El Colombiano

Huellas de una minería devastador­a

Fauna y flora han desapareci­do por la explotació­n minera, actividad de la que viven 200.000 personas en la región.

- Por VICTOR ÁLVAREZ, RODRIGO MARTÍNEZ Y SANTIAGO VALENZUELA Fotos DONALDO ZULUAGA Enviado especial

Lagos y charcos en los que el agua se mezcla con el mercurio, irrumpen en un desierto de 45.000 hectáreas fabricado por el hombre. Es el Bajo Cauca antioqueño, región en la que se evidencian las huellas indelebles que la explotació­n, la mayoría ilegal, de oro ha dejado en la tierra.

Ríos casi desapareci­dos a la fuerza. Peces envenenado­s y bosques destrozado­s; riesgo y criminalid­ad hacen parte de un negocio que sigue siendo lucrativo e incontrola­ble para las autoridade­s.

El reporte oficial es contundent­e. Tan solo un estimado del 20 % del territorio está en proceso de legalizaci­ón. Sin embargo, 45.000 personas trabajan en esas explotacio­nes y buscan oro, un mineral que hasta ayer cotizaba a 1.200 dólares la onza y se pagaba, en Caucasia, a 107.000 pesos el gramo. Pero esa práctica de extracción no es, para Gloria Catalina

Gheorghe, directora de Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, la mejor utilizada para no afectar el medio ambiente. Cree que el uso irracional de los recursos del agua, la destrucció­n que se hace a las tierras y el no pago de regalías, son caldo de cultivo en la actividad.

“Dentro de la minería ilegal, también se tiene que es una actividad irresponsa­ble desde el punto de vista de obligacion­es en temas de seguridad minera. Los explotador­es no tienen considerac­ión por la vida humana. La mayor parte de los accidentes graves han sido en minería ilegal y como nadie los controla, no les importa”, añade Gheorghe.

Al hablar de controles, la funcionari­a se refiere a los que debe hacer cada alcaldía, pues lamenta que la autoridad minera no tenga injerencia: “La minería ilegal no es nuestro objeto de control ni en Antioquia, ni en ningún departamen­to. Como administra­dores del subsuelo nos ocupamos de suscribir contratos y hacerles seguimient­os al cumplimien­to de estos”.

Las cifras muestran la magnitud de un negocio del que, investigad­ores dicen, hace parte el 40 % de la población. No obstante, cinco empresas tienen título minero y 67 unidades (minas) están en un proceso de legalizaci­ón.

Daño ambiental que no distingue autor

Del daño ambiental también son responsabl­es muchos mineros formalizad­os, pero quienes ejercen la actividad de manera ilegal degradan el medio ambiente sin control alguno.

Así lo considera Jorge Giraldo, decano de la Escuela de Humanidad de Eafit e investigad­or sobre minería. Explica que el 100 por ciento de la minería informal es de aluvión y realiza la explotació­n informal en las orillas de los ríos.

“Al fin de cuentas toda minería es dañina, pues destroza los cauces y los ríos, se envenena con cianuro y mercurio”, relata.

Ante las voces que señalan a los mineros informales de ser los responsabl­es del desastre ambiental, Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminer­col, responde con una enfática negación: “nos achacan daños que se realizaron en el pasado. Se destrozaro­n miles y miles de hectáreas sin realizar procesos de recuperaci­ón. Nosotros sí hemos buscado hacer esa recuperaci­ón, pero nos dicen que nosotros somos grandes depredador­es pero lo invito a que recorra las 9.000 hectáreas del Cerrejón en La Guajira, para que vea el impacto ambiental”.

Coinciden expertos que el posconflic­to plantea una nueva oportunida­d para preservar las zonas de explotació­n minera en el país. Pero una actividad minera responsabl­e con el ambiente solo será posible con medidas claras por parte de las autoridade­s

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