Cultivos ilícitos son una gran amenaza para la paz
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, afirma que los cultivos ilícitos amenazan el Acuerdo con Farc.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, dijo que la primera línea de defensa del acuerdo Gobierno-Farc es un programa sólido de sustitución de cultivos ilícitos. Manifestó que está de acuerdo con un acercamiento a las bandas criminales para que se desmovilicen mediante un sometimiento a la justicia.
El momento coyuntural que se vive en el país por la etapa final del proceso de paz, ha generado dudas en diversos aspectos: la posible falta de dirección o liderazgo en la recta final del Acuerdo, el asesinato de 71 líderes sociales en el 2016 y 17 en lo que va de este año, el reacomodo de estructuras ilegales y la reaparición de grupos llamados paramilitares que copan espacios dejados por las Farc.
Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, respondió a EL COLOMBIANO estos y otros asuntos de interés nacional como la Justicia Especial para la Paz, los diálogos con el Eln, y su visión sobre la política en el país.
En la entrevista, Jaramillo dejó entrever que el Gobierno explora una posible salida con las estructuras ilegales que hoy amenazan a las comunidades de los territorios donde antes estaba la guerrilla, organizaciones delincuenciales que según el alto comisionado, representan el riesgo más grave para implementar lo pactado en Cuba con las Farc.
¿Desmontar el equipo negociador está trayendo problemas de coordinación y de gestión al proceso en la implementación?
“No. Una cosa es la negociación y otra es la implementación y no necesariamente necesita la misma gente. Ahora, sí hay una decisión de La Habana y es que mientras más coordinado esté uno internamente, mejor le va”.
¿Hay falta de liderazgo en esta etapa por la visibilidad que tenía ese equipo?
“Puede ser, pero llevamos muy poco tiempo. El Acuerdo se firmó casi a final de año, llegó Navidad y ahora es que tenemos que organizarnos”.
¿Siente que lo logrado en el Acuerdo se parece a lo que se trató en la mesa y es lo que se visualiza en la etapa actual del proceso?
“Estoy convencido de las bondades de los acuerdos, incluso creo que los colombianos aún no han entendido su poder transformador y eso va a tomar tiempo. Obviamente el reto ahora es pasar del papel a la realidad. Mucho de lo que está pasando era predecible, por ejemplo, que otra gente iba a querer meterse a unas zonas; eso no necesitábamos que ocurriera para saber que iba a pasar”.
El equipo de paz del Gobierno se ha quejado de que en el debate sobre los acuerdo con las Farc hubo mentiras y manipulaciones por parte de los opositores. El mismo Gobierno, encabezado por el presidente Santos, en discursos aquí y en el exterior, ha proclamado que Colombia está en paz. ¿Hoy el país está en paz?
“Recordemos que la filosofía de este proceso ha sido terminar el conflicto, no para hablar de paz en general, y también para sentar unas bases que contribuyan a la construcción de una paz estable y duradera, así lo acordamos en agosto de 2012 en el Acuerdo General. Una cosa es terminar el conflicto y otra es construir la paz, y que la paz no aparece de un día para otro sino, que requiere un enorme esfuerzo colectivo. Eso es lo que estamos enfrentando, ese es el reto que tenemos”.
La reforma tributaria definió unos estímulos muy claros para los empresarios que alienten estos procesos. ¿Qué sigue ahora, ya hay ofertas para hacer inversiones en estos territorios?
“Esa es una iniciativa que ha venido promoviendo Rafael Pardo, el consejero del Posconflicto que me parece muy inteligente, porque volvemos a la misma discusión. El asunto no solamente es que llegue el Estado al territorio, es que lleguen los mercados. Que esos territorios se integren en su totalidad al país y por eso los incentivos son claves. Se está trabajando en esto y por eso me reuní con empresarios de Antioquia, para contarles en qué va el proceso y animarlos a aprovechar las oportunidades para cerrarle el paso a la economía ilegal”.
¿Faltó algo en la estrategia de comunicaciones para dimensionar lo que está pasando con las Farc?
“Probablemente. Creo que si algo deberíamos haber hecho es haber pasado más tiempo en Colombia para explicar lo que se estaba acordando, pero también influyen cosas como la distancia histórica entre el campo y la ciudad, sobre todo en Bogotá, que ve todo esto muy lejano. Tenemos un gran problema que para mí es la amenaza mayor y es que todo se nos va a cruzar con la temporada electoral. Eso va a confundir a la gente”.
¿Cómo ve usted la posición del actual procurador, Fernando Carrillo, que le reclamó al Gobierno por no ser partícipe de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y la respuesta del Gobierno que afirmó que su presencia no era necesaria?
“Eso no fue lo que dijo el presidente, él lo que afirmó es que ese era el acuerdo. Por supuesto, todo acuerdo es susceptible de mejorar, y uno podría encontrarle virtudes a la participación de la Procuraduría, pero el acuerdo tal y como esta hoy, no la incluye”.
¿Por qué quedó por fuera?
“Yo no creo que haya habido una decisión consciente de dejar a la Procuraduría por fuera, más bien de tener un sistema que sea relativamente ágil; la participación de la Procuraduría en los procesos judiciales ordinarios es un tema que está muy cuestionado en Colombia. Hay un ejército de procuradores con salarios enormes cumpliendo un papel que no todo el mundo opina es necesariamente eficaz”.
¿Cuál va a ser la duración de la JEP?
“Hay hasta tres años para presentarle informes a la Jurisdicción, es decir, lo que no se envíe en ese lapso, ya no se pue- de hacer, y ahí evitamos lo que sucedió en Justicia y Paz, que se abre como un espiral y nunca termina, metiendo más y más gente; luego tiene hasta 10 años para acusar, y luego el tribunal tiene hasta 15 años para absolver esos casos”.
