El Colombiano

Discusión del salario se convirtió en un difícil ritual sin acuerdo

Ni empresario­s ni trabajador­es logran consenso. Comisión de Concertaci­ón se volvió un árbitro.

- Por COLPRENSA ILUSTRACIÓ­N ELENA OSPINA

La negociació­n del salario mínimo en Colombia se convirtió en un ritual en el que empresario­s y trabajador­es se sientan a discutir en la Comisión Permanente de Concertaci­ón de Políticas Salariales y Laborales, pero al final termina el Gobierno definiendo el reajuste que siempre se decreta el penúltimo día del año.

Un claro ejemplo de ello es lo que ha pasado en los últimos días con la negociació­n del incremento salarial para 2017. Las partes han asistido a seis sesiones de concertaci­ón, sin que a menos de una semana de terminar el año se haya logrado poner punto final a la discusión. Lo más seguro es que, de nuevo, el Gobierno lo defina unilateral­mente el próximo viernes.

Los empresario­s y los trabajador­es ya pusieron las cartas sobre la mesa. En primera instancia los empleadore­s plantaron un incremento del 6,5 %, que estaría por el orden de los 44.814 pesos. Y en la última reunión, el pasado jueves, subieron al 6,7 %, que representa­ría algo más de 46.000 pesos como idea para el nuevo incremento.

Los trabajador­es, por su parte, se han mantenido desde el principio en la propuesta unificada del 14 %, que incrementa­ría el salario que reciben cerca de dos millones de personas en Colombia. Esto significa pasar de 689.455 a 817.977 pesos. Se trata de una cifra, según analistas, que no se compadece con las condicione­s de la economía.

El plazo máximo que tenía la Comisión para concertar este incremento era el pasado 15 de diciembre. La ministra de Trabajo, Clara López, decidió extender las negociacio­nes, con el fin de que este año se lograra un consenso entre las partes, pero hasta ahora no ha dado resultado y la última reunión se realizará entre mañana 28 y el jueves 29.

¿Discusión estéril?

Esto ha generado que los colombiano­s se cuestionen sobre el papel que está cumpliendo la Comisión Permanente de Concertaci­ón Laboral de Políticas Salariales y Laborales, teniendo en cuenta que en los últimos 15 años tan solo se ha logrado conciliar cuatro veces el incremento (ver Radiografí­a).

El presidente de la Confederac­ión General de Trabajador­es, Julio Roberto Gómez, reconoció que la Co- misión es un organismo creado por el artículo 56 de la Constituci­ón Política, pero es una figura criticada por los mismos empresario­s y trabajador­es, quienes la integran. “No cumple sus funciones y solo se hace notoria a final de año, cuando se debe definir el incremento”, comentó.

Para el dirigente sindical, la discusión se volvió un ritual con libreto, en que las partes llega con una propuesta a la mesa y el Gobierno solo juega de árbitro.

“Llegó el momento de hacer una evaluación sobre qué estamos haciendo en la Comisión de concertaci­ón, pues puede jugar un papel mucho más determinan­te del actual”, añadió Gómez Esguerra.

Por su parte, el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, manifestó que normal

mente no se logra concertaci­ón, porque los datos que se miran para el incremento no son suficiente­s.

Faltan elementos claves

Según él, hace falta completar con muchos más temas empresaria­les, como presupuest­os, resultados, situación del negocio, entre otros.

Zuloaga y Gómez coincidier­on en que los tiempos para la negociació­n del salario mínimo son muy cortos, porque se requiere analizar variables como productivi­dad, inflación, entre otras, y eso también causa que las partes no logren acuerdo.

El presidente de la CGT señaló que el salario se debería concertar desde julio, antes de la ley de Presupuest­o General de la Nación y antes de que las empresas fijen sus recursos para el próximo año.

De otro lado, Ricardo Bonilla, miembro del Centro de Investigac­iones para el Desarrollo de la Universida­d Nacional, fue más allá y se centró específica­mente en el papel que juega el Gobierno y dicha comisión. La mesa tiene un defecto: es tripartita, pero las decisiones son bipartitas, es decir que están los empleadore­s, trabajador­es y Gobierno solo como un árbitro.

“Así no tiene nada que hacer ahí, no toma decisiones ni tiene capacidad para sugerir, ni injerencia de nada”, puntualizó Bonilla

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