Problema jurídico deja hospitales paisas sin sus recursos públicos
Tras el fallo del Consejo de Estado, Minhacienda no puede entregar dineros, ni subsidios.
Por ser considerados privados, por el Ministerio de Hacienda, tras el fallo del Consejo de Estado, más de 10 hospitales de Antioquia no reciben subsidios del Gobierno, o recursos que requieren para su funcionamiento y para superar los problemas financieros que enfrentan.
Héctor Jaime Garro, secretario de Salud de Antioquia, sostuvo que si son privados, el Estado no puede subsidiarlos: entregarles ambulancias, equipos, entre otros apoyos.
El funcionario explicó que la cartera de Hacienda acata un fallo del Consejo de Estado. “La mayoría de los hospitales en Antioquia y en Colombia nacieron a partir de donaciones de particulares”.
El fallo del Consejo de Estado encontró errores en una ordenanza de la Asamblea Departamental de 1994, que transformó a los hospitales en entidades públicas, sin estar facultada para ello.
Los hospitales que son reconocidos como públicos por la Secretaría de Salud de Antioquia y el Ministerio de Salud, pero no por el Ministerio de Hacienda, tras el fallo, no acceden a recursos de esta cartera.
Cuando una IPS está ilíquida, no tiene dinero para pagar a los empleados y debe a los proveedores, no puede acceder a los dineros oficiales, porque aparece como privado en la cartera de Hacienda.
Las IPS tienen planes de gestión integral de recursos y algunas requieren de planes de salvamento fiscal. “Si estos planes se aprueban MinHacienda paga unas deudas acorde con la normatividad. Es una forma directa de ayudar al hospital”, explicó Garro.
Pero, si el centro hospitalaria aparece como privado, o se encuentra en la condición de limbo jurídico, no recibe estos apoyos.
La situación, que no es nueva afecta los centros hospitalarios tal y como lo indica Astrid Viviana Carvajal Zapata, gerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, de Guarne, quien sostuvo que el centro asistencial se encuentra en riesgo alto (categorizado por el Ministerio de Salud).
Según esta relación, de riesgo alto, el hospital debe realizar un plan de saneamiento, pero no ha podido
presentarlo porque forma parte de los hospitales catalogados como privados, tras el fallo. Las directivas toman decisiones. “Vamos a liquidar la fundación que dio origen al centro asistencial”.
De acuerdo con la gerente una de las mayores dificultades es el no acceso a recursos por parte del ministerio de Hacienda, porque son privados, según dicho fallo.
La IPS busca estrategias para mejorar su caja y en esos aspectos se enfatiza: adelanta ajustes internos, tácticas en pro de la recuperación de cartera, optimización del gasto y, aumento de ingresos.
En fin, acciones con el propósito de lograr el equilibrio financiero y salir de la categorización de riesgo dada por el ministerio de Salud.
Tiene una cartera que asciende a cerca de 1.000 millones de pesos. El presupuesto está desfinanciado y por ello, se trabaja en mejorar los indicadores.
Opciones
Otra IPS que está buscando salidas es la Empresa Social del Estado, San Vicente de Paúl de Barbosa.
Carlos Arturo Cervantes López, su gerente, señaló que por la iliquidez que enfrenta la anterior administración tuvo que despedir a más de 20 empleados hace unos meses.
A ello se suma, que el hospital también se encuentra en riesgo alto (categorizado por el ministerio de Salud). “Lo más importante es no acceder a recursos por parte del Ministerio de Hacienda en los
planes de saneamiento fiscal y financiero. A las instituciones catalogadas en riesgo alto, la Nación les gira unos recursos para apoyar su proceso de mejoramiento institucional”, explicó Cervantes.
El gerente se dolió porque otras instituciones más pequeñas que la IPS han recibido por parte de la Nación recursos que oscilan entre 500 millones y 1.000 millones de pesos, para sanear las cuentas de la institución. “Los dineros que dejamos de recibir son claves”, explicó Cervantes.
La IPS de Barbosa tiene una cartera de 1.200 millones de pesos y las cuentas por pagar son cercanas a los 1.700 millones de pesos. Está trabajando con un equipo jurídico el cambio de privado a público. Se pre-
tende liquidar la entidad de derecho privado.
Si no se presenta ningún acreedor, luego de la publicación de un aviso en un diario de gran circulación y se liquida el hospital, se siguen otros pasos.
En ese tránsito la Alcaldía de Barbosa presentará un proyecto de acuerdo al concejo para su estudio. En la iniciativa se plantea la continuidad de la Empresa Social del Estado, ESE municipal.
La idea es que la corporación estudie el tema en las sesiones ordinarias que inician en noviembre próximo.
El gerente Cervantes confía que las gestiones den su fruto y en noviembre el Concejo, tras la liberación respectiva, apruebe el proyecto de acuerdo para la continuidad de la ESE.
Entre los hospitales que no tienen claro su naturaleza de públicos, después del fallo del Consejo de Estado, se encuentra las ESE Hospital San Francisco de Asís de Anzá; H. San Julián de Argelia; H. Nuestra Señora del Rosario de Belmira; H, San Carlos de Cañasgordas entre otros.
Las directivas de los hospitales que se encuentran en limbo jurídico reciben apoyo de la Gobernación de Antioquia para los procesos jurídicos que deben adelantar, según algunos gerentes