Los nubarrones que afectan el transporte de carga.
El sector que el año pasado realizó un paro de mes y medio, vuelve a reclamar compromiso del Gobierno.
El cierre de la autopista Medellín-Bogotá, cerca del túnel de Guarne, que ya casi ajusta dos semanas, el alza de 152 pesos por concepto del llamado impuesto verde al acpm que estableció la reforma tributaria y el inminente aumento de los precios de los peajes, son apenas tres de los aspectos que inquietan en el inicio de 2017 a Enrique Moya, dueño y conductor de un camión, quien augura que este tampoco será un buen año para el negocio.
Una apreciación similar expuso Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), cuyas inquietudes radican en los compromisos que todavía no cumple el Gobierno, tras el paro camionero del año anterior, que duró mes y medio.
Para el dirigente no hay avances en el proceso de saneamiento del parque automotor de carga, que tiene que ver con la salida de circulación de unos 50.000 camiones mal matriculados.
Además, García aseguró que tampoco se reconocen las tarifas que compensen los costos de los diferentes recorridos, situación derivada en parte de la sobreoferta vehicular que se observa. Esto se vuelve mucho más grave, dado el menor volumen de mercancías para movilizar por efecto de la menor dinámica del comercio internacional.
Algunas cifras que corroboran los señalamientos del dirigente las ofrece la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar). Según este gremio, entre enero y septiembre de 2016 la carga en el puerto de Buenaventura, que representa 37,4 % de la carga internacional del país, se redujo en 10,8 % frente al mismo período de 2015, no solo por efecto del paro.
En cuanto a la facturación, también se evidenció disminución de 1,32 %, al pasar de 10,61 billones de pesos en los nueve primeros meses de 2015 a 10,48 billones de pesos en igual lapso de 2016.
Colfecar agregó que la relación entre facturación y tonelaje se redujo del 2,02 %, evidenciando la depresión de los fletes, aspecto que afecta la competitividad del sector transportador.
También se observa que la relación flete-tonelada cada vez disminuye más. En el tercer trimestre de 2013, la ecuación era de 113.500 pesos por tonelada, y entre julio y septiembre de 2016 fue de 110.000 pesos por tonelada.
A su turno, Luis Orlando Ramírez, director Ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), señaló que el 2016 tuvo un cierre negativo para la actividad.
Menos optimismo
Su balance está sustentado en el alto grado de incumplimiento que el Gobierno tiene frente a compromisos asumidos con los transportadores en julio anterior, para levantar el paro.
“Un 53,9 % de incumplimiento, un 11,1 % en proceso, lo que representa que 65 % de las tareas no están hechas. La verdad, no vemos en el Gobierno un interés para adoptar medidas que solucionen la problemática del sector. Hay señalamientos en el sentido de que la economía del país colapsó por el paro, y eso no es verdad”, comentó.
Por su parte, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, citado por el diario Portafolio, indicó que el acuerdo que se logró con los camioneros tiene un avance del 87 %. Explicó que parte de los pendientes están asociados a la política de Trabajo Decente (responsabilidad del Ministerio de Trabajo), y reconoció que falta la expedición de un decreto sobre zonas de cargue y descargue.
Y es que justamente, el “Balance 2016 y perspectivas 2017” de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) mostró al paro camionero como uno de los grandes costos en los que incurrió el país el año anterior.
Según el documento, la industria percibió el efecto negativo de esa parálisis. “Esto desfavoreció a los empresarios por la ausencia de camiones, materias primas e hizo difícil la comercialización del producto terminado”.
Acerca del arranque de este 2017, Ramírez, al igual que Moya, manifestó que la situación no es auspiciosa. “El año llegó con una reforma tributaria que en materia de combustibles es nefasta, al establecer los llamados impuestos verdes, situación que
solo redundará en un mayor costo de los combustibles”.
La ATC coincidió con la CCT en que otro de los puntos incumplidos por el Gobierno, está asociado a la permanencia del mecanismo de renovación vehicular conocido como el uno a uno.
Según las asociaciones de transportadores, el Decreto 1517, expedido en octubre del año pasado, abre el mercado de vehículos de carga a partir del 31 de diciembre de 2018.
“El uno a uno garantiza la estabilidad del sector del transportador tradicional en Colombia, y esa norma no la vamos a aceptar por ningún motivo”, sentenció el director de la ATC (ver Dicen de...).
Conocido el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación del 2016 de 5,75 %, los transportadores también esperan que a más tardar el próximo 16 de enero todas las casetas de cobro exhiban los valores que regirán este año, bien sea de carreteras a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de las concesiones .
Ramírez cuestionó la decisión adoptada por el Gobierno desde el año pasado, de trasladar la administración de los peajes del Invías a la ANI. “Cuando las casetas están a cargo del Invías, el ajuste de los peajes solo puede subir en el porcentaje del IPC, pero al pasar a la ANI, estos suben hasta un 250 %, con el argumento de que esto lo permite la Ley de Alianzas Público-Privadas” (ver Informe).
Vale la pena mencionar que entre enero y noviembre del año pasado el Índice de Costos de Transporte de Carga por Carretera, elaborado por el Dane, mostró una variación de 1,97 %, impulsado por el aumento en el valor de los repuestos servicios de mantenimiento y reparación (3,33 %), insumos (3,22 %) y costos fijos y peajes (3,11 %).
Lo bueno, lo malo y lo feo
Clarita María García Rúa, directora de la Asociación para el Fomento y Distribución de
“No podemos asumir los costos inclementes con los que arrancó 2017, percibiendo fletes de hace 10 años”. ORLANDO RAMÍREZ Director de ATC.
“El 2017 no pinta nada bien; los volúmenes de mercancías están cayendo ostensiblemente”. JORGE GARCÍA Presidente de la CCT. “La implementación de la vida útil de los camiones no puede ser a rajatabla, debe fijarse un régimen de transición”. CLARITA MARÍA GARCÍA Directora de Defencarga.
Carga (Defencarga) presentó un balance agridulce de la actividad transportadora.
“Lo bueno tiene que ver con la construcción de la vías 4G, pues ya muchas darán inicio formal a su construcción y eso nos impactará favorablemente por el aumento de la movilización de las mercancías y por la mejora en la infraestructura del país”, dijo (ver Análisis).
En la parte negativa, García está en línea con lo que plantean Moya y las asociaciones de transportadores: los mayores costos. “Estamos asimilando el impuesto verde, que acaba de imponer la reforma tributaria a los combustibles. Aunque estamos de acuerdo con ese tipo de medidas, pero eso obviamente nos golpea el bolsillo”.
Otra de las consideraciones de esta dirigente, es que ojalá este año el país no vaya a tener un paro como el del año anterior, que impactó tanto al sector transportador como a toda la economía colombiana.
Para Defencarga, una de las tareas que debe acometer este año el Ministerio de Transpor- te tiene que ver con la implementación de la vida útil de los vehículos, factor que mejoraría los costos de operación.
Otra acción que debe emprender el Gobierno, y que espera García que avance, es que haya un encadenamiento de los diversos eslabones del transporte, para que haya unas mejores prácticas logísticas (ver Textualmente).
De parte de los transportadores, Defencarga confía en una mayor productividad, reflejada en costos estables, mejores tiempos de operación e impacto mínimo al medio ambiente.
Frente a tantos retos, Moya cuestiona: “¿Será posible sostener un negocio y seguir viviendo de este, cuando son tantas las variables que lo rigen y uno solo controla la cabrilla?