EDITORIAL

Hoy entra en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia. Este último valor es el que debe primar en el comportamiento social. Población colombiana adolece de principios cívicos básicos.

“Hoy entra en vigencia el nuevo Código de Policía y Convivencia. Este último valor es el que debe primar en el comportamiento social. Población colombiana adolece de principios cívicos básicos”.

El discurso oficial de las autoridades del país, tanto el que se promueve puertas adentro como el que se divulga con mejor suerte en el exterior, dice que Colombia es ya un país en paz. Que firmada la paz con las Farc, estamos en un período de posconflicto donde se puede circular sin riesgos por el territorio nacional.

Los ataques a gran escala y los actos de terror en pueblos, cometidos por las Farc, contra miembros de la Fuerza Pública así como contra la población civil, se han reducido casi a cero, en efecto. Pero subsisten los ataques del Eln, de las disidencias de las Farc, de las bacrim, de los carteles como el denominado del Golfo, de grupos de “justicia privada”. Y de forma muy acusada, en las zonas urbanas, de los combos y bandas criminales, dueñas de barrios enteros y única autoridad con fuerza de aplicar sus propias leyes, soportadas en la coacción y extorsión a los habitantes y comerciantes de sus vecindarios.

Y paralelo a todos estos fenómenos criminales, hay otro factor de violencia que, según los datos policiales y del Instituto Nacional de Medicina Legal, arroja un número de víctimas incluso superior que el derivado de la acción de los grupos mencionados atrás: la intolerancia social. Que se muestra en las riñas callejeras, los conflictos vecinales, la ausencia de comportamiento cívico, la violación de normas elementales de urbanidad.

A todas estas causas de violencia se tiene que enfrentar la Policía Nacional. No son conductas que se repriman o corrijan por la vía militar, si no por la policial, tanto con acciones preventivas como correctivas y, en última instancia, coactivas, con aplicación de la fuerza. Lamentablemente, las condiciones del país y su tradición refractaria a la observancia de las leyes han hecho que la fuerza represiva haya tenido que ser aplicada más de lo deseable en un país que quiere ser civilizado.

Lo que la sociología ha de- finido como anomia es lo que describe buena parte de la situación colombiana de las últimas décadas: una ausencia de conciencia social sobre la existencia y vigencia de normas (sociales, jurídicas, comunitarias) que hay que acatar.

Esa anomia hace que uno de los principales problemas de la vida en las ciudades u otros núcleos de población sea el mal comportamiento de vecinos que consideran que los derechos de los demás no existen, o que son inferiores a los suyos propios: desde el que impone su música estridente toda la noche a máximo volumen, hasta el que permite que sus mascotas se tomen las zonas de convivencia común y dispongan a su antojo.

Es irreal pensar que los colombianos estudiarán con gusto un código (Ley 1801 de 2016) con 243 artículos y 120 páginas de extensión, con disposiciones prolijas y procedimientos engorrosos. Pero sí debe persistirse en hacer un mayor y mejor esfuerzo divulgativo de este nuevo Código de Policía y Convivencia. Varios medios de comunicación hemos dedicado espacio a eso, pero parece aún lejano un conocimiento aceptable de este instrumento que debería ayudar más a la convivencia y menos a la demanda por servicios policiales.

Ese es otro de los retos que hay que abordar en un país en posconflicto, donde ya el argumento de la violencia no estará -se supone- en la guerrilla sino en la propia sociedad que no sabe cómo convivir en comunidad ni cómo comportarse disfrutando de sus derechos pero obligándose a respetar los de los demás