Nuevo impuesto a las cooperativas restará a su impacto social.
Así lo señalan estas entidades en Antioquia, a raíz de nuevo impuesto sobre los excedentes del Fondo de Educación y Solidaridad. ¿Qué pasará?
Resultaría difícil encontrarncontrar un banco o empresa presa que destine a educaciónción formal en sus áreas de influencianfluencia un 20 % de sus ganancias ias anuales. Pero eso hacen las cooperativas, a cambio de estar r exentos de impuesto de renta, como lo determinó la Ley 863 de 2003 y el Decreto 2880 de 2004. 04.
Eso se ha traducidoo en que estas entidades destinen inen un promedio de 80 mil millones de pesos de excedentess anuales, como se llama lo equivalente valente a utilidades de las empresas. resas. De ese total, cerca de 30 mil millones se invierten en Antioquia, según la seccioonal de la Confederaciónn de Cooperativas de Co- lombia (Confecoop).
Tales recursos, entre re otros frentes, sirven para ara becar a 38 mil jóvenes es que adelantan sus estudioss superiores en carreras técnicas, s, tecnológicas y universitarias en el país y de los cuales una tercera parte están en Antioquia, según estimamaciones de Confecoop Antioquia.
Impacto territorial
Pero también con esos recursos, y adicionales que se cargan al gasto, se hace mucho más: “en los últimos 11 años hemos entregado más de 100 centros educativos rurales transformados y dispuestos al aprendizaje, como pretendió el decreto 2880”, comentó ayer a este diario Luis Fernando Gómez, director de Confecoop Antioquia, durante un seminario de actualización tributaria organizado por este gremio.
Además es posible que un niño de una apartada vereda de Cocorná, no tenga que caminar horas para llegar a su escuela y tenga servicio de transporte.
También se facilita que los cerca de dos mil pequeños de una institución educativa pública de Guatapé, otro ejemplo, puedan estrenar uniforme de educación física cada año.
Eso sin contar que tales recursos son la bendición para familias campesinas de zonas alejadas y que sus hijos puedan tener útiles para comenzar este año lectivo o alimentación complementaria escolar.
Incluso en una escuela rural apartada, existe una razón adicional para no contemplar la deserción escolar: baños mejorados, pupitres nuevos, laboratorios bien dotados o paredes recién pintadas, después de años de olvido o limitaciones fiscales de los municipios.
Ese inventario de impactos cotidianos en la mejora de la formación de miles de estudiantes campesinos los tiene grabados en su memoria Verónica Alexandra Vahos. Ella es la directora de la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño (Fusoan), que gestiona la inversión de un promedio de 200 millones de pesos anuales de las cooperativas Confiar, Coogranada, Creafam, Pío XII, Coosanluis, León XIII y Cooabejorral, con área de acción en el Oriente antioqueño.
Cooperativas, a pagar
Vahos y Gómez coinciden en una preocupación: la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) y vigente desde este año, comenzará el desmonte de esa inversión del 20 % de los excedentes de las cooperativas que iba al llamado Fondo de Educación y Solidaridad, a partir de lo aprobado por el Congreso del proyecto impulsado por el Gobierno.
Según el artículo 142, las cooperativas deberán pagar a la Dian en 2018 una tarifa de 10 % sobre sus excedentes obtenidos este año y otro 10 % deberá ser para financiar cupos en educación superior.
Para 2018, la tarifa sube a 15 % y el otro 5 % se destinará a lo mismo. Y de 2019 en adelante, acabará la inversión de las cooperativas en educación superior y deberán tributar el 20% en forma directa. Esa plata “se destinará a la financiación de la educación superior pública”, indica la ley.
“En la práctica es como un impuesto de renta y el Estado se quedará con ese 20 % a título desde 2020, pero vaya uno a saber cómo se distribuirán los recursos y si realmente llegarán con igual eficacia y cobertura de cuota de sostenimiento, transporte, alimentación y otros gastos los universitarios que hoy becamos las cooperativas”, lamentó Gómez.
Sobre ese tema y la justificación para el ajuste impositivo, este diario consultó ayer al Ministerio de Hacienda, pero anoche informaron desde la entidad que solo a partir de hoy se tendría una respuesta.
Entre tanto, la exposición de motivos del proyecto de ley radicado en octubre pasado por el ministro Mauricio Cárdenas, no da luces más allá del cambio sugerido en el Estatuto Tributario.
“El Gobierno se contradice: por un lado, dice a las cooperativas que son, en el posconflicto, aliados del desarrollo social y económico en territorios afectados por la guerra, y por otro nos afecta en un asunto vital, como promover la educación de nuevas generaciones”, cuestionó la directora de Fusoan.
A su turno, Carlos Andrés López Sierra, gerente de Cooperenka, de ahorro y crédito, advierte que la reforma tributaria del Gobierno constriñe las oportunidades de educación superior de jóvenes rurales de precarios recursos a universidades públicas, donde el ingreso es más difícil y no sus sedes, por lo general, no son cercanas
al lugar en que viven. “No hay mejor administrador de esos excedentes que a quien le duelen, a quien se esforzó durante todo un año por tener tales beneficios para darles el mejor uso. Ahora ese impacto social de las cooperativas se verá aminorado”, agregó el gerente de Cooperenka, que en 2016 invierte en educación superior unos 130 millones de pesos en becas completas o parciales en instituciones de educación superior públicas y privadas.
¿Qué pasará?
Así las cosas, pese a que Antioquia es líder nacional en la fortaleza del sector, será inevitable que las entidades de economía solidaria, incluidas cinco cooperativas financieras y 56 de ahorro y crédito que operan en el departamento, disminuyan lo que puedan dedicar de sus excedentes para educación.
Hay que tener en cuenta que la distribución de excedentes de las cooperativas, ya sin el 20 % que irá a la Dian, otro 20 % va a la protección de aportes de asociados, 10 % para solidaridad con bases sociales de la cooperativa y un 50 % se destina según lo determine la Asamblea General en sus encuentros ordinarios anuales (ver Paréntesis).
“El sector cooperativo es socialmente responsable por naturaleza y de ese 50 % que disponen las asambleas, seguramente en su autonomía darán algunos recursos para continuar apoyando la educación, pero sabemos que el impacto será menor al que hemos tenido hasta ahora con miles de estudiantes de colegios o universidades”, concluyó el director de Confecoop Antioquia
“La reforma no tuvo un efecto económico en las cooperativas, pero sí afecta a las comunidades que recibían recursos para su educación”. LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO Director de Confecoop Antioquia