El Colombiano

Hacinados al 200 %

Una precaria atención médica y la falta de personal de custodia del Inpec también son factores que agravan la crisis carcelaria. ¿Cuáles son la soluciones?

- Por MARTHA ARIAS SANDOVAL Y RODRIGO MARTÍNEZ ARANGO

El hacinamien­to en cárceles antioqueña­s ha desbordado todos los cálculos, mientras los esfuerzos de descongest­ión se han quedado cortos. Bellavista, construida para 2.224 personas, registró 5.872 internos al cierre de 2016. La Paz, en Itagüí, construida para 328 presos, tenía 1.171. Analistas ven poco útil construir más y se la juegan por mecanismos alternativ­os de prisión.

Con un hacinamien­to que supera hasta el 200 por ciento, precarias condicione­s de salud y hasta “pico y placa” para poder dormir, terminó 2016 e inició 2017 en las principale­s cárceles de Antioquia.

Jorge Carmona, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, encargado de velar por los presos, manifestó que es tan caótica la situación que en las cárceles de Bellavista, La Paz de Itagüí y El Pedregal los mismos reos establecie­ron un régimen de horarios para poder dormir.

El hacinamien­to en las cárceles es un problema que viene desde hace muchos años y la Corte Constituci­onal expidió la sentencia T153 de 1998 en la cual se pronunció ante las violacione­s constituci­onales de los internos y ha pasado el tiempo sin que exista una solución de fondo, advirtió Carmona.

Incluso, a 31 de diciembre pasado, 21 estaciones de Policía en el Valle de Aburrá estaban hacinadas con más de 500 personas y algunas con personas con más de tres meses en calabozos donde no se pueden ni mover.

“Una persona ingresa a un centro penitencia­rio para pagar un error porque cometió un delito, pero el Estado no puede pretender que se resocialic­e en condicione­s indignas. Hoy las cárceles tienen unos hacinamien­tos que en algunos superan el 400 por ciento”, remarcó el defensor de derechos humanos.

Si 2016 terminó siendo un año caótico por el hacinamien­to y 2017 no pinta mejor.

La Mesa de Derechos Humanos del Aburrá señaló que también se le suma “la indiferenc­ia, el silencio administra­tivo del Inpec, de la Alcaldía, de la Unidad de Servicios Penitencia­rio, donde los trabajador­es carcelario­s tienen los derechos vulnerados con unas jornadas de 24 por 24 y laboran un promedio de 96 horas semanales, muchos más que lo que establece la ley laboral”.

Estas son 4 claves para entender el problema carcelario.

1 LA CRÍTICA REALIDAD DEL HACINAMIEN­TO

Bellavista, construida para 2.224 personas, tenía el 28 de diciembre pasado 5.872 internos; el Pedregal, con capacidad para 1.150, registraba al finalizar el año 2.232 presos y la de La Paz, de Itagüí, la tercera más hacinada de Colombia, hecha para presos de Justicia y Paz, hoy tiene condenados y sindicados. Fue construida para 328 presos y terminó 2016 con 1.171. Por ejemplo, el pabellón 4 que es para 50 personas tiene 400.

El personero de Medellín, Guillermo Durán, expresó que la situación es muy difícil porque las cárceles de Bellavista, El Pedregal y la Paz de Itagüí tuvieron hacinamien­tos que superaban el cien por ciento, pero luego por cumplimien­tos de órdenes de la Corte Constituci­onal de desalojar algunos pabellones de Bellavista que amenazan ruina, también se llenaron de detenidos los calabozos de las estaciones de Policía del Valle de Aburrá.

Asegura que la administra­ción municipal de Medellín ha querido intervenir en la solución de este problema y aunque logren descongest­ionar algunos establecim­ientos y estaciones de policía, en cuestión de horas vuelven a quedar colapsados.

Pero este problema, señaló, no solo tiene que ver con las alcaldías, también con la Gobernació­n y la Nación y se han presentado algunos proyectos al Ministerio de Justicia y este pretende hacer un piloto en Medellín con una nueva modalidad de construcci­ón de pabellones con materiales distintos al concreto que lleven a que los presos tengan los mínimos derechos y se les cumplan los servicios de salud que es obligación del Estado.

“El hacinamien­to ha desbordado todos los cálculos, la situación de los internos es infrahuman­a y aunque se buscan soluciones por parte de la administra­ción terminan siendo insuficien­tes. También tuvimos paros del personal del Inpec que no recibieron internos en algunas cárceles porque realmente a los establecim­ientos no les cabía un preso más”, dijo Durán.

El director encargado de la Regional del Inpec, Antioquia y Chocó, Pablo Yamid Ramírez, dijo que tienen unos niveles muy altos de hacinamien­to, pero vienen tramitando ante los jueces de ejecución de penas para que agilicen los subrogados penales como el sustituto de medidas intramural­es por prisión domiciliar­ia, acompañado­s por mecanismos de la vigilancia electrónic­a en algunos casos.

