Carrusel de carros se investiga en Fiscalía de Medellín
Dos funcionarios de alto nivel y algunos de sus subalternos son señalados de ‘desnaturalizar’ carros de la entidad, matricularlos y comercializarlos.
Un documento de 50 páginas revela las conclusiones de una investigación en la que se probaría la existencia de una red al interior de la seccional Medellín de la Fiscalía que comercializaría, en la calle, vehículos que habían sido autorizados por funcionarios de la entidad para ser chatarrizados, debido a que cumplieron su vida útil o tienen fallas mecánicas irreparables.
Aunque las pesquisas han sido adelantadas desde hace un año y medio, las pruebas recopiladas datan de un carrusel que operaría desde 2013 y en el que hay más de 700 vehículos relacionados y dos funcionarios de alto nivel, además de varios subalternos, involucrados.
La investigación se encuentra en una fase final de indagación y es adelantada por el Grupo Eje Temático para la Corrupción en la Administración de Justicia, encargado de la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios de la Fiscalía.
El informe sobre la investigación revela que los vehículos fueron reportados como chatarrizados o ‘ desnaturalizados’ por funcionarios de la Fiscalía a pesar de que no se les ha hecho la confirmación de ese estado en las respectivas secretarías de Tránsito y algunos están circulando por diferentes ciudades colombianas.
“(...) Los vehículos salieron chatarrizados, pero no se les ha hecho el consecuente levantamiento de chatarrización en las secretarías de Tránsito en que estaban matriculados. Algunos están en movimiento y a nombre de la Fiscalía o de la persona que los chatarrizó”, confirmó a este diario el fiscal encargado del caso.
El funcionario, que pidió reservar su nombre para no entorpecer la investigación que adelanta desde Bogotá, aseguró que la recolección del material probatorio entró en una fase final.
“Se han realizado inspecciones en secretarías de Tránsito, se ha indagado a algunas personas y comparado los diferentes testimonios”, apuntó.
Un carro por 800.000 pesos
La modalidad con la que se cometía el ilícito, según la investigación, comienza con el reporte que los funcionarios hacen de fallas irrecuperables en un vehículo que llegó a la Fis- calía incautado o que la entidad misma puso a disposición de servidores para el desarrollo de sus actividades. Otros fueron entregados por diferentes entidades nacionales.
El caso fue asumido e investigado, hasta mediados del año 2015, fecha en la que renunció a la Fiscalía, por el profesional de la entidad, Julián García, quien reportó a sus superiores los hechos recopilados y dijo “evidenciar diferentes inconsistencias e irregularidades, como la desnaturalización de vehículos a través de empresas que no están autorizadas por el Ministerio de Transporte, permutas de vehículos”. vehículos reportó la Fiscalía como chatarrizados entre 2012 y 2013.
“Decían (los funcionarios) que habían recibido el vehículo y supuestamente le hacían la desnaturalización. Luego, sacaban oficios falsos y los matriculaban en otra parte para darle una nueva vida jurídica. Adicional, una empresa que no está autorizada hacía, supuestamente, la chatarrización. Pero nunca se les canceló matrículas, y sí se siguió pagando impuestos; es decir, la Fiscalía continuó teniendo responsabilidades sobre los vehículos que siguieron circulando a nombre de la institución”, explicó.
García declaró que “los carros no solo eran desnaturalizados, sino que los sacaban a permuta, una figura que utiliza la Fiscalía, porque no pueden vender vehículos”. Añadió que “los incautados y los que se supone que no pueden estar en funcionamiento, los sacaban a subasta y como no pueden recibir dinero en contraprestación, reciben bienes”.
“Revisé cada una de las permutas y, por ejemplo, en una de ellas se sacaron más de 70 vehículos y de estos, la mayoría, eran gama media, gama alta, camiones y buses que si uno va a la realidad del valor del bien es una permuta que tuvo que haber salido por miles de millones de pesos (eran 70 vehículos) y salió por 103 millones 700 mil pesos, es decir, que cada carro habría costado alrededor de 800.000
pesos”, aseguró García.
El fiscal del caso descartó que los vehículos que hacen parte del carrusel hubiesen sido ‘gemeliados’ (duplican una placa), y aceptó que eran nuevamente matriculados en organismos de tránsito.
Investigan empresas
En el radar del grupo especial de investigadores, nombrados para recopilar la información y pruebas del carrusel de vehículos al interior de la Fiscalía, están algunas empresas y talleres de Medellín que se habrían prestado para cometer el ilícito.
Al respecto, García señaló haber descubierto que “ponían a firmar al dueño de un taller y este, que ni siquiera tiene los conocimientos para hacer contratación estatal, firmaba, pero las personas de la Fiscalía eran los que realmente pagaban y recibían los vehí-
culos, los arreglaban y luego los vendían a particulares”.
