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Esta semana el Concejo iniciará la discusión de las modificaciones al PP. El debate será intenso por sus implicaciones y los sectores que involucra.
Se abre el debate por el presupuesto participativo.
Quitarles la posibilidad a los combos delincuenciales de tener recursos es atacar su músculo financiero y bloquear el respaldo social que han logrado en algunas comunas. Bajo esa premisa, la Alcaldía de Medellín busca hacer modificar al Sistema Municipal de Planeación.
Con esto, la transformación más profunda se daría en el Presupuesto Participativo (PP), un programa gestado hace 20 años y por medio del cual habitantes de las comunas y corregimientos de Medellín priorizan los proyectos que debe ejecutar la Alcaldía, así como los recursos de acuerdo con las necesidades de los territorios.
Esto es que, con los cambios planteados, la Administración Municipal definirá los proyectos y obras en los que se invertirán los recursos con base en lo que establece el Plan de Desarrollo, logrado a través de socializaciones con la comunidad durante 2016.
Según Ana Lucia Montoya, subsecretaria de Planeación Local, “la Alcaldía de Medellín, mediante decreto, establecerá la metodología, fases, instancias y escenarios para el Presupuesto Participativo, teniendo como propósito recuperar la planeación y expandir la participación en la ciudad”.
La reestructuración, planteada en el proyecto de Acuerdo No. 55 de 2016 y que empezará a ser socializado con las comunidades este lunes, pero iniciará trámite en el Concejo este 14 de febrero, ha suscitado polémica entre líderes comunitarios de la ciudad que advierten la centralización de los recursos y proyectos del PP.
César Hernández, director de Planeación Municipal, afirmó que también se quieren evitar malas prácticas de corrupción en la asignación de los recursos.
“Para estructurar el proyecto se realizó un trabajo asociado entre Administración, Concejo y el Consejo Territorial de Planeación. Los tres coinciden en la necesidad de actualizar el Sistema y, en el marco del Presupuesto Participativo, articular sus recursos con los proyectos de los Planes de Desarrollo Local”, anotó.
Plata en manos de ilegales
Solo este año, los recursos para ejecutar el PP suman 161.000 millones de pesos. Para el cuatrienio la cifra asciende a los 665.000 millones.
Para Jesús Aníbal Echeverri, presidente del Concejo de Medellín, así como hay personas honestas en la comunidad que dan buen uso del dinero público, también hay ilegales que se frotan las manos a la espera de esa plata.
El corporado aseguró que en 2016 recibió denuncias de irregularidades con el Presupuesto Participativo, principalmente en las comunas 3 y 13 de la ciudad.
“Una denuncia muy particular es que en La Honda (comuna 3) hicieron un puente en madera y lo cobraron de cemento. Cortaron pinos para hacerlo y así lo entregaron, cuando estaba cotizado, con especificaciones técnicas, para hacerlo en cemento”, denunció.
Echeverri también reveló que en la contratación de infraestructura “proyectaban pavimentar 100 metros de vía pero hacían 20. Agregó que en refrigerios, cuando se podían pagar en 1.000 pesos lo facturaban por 5.000 pesos”.
“Todo eso ha alimentado que el PP quede en manos de bandidos de corbata y otros con armas. El manejo que esta gente da es que ponen personas de su confianza para que lideren los proyectos, delegados de su línea para que vayan y prioricen los proyectos que les interesen para poder sacar su partida”, acotó.
Echeverri agregó que esas demandas están sustentadas con denuncias en Fiscalía y agregó que la participación en el PP por medio de asambleas barriales es mínima.
“La última vez que se hizo la asamblea de delegados fueron 140.000 personas. Eso es el 5 % de la población”, añadió.
Se deben fiscalizar recursos
Si bien líderes comunitarios dan fe de que los proyectos logrados a través del PP han impactado positivamente a las comunidades, aceptan que en algunos casos ha habido participación de ilegales en asambleas barriales.
Luz María Franco, trabajadora social y docente universitaria, que ha estudiado el tema desde que inició, aceptó que en muchas comunas se han desviado los recursos a los ilegales, pero afirmó que es a la Administración Municipal a la que le compete hacer seguimiento y control.
