue en ese periodo cuando se presentó el pico más alto de expulsiones en Chocó, con una tasa de 15.174 personas desplazadas por cada 100.000 habitantes (mientras que las tasas más altas a nivel nacional alcanzaban 568 desplazamientos). Este incremento se presentó por la crisis del conflicto armado, “a partir del ingreso en la región del bloque paramilitar ‘Élmer Cárdenas’, por la zona del bajo Atrato”.
En relación a las necesidades básicas insatisfechas, en esa región alcanzan un 65,17 %, superior a la registrada a nivel nacional, de 27,78 %. En Chocó el registro es de 79,19 %, por encima de otras regiones vulnerables, como el litoral pacífico en Cauca, que alcanza el 77 %.
Nuevas políticas
Una de las falencias que encontraron los investigadores en esa zona es la ausencia de enfoques territoriales para aplicar políticas públicas.
Se recomienda, por ejemplo, que se revisen los “megaproyectos de infraestructura, minería y agroindustria, y se retomen los elementos centrales que orientaron el proyecto denominado Chocó Biogeográfico, que tenía como base conjugar la conservación de los ecosistemas naturales con el apoyo de procesos organizativos”.
El Gobierno, según la organización, debería “revisar los marcos de ordenamiento territorial a partir de un enfoque étnico que empodere a las autoridades de los territorios colectivos”.
Los territorios étnicos, por ejemplo, han sido ocupados por grupos armados ilegales que controlan las economías “extractivas ilegales”. La zona de frontera con Panamá es una de las más afectadas. “En esta zona se posibilita el tráfico de distintos bienes como insumos, armamentos y mercancías de contrabando”. La Defensoría le solicitó al Gobierno un trabajo articulado con Panamá, algo que resulta complicado ante el cierre ordenado por el presidente Juan Carlos Varela.
A mediados de los noventa, dice el documento, se consolidó el control territorial por parte de grupos guerrilleros y posteriormente de los paramilitares. Ambos se fi-
nanciaron a través del narcotráfico. Pese a que el Gobierno ha impulsado la sustitución de cultivos, existen municipios donde predomina el narcotráfico. “Tal es el caso de Juradó y Bahía Solano, en zona fronteriza con Panamá, utilizados como corredores para la exportación de narcóticos”.
Otra actividad controlada por los grupos armados es la minería: “el actor armado controla desde la explotación, con el cobro de ‘vacunas’ o extorsiones a las maquinarias; cobros al gramaje, cobros por el combustible, y cobros a los mineros por permitirles la explotación de un área”.
Los Ministerios de Minas y de Ambiente del Gobierno Santos han prometido acciones para legalizar a los mineros informales. No obstante, la Acnur señala que “los programas de legalización y regularización de la actividad minera informal no han dado los resultados esperados”.
Las recomendaciones finales están relacionadas con el reconocimiento a las víctimas. “En la actualidad son numerosos los casos de víctimas de organizaciones armadas surgidas con posterioridad a la desmovilización de las AUC, que no están siendo reconocidas como tales”.
En materia de tierras, además de las dificultades que se presentan por no tener una Mesa Nacional de Autoridades Afro, las organizaciones señalan que los líderes que adelantan procesos de restitución de tierras temen ante las amenazas de actores armados “sin que el Estado brinde medidas y garantías de protección”