LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS: ¿O SE REDUCEN O SE ACABAN?

En otras columnas he afirmado que el gobierno de Juan Manuel

Santos, exitoso en la política de paz, ha sido deficiente en lo relacionado con la educación superior, la cual ha sido desatendida en un aspecto fundamental, su financiamiento.

Las universidades públicas tienen, según un estudio hecho por la Universidad de Antioquia, un hueco presupuestal de 800.000 millones de pesos. Este hueco en el presupuesto es el efecto del impacto económico de diferentes leyes y decretos promulgados desde 1992 sobre materia prestacional y salarial que crearon nuevas obligaciones a las universidades, sin un aporte del Estado para su cumplimiento.

Para los rectores del Sistema Universitario Estatal, el problema financiero lo ha generado básicamente el Decreto 1279 de 2002, que estableció el régimen salarial en las universidades estatales. Según esta norma, los puntos por productividad académica tienen un efecto salarial, es decir, cada publicación o título académico reconocido formalmente, obtiene un puntaje que se traduce en salario.

De otro lado, la Ley 30 de 1992 congeló los aportes asignados por la Nación a las universidades, determinando que su presupuesto crezca anualmente al mismo ritmo del IPC. Sin embargo, sus gastos están por lo menos cuatro puntos por encima de este; esto ha hecho que de 2013 a 2015 haya aumentado el hueco presupuestal señalado. ¿Qué lo ha producido? ¿El incremento de la capacidad creativa de sus docentes o la decisión de los gobiernos de no fi- nanciar el aumento en el gasto?

Funcionarios estatales de alto nivel plantean una disyuntiva fatal, la inviabilidad de las instituciones de educación superior o su reducción. En el diagnóstico que hacen ellos se sugiere que el asunto tiene que ver con el aumento de la productividad de los profesores por el incremento de los salarios que ha desbordado el presupuesto de las universidades públicas. Aquí hay dificultades porque algunas universidades han otorgado puntos a publicaciones sin calidad y porque no hay límites en el sistema de puntos. Pero la conclusión a la que llegan es problemática porque la cuestión ha sido producida por el impacto económico de normas. Es el Estado el que ha fallado en cumplir sus compromisos con la educación pública, no son los docentes con sus publicaciones y doctorados, quienes tienen en riesgo la educación de unos 300.000 jóvenes.

Si el diagnóstico dice que los últimos gobiernos tienen una responsabilidad por el desfinanciamiento, debería exigirse una política de sostenibilidad financiera para la universidad pública. Pero si en el diagnóstico se insinúa que el problema está en el sistema para establecer los salarios, -el decreto 1279-, la solución proyectada está oculta en la frase “reducir el tamaño de las universidades públicas”. ¿Esto qué significa? ¿cambiar el sistema de puntos salariales? ¿Reducir el número de profesores? ¿Cerrar programas? Modernizar las universidades, adaptarlas a los imperativos de la OCDE, es la muletilla que usan. Pero el asunto no es solamente de gestión, es de asegurar las condiciones de la formación y la investigación para la universidad pública de una sociedad democrática que busca consolidar la paz *Director del Instituto de Filosofía U. de A.

Es el Estado el que ha fallado en cumplir sus compromisos con la educación pública, no son los docentes con sus publicaciones y doctorados.