“No podemos tapar el sol con un dedo. En una ciudad como Medellín hay combos, bandas y el PP no ha estado al
margen de estos. Ellos (los ilegales) llegan como actores armados a imponer sus asuntos y bajo amenaza la gente no puede hacer nada. Pero la Administración tiene que verificar a quién entrega los recursos”, señaló e instó a la Alcaldía a fiscalizar qué está pasando con los recursos que se le entregan a una comunidad.
La concejala Luz María Múnera dijo que si ese fenómeno ha pasado “es culpa del Estado que es quien contrata. Es como salir a reconocer que el estado en Medellín lleva 15 años permitiendo que el PP lo manejen ilegales. Eso es grave. Sé que ahí hay problemas, por eso habría que pensar de manera más seria los Planes de Desarrollo locales, pero pensar que todos son malos, primero no es correcto, y segundo es reconocer que en la ciudad más innovadora el Estado contrata pillos”.
Proyectos de la comunidad
La historia del Presupuesto Participativo en Medellín empieza en 1996 con la creación del Sistema Municipal de Planeación.
Martín Humberto Román, docente del Tecnológico de Antioquia y experto en Presupuesto Participativo, recordó que 11 años después el entonces alcalde, Sergio Fajardo, propuso incorporar el PP al sistema Municipal de Planeación, para configurarlo como un instrumento de gestión participativa.
“Ahora lo que vemos es que la modificación hace que se pierda el carácter de sistema al dejar que un alcalde tome la decisión de coger un instrumento de planeación como el PP a través de un Decreto Municipal”, estableció, y agregó que “se pretende una centralización de las decisiones de ciudad a través de un alcalde”.
El proyecto de Acuerdo 55 viene siendo socializado por la Alcaldía y los concejales de Medellín. Precisamente, directivas de esa corporación recalcaron que se pretende modificarle 15 artículos al vigente Acuerdo 43 de 2007, derogarle 35 artículos y anexarle 5 nuevos.
Andrés Bedoya, secretario de Participación Ciudadana, explicó que “se busca ampliar la base de la participación, recu- perar la confianza ciudadana y garantizar la transparencia en la asignación de los $665.000 millones para el cuatrienio para que PP sea un proyecto de ciudad y no de unos pocos”.
El concejal Echeverri preciso que el proyecto fue presentando oportunamente por el alcalde, Federico Gutiérrez. Recalcó que el PP debe continuar en Medellín, y pidió rigurosidad en su estudio y seguimiento y evaluación de los recursos asignados.
“El proyecto tiene tres alcances: cómo se va a hacer la contratación, cuáles serán las instancias para priorizar y cómo se blindará para que no entren bandidos a desangrar el PP”, aseguró.
¿Instrumento político?
Si bien es enfática la voz de tranquilidad de la administra- ción sobre la priorización de recursos que continuarán teniendo las comunidades, para Múnera y expertos los cambios planteados son un retroceso en los espacios de participación que había ganado el ciudadano de Medellín.
“Las comunidades pierden, porque el Alcalde saca un decreto que dice cómo es la participación, cómo se reúnen, de qué forma se eligen los que van a reunirse, y un decreto es algo que yo puedo derogar”, anotó Múnera, y añadió que “se quejan de politiquería del PP y ahora se lo van a entregar al Alcalde para que sea él quien haga politiquería”, afirmó.
Proceso debe seguir
De acuerdo con Luz María Franco, el Presupuesto Participativo es un ejercicio que ha tenido continuidad durante los últimos cinco gobiernos de Medellín. Sugirió a la Administración, para evitar el desvío de recursos, fomentar la participación de las comunidades y que estas tengan poder de decisión.
Aunque las discusiones sobre el proyecto de Acuerdo iniciarán en cuatro días, se espera que durante la segunda semana de marzo el Concejo haga la votación final de aprobación o no del acuerdo de modificación del PP.
Mientras tanto, la Alcaldía insiste en la actualización del programa para mayor control de los proyectos y los recursos asignados. La idea del alcalde Gutiérrez es que los delincuentes no sigan siendo héroes ni autoridad en los barrios, y con recursos públicos