Trata de personas, sin doliente en Colombia
Los programas de los ministerios de Interior y Justicia han resultado insuficientes, según organizaciones.
Colombia se convirtió en país de origen, tránsito y destino de trata de personas, una actividad delictiva que mueve 32.000 millones de dólares al año en el mundo. Así lo revela la última investigación de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entidad que le recomendó al Gobierno vigilar las zonas vulnerables del país, donde la trata ha venido en aumento.
Una red de trata de personas, por ejemplo, puede invertir 12 millones de pesos para trasladar a una mujer colombiana desde Risaralda hasta China. En tres meses obtendrá cerca de 120 millones de pesos por la explotación sexual. Los territorios más frágiles, según el informe, son Valle del Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Caldas y Antioquia.
Además de China, las víctimas de trata de personas son trasladadas a países como República Dominicana, Chile, China, Ecuador, Argentina, México, Panamá, Emiratos Árabes y Paraguay. El 86 % de las víctimas de trata en Colombia son mujeres, según las cifras recopiladas por la Unodc.
El problema no se limita a la trata de víctimas colombianas hacia el extranjero. En las calles de Cartagena, los investigadores de la Unodc encon- traron un aumento considerable de mujeres venezolanas explotadas sexualmente. “La trata está cada vez más concentrada en la misma región, en el mismo continente”, dijo Bo Mathiasen, representante de la entidad en Colombia.
Otro hallazgo tiene que ver con la explotación laboral. Niños indígenas provenientes de Ecuador mendigando en Cali es un ejemplo de la trata con fines laborales ilícitos. De acuerdo con la Unodc, el 40 % de las víctimas de trata en el mundo son obligadas a realizar trabajos forzosos y el 53 % a realizar actividades sexuales.
Panorama nacional
Colombia se ha hecho cada año más fuerte en materia normativa para castigar la trata de personas. Cuenta con la Ley 985 sobre trata de personas, con los decretos 1069 y 1066 de 2014 y 2015 y con la Estrategia Nacional contra la Trata. No obstante, para las organizaciones que trabajan en el tema, “la trata suele ser invisibilizada por el Gobierno. Al Estado le ha faltado apoyo en materia de atención y las órdenes del Ministerio del Interior a los entes territoriales no son del todo acogidas. El problema amerita una atención mucho mayor”, así lo señaló Betty Pedraza, directora de la Corporación Espacios de Mujer.
De acuerdo con las últimas
cifras entregadas por la Policía Nacional, durante 2015 fueron sancionadas 73 personas por incurrir en el delito de trata de personas. Esta cifra es muy baja si se tiene en cuenta que, según los cálculos de Women’s Link Worldwide, 70.000 personas son víctimas de la trata de personas cada año en Colombia.
La Corporación Espacios de Mujer concluyó que los grupos más vulnerables a la trata son las “personas desplazadas, los afrocolombianos, las comunidades indígenas, las personas que viven en zonas de conflicto armado y las poblaciones Lgbti”.
En los últimos meses, a la directora de la Corporación le
ha preocupado “el caso de adolescentes que cruzan la frontera de Ecuador en situaciones bastante delicadas. En Venezuela la situación se ha agravado porque, aunque la línea entre la trata y la prostitución es casi invisible, muchas venezolanas han buscado trabajo en Colombia y al no encontrarlo optan por la salida de la prostitución”.
Para la profesora Yolanda Puyana, investigadora en temas de género y ciencias sociales de la Universidad Nacional, el problema de la trata de personas “se asienta a partir de las expectativas de muchas niñas en el mundo. Niñas que sueñan con ser modelos, ser admiradas por el cuerpo femenino y aumentar el consumo. Con las redes sociales, las redes se aprovechan de esas expectativas de vida”.
En los casos de víctimas extranjeras en Colombia, la Corporación Espacios de Mujer ha identificado falencias: “El Ministerio del Interior reporta dentro del número de víctimas
8 casos de personas extranjeras en territorio colombiano, pero no provee ninguna información con respecto a la tipología de estas personas (edad, sexo, país de origen, modalidad de explotación, entre otros) ni su estatus migratorio en el país”.
Otro de los frentes de trabajo está en los estrados judiciales. Actualmente no hay fiscales especializados en trata de personas en Medellín y, como lo reconoce la Alcaldía, este es “uno de los territorios que más víctimas aporta cada año en el país”.
La inversión del Estado es otro vacío evidente. El programa contra la trata de personas no ha superado los 2.500 millones. En 2016, el aumento del presupuesto fue de solo un 0.006 %