EDITORIAL
“La propuesta de nombrar vicealcaldes militares en municipios hasta ahora dominados por la guerrilla requiere mayor claridad. La coordinación en seguridad puede hacerse por otras vías”.
Por supuesto que el reto de cómo llevar institucionalidad a los territorios abandonados por el Estado durante décadas es un asunto clave en la agenda nacional. Así el Acuerdo Final con las Farc esté en una situación de suspenso jurídico y político, los gobernantes cumplen sus deberes de previsión y diligencia perfeccionando planes y programas para el posconflicto.
Antioquia, en particular, ha sido territorio azotado por las violencias -múltiples, poliédricas, omnipresentes- y aunque ha tenido acción de gobierno en buena parte de sus municipios, también ha dejado zonas enteras a merced de grupos criminales que dominan, entre otras, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
A estos dos fenómenos, incontrolables además de crecientes, hizo referencia el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, como manifestaciones delincuenciales que hay que abordar en el posconflicto. Y para ello propuso la creación de Vicealcaldías de Seguridad en “24 o 25 municipios del Departamento”.
El pasado martes, mediante carta dirigida al Presidente de la República, el gobernador no se refiere a esto como un proyecto sino como un programa que se empeza- rá a aplicar ( Ver Contraposición), previa aprobación de alcaldes y concejos.
No sabemos si hay alguna manifestación o concepto de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que este plan incluye a militares activos para que asuman competencias de “comisarios de policía o corregidores”, con funciones complementarias para “coordinar toda la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales” de los municipios donde ejerzan como vicealcaldes.
La constitucionalidad de esta medida es, cuanto menos, cuestionable. El capítulo 7 del Título VII de la Constitución de 1991, que establece las funciones de las Fuerzas Militares, no parece habilitar este tipo de funciones delegadas, que más parecen remplazar las de los propios alcaldes y sus secretarios de Gobierno y de bienestar social.
No queda claro, tampoco, qué competencias en materia de orden público podrían desarrollar mejor como vicealcaldes que como agentes militares en la respectiva zona.
Con la elección popular de alcaldes, desde 1988, el principio rector ha sido el de la descentralización administrati- va, la desconcentración de funciones, y obviamente el fortalecimiento del poder civil como factor de gobernabilidad, conservando las funciones de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) como garantes del orden público, la defensa nacional y el ejercicio de los derechos ciudadanos. Incorporar militares en activo en los equipos de gobierno municipales no es compatible con tareas administrativas diferentes a las que por Constitución y ley les corresponden.
Tampoco parece encajar este plan con lo que podría ser una gestión adecuada del posconflicto, en la cual las Fuerzas Armadas y la Policía tienen preparadas nuevas tareas estratégicas, luego del buen ejemplo de acatamiento a la autoridad civil que han dado en las negociaciones de paz.
Involucrar a los militares en la gestión de políticas de desarrollo y coordinación de programas públicos es algo que, por ejemplo, lleva haciendo años Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien hay que usar la imaginación para lograr la paz, como pide el gobernador Pérez, eso no debe dar pie a tomar las ocurrencias como proyectos plausibles de gobierno