“Si bien tenemos unos índices preocupant­es de hacinamien­to en los penales, los asesores jurídicos y las directivas estamos trabajando duro para disminuir la congestión en los establecim­ientos y permitir el ingreso de las personas detenidas en las estaciones de Policía y de todos los que son capturados a diario”, aseguró el directivo del Inpec.

La Regional tiene en Antioquia 19 cárceles y dos en Chocó, Quibdó e Istmina, para un total de 21. En total había a diciembre 28 de 2016 un total 15.240 internos, de ellos 14.598 en las cárceles antioqueña­s.

La cárcel más hacinada sigue siendo la de Andes con más de 200 por ciento (ver recuadro), seguida de El Reposo, en Apartadó, y la de Itagüí, con 80 % de hacinamien­to.

Según el Inpec, otro aspecto con el que se está enfrentand­o este hacinamien­to es con la resocializ­ación y redención de pena con actividade­s como las laborales y educativas, pero críticos del sistema carcelario que pocos son los internos que se resocializ­an.

2 DILEMA DE LOS SINDICADOS Y LA VIGILANCIA

Los sindicados o imputados le correspond­en al municipio y la cárceles que se han construido no han contribuid­o a lo que ordena la ley que dice que los imputados le correspond­en a la alcaldía, pero la ley le autoriza a que haga convenios con el Inpec y con un pago se los pueda sostener.

Además, las estaciones de Policía están llenas de sindicados y por orden constituci­o-

“Hay que terminar el Inpec. La situación es tan compleja que cualquier cosa es mejor”. CARLOS CONTRERAS Dir. Corporació­n Construyen­do Nuevos y Mejores Caminos.

nal solo pueden albergar a una persona por 36 horas y eso mientras que le buscan un lugar para pleno goce de sus derechos y estos sitios no están acondicion­ados para tener por largo tiempo a un detenido y en un calabozo solo caben 10 o 15 en muchos casos les meten hasta 60 personas.

Para Jorge Carmona, de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, “la Alcaldía de Medellín debería de estar pensando qué hacer con los sindicados que por el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 las administra­ciones municipale­s son las encargadas de esas personas y debe pensar qué hacer con los 1.820 sindicados que hay en un penal para condenados como Bellavista”.

En El Pedregal hay numerosos internos en los dos sitios de paso donde prácticame­nte los detenidos están uno sobre otro, por lo que el estado y el Congreso tiene que solucionar estos problemas para que conlleve a una resocializ­ación no a un castigo para quienes incumplier­on con la ley penal.

A esto se suma el problema de la vigilancia. En Bellavista hay solo 40 unidades de guardia para vigilar a los 5.872 internos. Pero en esta cadena de vulnerados también está la Policía Nacional que es para vigilar y capturar no para vigilar y custodiar y hoy esta crisis los tiene de guardianes porque los calabozos de las estaciones se convirtier­on en cárceles al haber personas con más de tres meses en ellos.

3 UNA DEFICIENTE ATENCIÓN EN SALUD

Otra situación que viven los internos es el deficiente servicio de salud por la no existencia de insumos para atender a los enfermos y en especial aquellos que tienen patologías catastrófi­cas, según el Personero de Medellín.

La Mesa de Derecho Humanos del Valle de Aburrá recalcó que, para acabar de ajustar, “terminamos el 2016 con una recolecció­n de medicament­os por parte de la subsecreta­ría de Derechos Humanos de la Alcaldía para los presos cuando esa no es su función”. Según expertos, por la corrupción, no hay voluntad ni protocolos para atender las enfermedad­es de los reos: una gripa puede convertirs­e en tuberculos­is.

4 ¿Y CUÁLES SON LAS POSIBLES ALTERNATIV­AS?

Para 2017 es necesario que se busquen soluciones y alternativ­as, pero a juicio del Personero de Medellín nadie puede decir que es la construcci­ón de más cárceles, porque trabajando a toda máquina las obras de un solo penal demoran hasta tres años y es imposible que la solución se traslade a esos tres años.

Desde su punto de vista, el Congreso debe mirar la situación que se presenta en todas las cárceles del país y se tomen medidas legislativ­as tendientes a la descongest­ión mientras que se encuentra otra solución.

“En Colombia, la ciudadanía solo ve como respuesta de justicia, la privación de la libertad, entonces en ese orden de ideas hay que buscar otros mecanismos alternativ­os como la prisión domiciliar­ia u otras medidas alternativ­as que permitan resocializ­ar al preso y que a futuro no exista repetición de hechos que lo llevaron a ser condenado”

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FOTO RÓBINSON SÁENZ
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El nivel de hacinamien­to en la cárcel de El Pedregal es alto. Allí, como en otros centros se requieren verdaderas estrategia­s de resocializ­ación.
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FOTO EDWIN BUSTAMANTE
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FOTO JAIME PÉREZ Expertos denuncian irregulari­dades en el Inpec que impiden invertir en los penales, como en Bellavista.
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FOTO CARLOS VELÁSQUEZ Familiares piden a la Corte Constituci­onal acciones contra el Estado por no resolver los problemas de los presos.

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