En un escritorio, Contraloría le taló a RIA siembras que siguen en pie
RIA niega haber talado tres plantaciones antes de tiempo; la Contraloría habla de daño fiscal de $3.900 millones.
Desde sus escritorios en la Contraloría General de Antioquia (CGA), un equipo de auditores afirmó que la Reforestadora Integral de Antioquia (RIA) incurrió en un presunto detrimento patrimonial de 3.900 millones de pesos, al talar tres plantaciones a las que les faltaban cuatro años para obtener las utilidades que habían sido proyectadas. El gerente de RIA, Jorge William Mesa Vanegas, desmintió al ente de control y aseguró que ni uno solo de esos árboles ha sido tumbado.
Carolina Torres, contralora delegada de la CGA, le confirmó a EL COLOMBIANO que los auditores no visitaron las fincas cuyas siembras fueron presuntamente taladas, siguiendo en 2015 una orden de la administración de RIA, que a su vez se sustentó en el hecho de que ya no se les podían seguir haciendo mantenimientos.
El presunto hallazgo se refiere a 155,7 hectáreas sembradas de gmelina arbórea, en la finca La Guaca, de Salgar. De los 14 años que se precisan para cortar este maderable, faltan cuatro años. En el terreno -que según RIA es propiedad de Amalia Herrán de Piedrahíta- también hay 42 hectáreas de pino tecumanii, que lleva ocho de los diez años que se precisan para el corte.
La segunda tala, que RIA reiteró que no se ha hecho, serían 145,2 hectáreas de acacia mangium en la finca Los Ángeles, de Caucasia, propiedad de María Epifania Lopera Arroyave. De los ocho años que toma la maduración de la siembra, faltan cuatro para completar el ciclo.
Por último están 147 hectáreas de gmelina arbórea de la finca Jagual, en Salgar, un predio de Enrique Alonso Espinosa, que lleva once años de sembrado y al que le faltan todavía tres para hacer la cosecha final.
Según el contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, “contable y financieramente esos árboles figuran talados”. En el mismo sentido se pronunció Carolina Torres, con base en una certificación de Claudia Patricia Sierra G., de la Unidad Contable de RIA, fechada 18 de mayo de 2016.
En el informe preliminar de auditoría que la CGA le pasó a RIA, esta última no controvirtió la tala de los tres predios citados, razón por la cual el hallazgo quedó en firme y se dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal N° 085 de 2016. Como apenas ahora la reforestadora está clarificando ese punto, el ente de control considera que la contradicción tiene implicaciones más graves. En
concepto de la contralora delegada, “si la tala no se hizo, ¿en dónde están los recursos que supuestamente se le pagaron a unas personas para que hicieran las talas? La cosa es saber si los recursos fueron mal invertidos o se desaparecieron”.
En criterio de Zuluaga Peña son delicadas las implicaciones de haber aprobado la tala y no realizarla, “porque contable y financieramente ya no aparecerían como activo de la empresa. Y si ellos certifican que decidieron talar y afectaron los estados financieros y en realidad los árboles los dejaron en pie, habrá que establecer en manos de quién quedaron o qué otras situaciones de índole incluso penal se podrían presentar acá”