Universidades públicas, al borde de la quiebra.
Según el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, la educación superior pública tiene un vacío financiero de 800.000 millones de pesos.
Vienen meses difíciles para las universidades públicas. Según el rector de la Universidad de Antioquia, Mauricio Alviar, el déficit acumulado de las 32 instituciones estatales de educación superior asciende a 800.000 millones de pesos. En los cálculos del representante a la Cámara Carlos Guevara, el déficit financiero puede alcanzar los 950.000 millones de pesos.
El rector de la Universidad de Antioquia emitió un comunicado al respecto. Una de las causas del problema que señaló es estructural: “las universidades públicas colombianas reciben un incremento anual en las transferencias de la Nación equivalente al IPC (Índice de Precios al Consumidor), sin embargo, sus gastos están por lo menos cuatro puntos por encima del IPC”.
Los 800.000 millones de pesos que suma el déficit son el resultado de una situación que, según Alviar, se agravó en 2005, cuando los gastos superaron el IPC. Desde entonces, el matemático José Fernando Isaza advirtió que las universidades públicas serían insostenibles si crecían al ritmo de la inflación. Según sus cálculos, el aporte del Estado por estudiante se ha reducido en un 40 %.
El Ministerio de Educación se ha defendido en las últimas semanas señalando que los recursos para 2017 representan el 29 % del presupuesto general de la Nación. En total son 33,5 billones de pesos, 2 billones de pesos más que en 2016.
Lo que más le preocupa al rector de la U. de Antioquia es que si no se enfrenta el déficit “se hará insostenible el funcionamiento de las instituciones”. Esto implicaría el “cierre de programas” y una detención en “los planes de expansión en cobertura”. También quedarían en el olvido los proyectos de infraestructura para las instituciones.
Posibles soluciones
El rector de la U. de A. hizo tres recomendaciones para hacerle frente a la crisis: ajustar la Ley 30 de 1992 (que establece el crecimiento según el IPC), buscar un aumento en el presupuesto de la Nación y lograr que se destine un punto del aumento del IVA para la educación pública, con lo que se conseguirían al menos 300 mil millones de pesos al año.
Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, previó en 2007 lo que sucedería si no se modificaba la Ley 30: “Alcanzamos a calcular que el IPC se cruzaría con los presupuestos en 2013, luego se presentaría un déficit. Ahora hay que ver los impac- tos, pues pueden disminuir los gastos en funcionamiento e investigación”.
Para Mauricio Reyes, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional, el Ministerio debe organizar el presupuesto: “La exministra Gina Parody lo que hizo fue desviar los recursos en un programa de préstamos que se llama Ser Pilo Paga. En el fondo, este programa profundiza la brecha económica entre universidades públicas y privadas, pues la mayoría de estudiantes se van a las privadas”.
Si no se hace efectiva una reforma, Reyes asegura que se afectará la investigación: “en las universidades públicas recae la mayor parte de la investigación real del país. En ciencia y tecnología las universidades públicas son las que más han aportado”