“Compraban un carro en 700.000 pesos y lo vendían hasta en 9 millones de pesos. Le robaban a la Fiscalía ese dinero que la institución debía percibir por el valor real del bien”, denunció García.
La actuación consciente o no dentro de la red de corrupción por parte de los establecimientos está siendo evaluada por los investigadores.
Una de las empresas mencionadas en el reporte de García, es una reconocida organización con sede en Bogotá y Medellín dedicada a la gestión integral de excedentes industriales y residuos peligrosos y que, según dijo el entonces investigador “chatarrizó varios de los vehículos, sin realmente hacerlo y ni siquiera tener licencia para desarrollar esa actividad”.
EL COLOMBIANO se comunicó con dicha empresa y estableció contacto con un directivo de esta, quien aseguró que actualmente no prestan servicios de chatarrización, pero sí los ofrecieron en el pasado.
“Se compraba material, como vehículos, para chatarrizar”, explicó el directivo. Al preguntarle si recibieron carros provenientes de la Fiscalía para chatarrizar, respondió: “esto hace parte de un tema comercial, pero en efecto se trabaja con entidades públicas y privadas”.
Agregó que hoy, a nivel del cumplimiento del decreto nacional, solo hay una o dos empresas de chatarrizaciones en el país que puedan cumplir. “Lo hicimos en su momento, hasta que cambió la ley en el año 2014”, dijo.
Otro de los relacionados en la investigación es un taller en
el norte de Medellín. García reportó que su propietario se presentaba como posible oferente para la subasta de los vehículos, y siempre la ganaba. “Él y otro oferente pagaban, les entregaban los vehículos, pero no se los traspasaban (cambio de titular de la matrícula) sino que seguía rodando”, anotó.
En su informe, García indicó que como los dueños de talleres no podían recibir dinero, por tratarse de un contrato con la Fiscalía, se compraba un bien, como un ascensor o un aire acondicionado y así se materializaba el pago que un particular hacía a la entidad por el carro oficial.
Para el fiscal líder de la investigación, este caso de carrusel de los vehículos tiene una sola víctima: la misma Fiscalía.
“Esto reviste un mal manejo y procedimiento erróneo de los funcionarios. Por eso se crea un grupo especial para investigar esas irregularidades, para investigar a esos funcionarios”, afirmó.
Amenazas al investigador
Luego de ser asignado a la oficina de Transportes, en enero de 2015, el entonces investigador de la Fiscalía, Julián García, afirmó haber encontrado más irregularidades.
“Encontré más información que incluso mostraba también anomalías en la contratación de mantenimiento de vehícu- los, donde se identificaron cotizaciones y reparaciones de los automotores, muy por encima de la media del mercado, incluso comparándolas con otras reparaciones iguales se evidenciaba el fraude (...)”, aseveró en su reporte oficial.
García, entre tanto, aseguró haber comenzado a recibir amenazas en la medida que iba reportando los hallazgos al interior de la Fiscalía.
“En mayo noté que en varias ocasiones era perseguido, todo lo que me iba sucediendo se puso en conocimiento del Fiscal. Me hicieron atentados, le hicieron tiros a mi casa, me quemaron mi carro. Recibí amenazas, me persiguieron. Todo está denunciado. Pedí traslado y me lo negaron”, confesó García.
EL COLOMBIANO buscó a quien, según García, era una de sus superiores mientras adelantaba la investigación, Adriana Gómez, coordinadora de Bienes, pero desde la entidad el personal encargado de prensa pidió tiempo para que la funcionaria conociera el caso.
Un día antes de renunciar, el 19 de junio de 2015, García denunció que cuatro hombres armados lo esperaban a la entrada de su casa y le dijeron que no siguiera investigando.
“Me trataron de vincular a protección de testigos, pero era con la Fiscalía, y dije que no. Pedí que fuera a través del Ministerio de Defensa. La Policía me ofreció protección. La Fiscalía lo hizo mucho después de denunciar”, enfatizó.
Evitar caer en el ilícito
Ante la situación descubierta, el fiscal a cargo de la investigación invitó a los ciudadanos que vayan a comprar un vehículo revisar con las autoridades competentes su legalidad.
“Al realizar una transacción deben asegurarse que el vehículo haya sido descargado totalmente en el tránsito correspondiente, como cuando usted me vende un carro a mí, que ya no figure a nombre suyo”, explicó.
El fiscal, además, aseguró que hasta el momento solo en Medellín se ha revelado la existencia de un presunto carrusel de vehículos al interior de la Fiscalía: “de pronto en otras ciudades pueda estar pasando lo mismo, pero la gente no denuncia”, acotó.
Entre los delitos que se les imputaría a los vinculados en el proceso están la celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y prevaricato