La Comisión de la Verdad y la JEP, van de forma paralela con una función distinta. ¿Habrá una contraposición entre la verdad que surja de la primera y la verdad judicial en la segunda?
“Cumplen propósitos distintos: en un caso están produciendo verdad judicial sobre unos hechos, y en el otro caso está contribuyendo a la comprensión de todo un contexto, pero en la realidad, va a tocar mirar mejor cómo se entienden esos dos ejercicios de producción de verdad”.
¿Cuándo entraría en funcionamiento la comisión?
“Acordamos que el mismo co- mité de selección de los magistrados de la JEP van a escoger también a los integrantes de la Comisión de la Verdad, y de las cinco organizaciones o instituciones que deberían nombrar delegados al comité de selección, ya lo han hecho cuatro: el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, y el Centro Internacional de Justicia Transicional. Apenas tengamos todos, ponemos eso en marcha”.
¿Al Estado le cogió ventaja del problema con grupos paramilitares?
“De todos los retos que enfrentamos en la implementación, ese es el mayor, y requiere acelerar la implementación de los acuerdos, en particular el de la sustitución de cultivos; mejorar la coordinación interinstitucional entre la sustitución, la erradicación y la seguridad en general, y poner en marcha los procesos participativos que están en los acuerdos para que las comunidades vean que desde ya son parte de esa implementación”.
¿Es relevante para ustedes que se les llame paramilitarismo de cara a una posible negociación?
“El Gobierno siempre ha tenido la opinión de que es un error
“En ningún país del mundo se ha acordado un sistema ambicioso de justicia transicional que incluya un tribunal, una comisión”. “El reto ahora es organizar un plan que articule todos los esfuerzos en esos territorios, en particular alrededor de la coca”.
“El problema es que los criminales tienden a ser más rápidos que el Estado y por eso debemos tomar muy en serio estas voces de alerta”. “La paz no la vamos a construir unos marcianos de Bogotá, toca hacerla con las fuerzas que hay en los territorios”.
darle cualquier estatus político a esas organizaciones que cree incentivos perversos. Por eso no ha querido utilizar un término que usó para las Auc, ni lo va a hacer. Pero el Gobierno tampoco es ingenuo, y si la gente dice que hay organizaciones en los territorios amenazando, desplazando, lo tiene que tomar muy en serio y enfrentarlo, pero hacerlo con una estrategia de seguridad del siglo XXI”.
¿Estarían dispuestos a explorar algún mecanismo de sometimiento de esas organizaciones que hoy ocupan territorios y que tienen el control del narcotráfico?
“Sí, de sometimiento a la justicia, por supuesto”.
¿Hay alguna iniciativa o conversación exploratoria dentro del Gobierno con esos grupos?
“Dejemos que la Fiscalía haga su trabajo, lo que ha dicho el presidente es que le damos
todo el apoyo que necesite”.
¿Podríamos esperar que se implemente algún tipo de figura y proceso como ese?
“Es posible”.
¿Qué tan probable?
“No le puedo decir más, no depende de mí, ese no es mi trabajo”.
¿Qué opina sobre el aumento de los cultivos de uso ilícito en el país?
“Es muy grave, es la principal amenaza a la paz y por eso la primera línea de defensa de la paz tiene que ser un programa sólido de sustitución de cultivos y donde no se pueda o no se quiera sustituir, erradicar los cultivos ilícitos”.
¿Hay coordinación en el Gobierno para las líneas de sustitución y erradicación?
“Más bien regular, me parece”.
¿Y a qué se debe esto?
“Yo creo que hay que poner orden en la casa y es lo que está haciendo el presidente, citando al gabinete del posconflicto y dando instrucciones y lineamientos para mejorar esa coordinación”.
¿Cuándo lo veremos en la negociación con el Eln?
“Cuando me necesiten”.
¿Y en este momento no lo requieren en Quito?
“En este momento tienen mucha gente muy buena allá, dedicada hablar con el Eln”
¿Le preocupa el asesinato de líderes sociales?
“Es un tema muy serio. Uno mira que tienen en común esos homicidios y la mayoría han ocurrido en zonas donde estaban las Farc, en zonas donde hay economías ilícitas, de manera que evidentemente están ocurriendo en un contexto de pugnas por el control del territorio”.
¿Considera usted que esto es sistemático?
“Yo no puedo decir nada sobre quiénes son los responsables, porque no tengo la evidencia. Sí me parece que hay una lógica territorial detrás de esos asesinatos”.
El senador del CD, José Obdulio Gaviria, dijo que de ganar su partido las elecciones de 2018, van a modificar los acuerdos de paz firmados con las Farc. ¿El acuerdo está blindado?
“Me parece que es una especulación muy irresponsable, comenzando porque nadie sabe quién va a ser el próximo presidente. Yo creo que el acuerdo está blindado de muchas maneras importantes, pero evidentemente si al próximo Gobierno no le da la gana de implementar los acuerdos, pues sería un enorme revés para el proceso de paz”.
¿Entonces la paz no se ha podido consolidar como una política de Estado sino como una política de Gobierno?
“No. El problema es otro. Todo el mundo quiere hacer política con la paz y eso hace difícil construir consensos”.
¿Ve viable una coalición de partidos por la paz?
“No me voy a meter en temas electorales”.
¿Le suena Humberto de la Calle como candidato a la Presidencia?
“Tampoco le voy a responder, aunque usted sabe el aprecio que le tengo a Humberto de la Calle”