“Hay casos que hacen ruido pero la paz se fundamentará, entre otros, en el desarme, la protección a los desmovilizados, a la ciudadanía y, sobre todo, en la forma de actuar de la jurisdicción de paz”.
Hay casos que hacen ruido pero la paz se fundamentará, entre otros, en el desarme, la protección a los desmovilizados, a la ciudadanía y, sobre todo, en la forma de actuar de la jurisdicción de paz.
Quienes atendieron solo las proclamas del Gobierno durante las negociaciones de paz con las Farc, pudieron llegar a creer que una vez firmados los acuerdos finales (el primero y el segundo) se coronaba la gran meta y los cambios iniciarían a rodar con piloto automático.
Los más realistas, sin ser en ningún momento “enemigos de la paz”, preferían la cautela prevalida de un mejor conocimiento de lo que es el Estado colombiano, de lo que pueden dar de sí las instituciones oficiales, y de lo que es la propia guerrilla y sus modos de actuar tras décadas sujetos a otros patrones de conducta y muy distintos tipos de normas.
Ya hay un Acuerdo Final firmado, ratificado por vía expedita en el Congreso invocando la “representación popular” y apoyado por la comunidad internacional. Alcanzada esa meta se abre la implementación y cumplimiento de lo allí establecido, un largo proceso plagado de escollos donde la destreza negociadora ya no es tan protagonista como la capacidad estatal de dar respuesta a las innumerables demandas de la guerrilla, su tropa y sus comandantes. Porque las obligaciones re- caen de forma principal en el Estado, incluyendo todas sus ramas y todas sus representaciones territoriales.
El traslado de los miembros de la guerrilla a las zonas definidas en corregimientos y veredas, varias de ellas en Antioquia, tiene todas las dificultades propias de mover a gran número de personas que todavía portan armas, así no las usen, para permanecer varias semanas apostados en esos sitios con supervisión de la ONU y garantes extranjeros junto con miembros de la Fuerza Pública. Para quienes están en tránsito de desmovilización es un cambio abrupto de modo de vida, acostumbrados como estaban a moverse e imponer su voluntad atendiendo solo a sus propias normas.
En las últimas semanas de 2016 el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, hizo públicas una serie de denuncias sobre desórdenes y eventuales incumplimientos por parte de guerrilleros de las Farc a los protocolos definidos en el Acuerdo Final. Creemos que está bien que las autoridades regionales ejerzan funciones de vigilancia y control, y que se ciñan a las leyes que los obligan, protectoras a su vez de los ciudadanos. Hay que propugnar, sí, que las denuncias estén plenamente sustentadas, porque de lo que se trata es de evitar desmanes y afectaciones a las poblaciones, y no de entorpecer un proceso ya de por sí complejo.
Los primeros meses tendrán problemas, malentendidos, deserciones, molestias. El caso de los observadores de la ONU y su confraternización inoportuna en Conejo (La Guajira), o los policías en el Cauca en similar situación, o los uniformados fotografiándose con guerrilleros y portando sus fusiles ( los de las Farc) son comportamientos que hay que prevenir, atajar y sancionar si es del caso, pero no erigirlos en causal suficiente para echar por tierra la implementación de los acuerdos y el proceso de desmovilización.
Entre otras cosas, porque estos casos generan ruido pero al final no son tan esenciales para medir el avance del posconflicto. Lo verdaderamente relevante vendrá en unos meses, cuando se verifique el desarme y se ponga a funcionar la Jurisdicción Especial de Paz. Con esta última se sabrá en realidad cuál va a ser la paz posible que el país podrá construir