Revolcón por la contratación con ONG
El nuevo decreto, según las entidades sin ánimo de lucro, las “estigmatiza”. Comenzará a regir el 1 de junio.
El decreto que expidió el Gobierno Nacional para reglamentar los contratos con entidades sin ánimo de lucro no fue bien recibido. Asociaciones dicen que la norma las estigmatiza.
“Queda una ventana abierta para la corrupción porque los criterios de selección quedan en manos de las entidades estatales”. MAURICIO CADAVID Asesor en contratación
El decreto que expidió el presidente Juan Manuel Santos para “poner en cintura” a las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (ONG) no cayó nada bien en el sector de la contratación. Analistas consultados por EL COLOMBIANO coincidieron en que la norma, en lugar de evitar la corrupción, abre nuevas ventanas y “estigmatiza”a las ONG.
La primera voz que se alzó contra el decreto fue la de Liana Rodríguez Burgos, directora de Confederación Colombiana de ONG: “El decreto perjudica la imagen del sector. No todas las entidades sin ánimo de lucro son corruptas. Hay otros sectores donde se presentan altos índices de corrupción y el Gobierno no dice nada al respecto. Lo que están logrando es debilitar el trabajo de las organizaciones sociales”.
Con el decreto, el presidente Santos limita la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro. Según él, éstas se han convertido en “una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.
De acuerdo con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, en las regiones se contratan alrededor de 1,2 billones de pesos con entidades sin ánimo de lucro, pues con esa figura se han evadido elementos de la contratación pública.
Carlos Andrés Monsalve, director de la Federación Antioqueña de ONG, señaló que la principal molestia es que el Gobierno no tuvo en cuenta sus propuestas para la elaboración del decreto: “Desde el año pasado presentamos un pliego que no fue tenido en cuenta. Vemos con sorpresa que en el decreto siguen validando señalamientos que lesionan al sector”.
Entre otras disposiciones, el decreto señala que en los convenios de asociación entre entidades privadas sin ánimo de lucro con entidades estatales, la ONG deberá presentar “recursos en dinero para la ejecución de las actividades en una proporción no inferior al 30 % del valor del convenio” si no quiere estar sujeta a competencia.
Para Mauricio Cadavid, asesor de la Corporación Futuro para la Niñez, este punto es riesgoso porque “muchas entidades sin ánimo de lucro no mantienen esos recursos económicos disponibles. El 30 % del convenio es un valor muy alto”.
En el decreto, según Cadavid, es positivo en algunos aspectos, como en la obligación de que las ONG se registren en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). No obstante, hay otros puntos que generan polémica: “Queda una ventana abierta para la corrupción porque los criterios de selección quedan en manos de las entidades estatales. No hay criterios universales, y eso permite que entren voluntades políticas”.
Otras disposiciones
El Decreto 094 fue publicado el 23 de enero. Tiene como principal objetivo reglamentar la contratación entre ONG y entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales. Establece, por ejemplo, que el objeto del contrato debe concordar con el plan de desarrollo, ya sea del municipio o del Estado.
Con la norma, las ONG que- dan impedidas para recibir contratos que puedan ser ejecutados por otras entidades. Para que les adjudiquen nuevos, debe representar “optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia y manejo de riesgo”.
Un tercer elemento que ha llamado la atención es el proceso de competencia que se debe presentar cuando dos ONG aspiran a un mismo contrato. Establece las reglas para que la entidad territorial desarrolle el proceso competitivo.
El decreto comenzará a regir el 1 de junio de 2017. En el lapso siguiente de cuatro meses, representantes de ONG como Rodríguez esperan alcanzar nuevos acuerdos con el Gobierno: “No somos ajenos a la corrupción, pero el Gobierno cada vez impone más controles. Primero fue la reforma tributaria, ahora el decreto. Nos están midiendo con la misma vara del sector empresarial y así no se puede competir”