Preocupan facultades para vender lo público

Participé del proyecto Unidos hacemos más por Itagüí y me retiré porque veo que tanto el exalcalde Carlos Andrés

Trujillo, como el actual alcalde León Mario Be

doya cambiaron todo lo que nos propusimos en el 2011: bajar el predial, parar la privatización de los bienes públicos, legalizar a los venteros, mejorar la seguridad y la infraestructura. Mi balance es negativo, porque a pesar de que el municipio tiene 10 años de plazo para pagar 230.000 millones de pesos, el concejo facultó contratar aún más endeudamiento, lo que para mí es un error que inclusive deja dudas de que estén bien calculados los indicadores de ley. Ha continuado una política de privatización del patrimonio público. En el presupuesto que se aprobó al exalcalde Trujillo para el año pasado y en el que el alcalde Bedoya presentó este año al concejo, aparece un artículo que faculta al alcalde para desafectar y enajenar cualquier bien inmueble del municipio. ¿Cuál es el fin? Tapar los huecos fiscales que dejó su socio político. A merced del cemento están acabando con el medio ambiente. Se presentó un proyecto de acuerdo para aumentar el impuesto predial del sector industrial y comercial y de los lotes urbanizables que aún no estén urbanizados. Con eso corremos el riesgo que se sigan yendo las empresas, que se aburran porque los costos operativos son muy altos. En materia de movilidad, Itagüí tiene hoy tasas más altas de accidentalidad que Medellín, teniendo en cuenta la proporción de habitantes. Y sin embargo los conductores andan aterrorizados por un carro fantasma que está tomándoles fotomultas cuando se parquean un momento frente a su casa o si están frente a un negocio. Y lo que más preocupa es el bajo nivel de participación, la capacidad de entender y discernir por parte de la ciudadanía. Hay algunos ciudadanos muy críticos pero no participan.