Tributaria, a mitad de camino
El texto de la reforma tributaria aprobado por el Congreso responde, limitadamente, a las expectativas y las necesidades que en esta materia tiene el país. El Gobierno tiene el reto de hacer un gasto eficaz y eficiente.
Pocas veces, como ocurrió en esta oportunidad, se había llegado a plantear, de manera generalizada, como un requerimiento para la buena marcha de la economía, la necesidad apremiante de poner en marcha una reforma tributaria estructural que le diera un vuelco completo al sistema tributario.
De igual manera, en contadas ocasiones la base para dicha reforma la ha constituido un estudio realizado por un grupo de expertos que, a su vez, fue convocado mediante una Ley del Congreso de la República.
Pero las cosas no paran allí, pues la necesidad de hacer efectiva la reforma se volvió aún más urgente con la reducción de los recursos del Estado por cuenta de la caída del precio del petróleo y por el riesgo latente de que, por el mayor déficit fiscal derivado de la contracción de los recursos públicos, las calificadoras internacionales rebajaran la nota de la deuda soberana.
Frente a estos antecedentes, la opinión pública y diversos sectores esperaban que, por fin, el Gobierno y el Congreso tomaran el toro por los cachos y que las limitaciones y las carencias del sistema tri- butario que identificó la Comisión de expertos serían superadas en beneficio del desarrollo del país.
Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Legislativo estuvieron a la altura de las circunstancias.
Aunque la propuesta de reforma tributaria del Gobierno recogió, en buena parte, las recomendaciones de la Comisión, en puntos estratégicos se separó de las mismas o las dejó por fuera. De esta forma, aunque la propuesta sí mantenía su carácter de estructural, su alcance era limitado y, por ende, la magnitud del recaudo era inferior al que estimaron los expertos.
Pero fue en el Congreso en donde la reforma dejó de ser, en buena parte, de corte estructural, se limitó aún más su alcance, no se avanzó en la solución de algunos de los pro- blemas más agudos del sistema tributario y el recaudo resultante es menor al esperado.
En dicho recinto los intereses de diverso orden prevalecieron sobre el bien general y evitaron que se pudiera contar, como en su momento lo propuso la Comisión de expertos, con una reforma tributaria que garantizara “una mayor equidad de la política fiscal en lo relativo a los impues- tos y una mayor simplicidad y eficiencia tributaria que permitan avanzar en materia de inversión, empleo, crecimiento y competitividad”.
De esta forma, como lo han señalado diversos especialistas, dentro de poco el país se va a ver en la necesidad de poner en marcha una nueva reforma que asegure mayores recursos y avance en los asuntos que, por razones políticas o por la resistencia de ciertos sectores económicos, no se abordaron en esta ocasión.
A pesar de las evidentes falencias, es justo reconocer que en el texto de la reforma hay logros de gran importancia.
Entre ellos sobresale el control a la evasión mediante la pena privativa de la libertad a los infractores, además de la obligación que estos tienen de cancelar una multa equivalente al doble de la afectación producida al erario público.
Otros avances son el monotributo para los pequeños comerciantes, el impuesto a los dividendos y la fiscalización más estricta de la Dian a las entidades sin ánimo de lucro.
Dado lo limitado del monto del recaudo proveniente de la reforma aprobada, el Gobierno tiene el gran reto de asegurar el uso eficiente y eficaz del gasto público