El reto de la restitución de tierras está en Antioquia
Durante 2016 Colombia tramitó 15.000 solicitudes de restitución y abrió nuevas sedes para atender a reclamantes en el sur del país.
En los cinco años y medio que lleva de vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se han presentado 99.175 solicitudes de restitución, que corresponden a 86.672 predios, de ellas 4.675 han sido resueltas por jueces.
Este año la Unidad de Restitución de Tierras logró la “velocidad de crucero”, es decir llegó al tope máximo de operación y logró el equilibrio en la solución de las principales dificultades, según dijo su director Ricardo Sabogal, en diálogo con EL COLOMBIANO.
¿Cuáles fueron los principales logros de la Unidad de Restitución de Tierras?
“El 2016 fue un gran año para la Unidad, ya tiene madurez fruto de ese trabajo que se ha hecho en cinco años. Es muy posible que finalicemos tramitando 15.000 casos. La entidad en este momento va a una velocidad de crucero. Procesamos casi siempre el mismo número de casos y esperamos continuar en ese empuje en lo que nos resta de vigencia de la norma, que es hasta el 2021”.
¿Qué falta por restituir en estos cuatro años y medio?
“Antioquia sigue siendo el reto de la restitución. Tiene unas zonas muy complejas en el Urabá y el Bajo Cauca es una región que está mejorando. Entrar a esa zona es muy bueno, ver que la gente ya está más tranquila y lo que vamos a hacer en el 2017 va a ser una estrategia diferenciada para este departamento. Fortaleceremos los equipos, vamos a trabajar más de cerca con el sector Defensa para mejorar los resultados y decir que en poco tiempo, ojalá, en Antioquia esto sea tema del pasado. El acuerdo de paz nos da esperanza pues aquí hay muchas zonas que han sido afectadas por las Farc. Este hecho nos va a ayudar a resolver muchos reclamos”.
Es de suponer que con este acuerdo con las Farc se va a poder resolver parte de la restitución en el sur del país...
“Sí, yo creo que de las cosas importantes en el acuerdo es la tranquilidad que va a ofrecer en el campo y eso va a provocar que mucha gente vuelva a la tierra, que haya mucha restitución espontánea. Esperamos que la gente pueda retornar y el apoyo va a agilizar el proceso”.
¿Pero también va a ampliar el panorama de la cantidad de víctimas que iban a atender con relación a la que planeaban hace cinco años?
“Es muy posible que en el sur del país aún falten reclamos por recibir, pero el solo hecho de que ya no tengamos a las Farc allí merodeando o intimidando nos facilita la vida, nos da tranquilidad para que la gente pueda volver. Las demandas en seguridad, que son tan altas en esas zonas, van a mermar. Ya no vamos a tener la necesidad de tanto acompañamiento militar y policial sino que seguramente se van a bajar los esquemas y eso hará más rápida la restitución”.
Ustedes vienen de una experiencia muy grande de restituir a víctimas de paramilitares y de guerrillas, ¿cómo ha sido esto de incorporar a las víctimas de las bandas criminales?
“Del paramilitarismo lo hemos hecho más en el norte del país, también hemos tenido con guerrilla en el sur, y en Antioquia, especialmente el Bajo Cauca, con bacrim. El ejercicio es idéntico al de una víctima de la guerrilla o del paramilitarismo. Normalmente son personas que las sacan de las zonas porque necesitan corredores de movilidad o por otro tipo de intereses y lo que hacemos es volver, acompañarlas con Policía y Ejército y se le apoya con proyectos productivos”.
Parece que ni a la misma Corte Constitucional le ha quedado muy clara la diferencia entre lo que hace la URT y la Agencia Nacional de Tierras, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que ha ocurrido en ese tire y afloje?
“Es una reacción normal ante una nueva institucionalidad. En la medida en que la gente todavía no conoce cuáles son los roles de cada una, pero a nivel institucional lo tenemos muy claro. Nosotros atendemos desplazados y despojo por grupos armados. La Agencia Nacional de Tierras se ocupa de títulos de propiedad a los campesinos a los que no los tienen. Además está el acceso a tierra, el tema étnico, las comunidades indígenas, las comunidades negras, la formalización de sus derechos. Nosotros somos temporales, solamente vamos durante 10 años y ya llevamos 5. Lo que hicimos en el Magdalena Medio fue acompañar a la Agencia a cumplir con la orden de la Corte Constitucional porque el proceso restitutivo está hecho para eso”.
¿Cómo va la problemática de los falsos reclamantes?
“La Unidad viene haciendo seguimiento a los procesos, estudiando los casos. Cuando encontramos que hay personas avivatas los llevamos a la Fiscalía y allá hay un equipo dedicado a eso y se han dado capturas, y van a continuar. Esta ley es para las víctimas de verdad, las que sufrieron el despojo. Cuando
encontremos avivatos habrá consecuencias”.
En las comunidades hay incomodidad entre las familias que se quedaron, resistieron el rigor del conflicto y luego llegan las que sí se desplazaron y son atendidas por la Unidad ¿Qué hará el Estado con esta situación?
“Esa es una reacción normal de los campesinos y tienen todo el derecho a hacerlo porque definitivamente ahí nos toca fortalecernos. No importa que la Unidad atienda al campesino desplazado o despojado, sino que tiene que haber un apoyo a la comunidad que está en la zona, pues se podría decir que se victimizó el territorio. El hecho de que no sea víctima de desplazamiento no significa que no fue afectado. Seguramente no será la Unidad de Restitución la que actúe sino la Agencia de Desarrollo Rural o el DPS. Tenemos que atender a esos campesinos, ahí los departamentos y municipios pueden ayudar”