El CD denunció acuerdo con Farc
Con el respaldo de 1’315.000 firmas de colombianos “que piden paz con justicia”, el Centro Democrático denunció ayer el Acuerdo entre el Gobierno Santos y las Farc ante la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, con el propósito de proteger los derechos de los colombianos víctimas de crímenes atroces y de la población en general.
Según informó el Centro Democrático, en la denuncia se evidencia, entre otras cosas, la manera como el acuerdo de Justicia Especial “se caracteriza por implementar una justicia transicional con vocación de impedir o anular, de forma efectiva, que los responsables de crímenes atroces reciban una sanción penal efectiva, adecuada y proporcional con la naturaleza de sus acciones; acciones que se adecuan en los crímenes de trascendencia internacional”.
Tal anulación de una pena real y efectiva de cárcel o prisión o medida de aseguramiento, explica dicha colectividad, “es constitutivo de una justicia no auténtica respecto a crímenes atroces generando impunidad y violando la garantía de no repetición, al dilucidarse una artificiosa y elucubrada amnistía material o indulto de facto o una ley de los arrepentidos, para las personas responsables de crímenes atroces”.
Entre la argumentación que presentó el Centro Democrático ante Corte Penal Internacional se advierte que el acuerdo entre el Gobierno y las Farc desconoce que el Estatuto de Roma, “norma internacional vinculante para Colombia, la jurisprudencia internacional y el derecho internacional penal, establecen que los autores de crímenes atroces deben cumplir penas de pérdida efectiva de la libertad en una prisión o cárcel”.
Por último, el CD subraya que el acuerdo transgrede principios esenciales del Derecho Internacional Penal y los enumera: uno, responsabilidad de mando; dos, responsabilidad penal individual; tres, complementariedad “por cuanto en diferentes a partes el Acuerdo busca sustraer al individuo de su responsabilidad” y cuarto, cooperación internacional en el castigo de los culpables, “el Acuerdo presenta barreras suficientes para que otros países no puedan juzgar a los penalmente responsables de conductas bajo su jurisdicción. El Acuerdo le imposibilita a las víctimas de crímenes atroces acceder a un recurso efectivo para invalidar o dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Especial para la Paz”