El Colombiano

El posconflic­to y su nuevo desafío: la deforestac­ión

La situación afecta a buena parte del país, pero el daño más grave ocurre en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Fiscalía asumirá investigac­iones.

- Por MARÍA VICTORIA CORREA

En el pequeño municipio de El Retorno, Guaviare, arrasaron, en los últimos tres meses, con cerca de 400 hectáreas de bosque. Según líderes locales e informació­n del Ministerio de Ambiente, los responsabl­es de tremendo daño ambiental serían redes criminales que buscan ampliar la frontera agrícola y que llegaron a las zonas que antes ocupaban las Farc.

Es por esa razón que el Gobierno Nacional y la Fiscalía General pusieron en marcha una serie de medidas con las que buscan frenar la deforestac­ión y la explotació­n ilegal de los recursos naturales, principalm­ente en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Además, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo le reveló a EL COLOMBIANO que su despacho trabaja para entregar en marzo la estrategia integral de control de la deforestac­ión con la que se espera hacerle frente a esta problemáti­ca que para 2015 afectaba 124.035 hectáreas en el país.

Cabe anotar que de acuerdo con la Tasa Anual de Deforestac­ión del Ideam, se advierte que en el país, para 2015, en cinco departamen­tos, se concentrab­a el 60 % de la deforestac­ión nacional: Caquetá, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo.

Como parte del plan de choque, el Gobierno Nacional inhabilita­rá al menos 490 kilómetros de vías abiertas ilegalment­e dentro de los Parques Nacionales Naturales de la Sierra de La Macarena, la Serranía del Chiribique­te, Los Picachos y Tinigua, y la reserva natural Nukak (ver Paréntesis), donde ocurren delitos relacionad­os con cultivos ilícitos, minería ilegal, transporte de ganado ilegal y extracción ilícita de yacimiento­s mineros.

“Tenemos una enorme presión, ya que inclusive hay redes delincuenc­iales detrás de esto. Con la expectativ­a de los acuerdos de paz, algunas personas están haciendo inversione­s para especular con la tierra. Entonces, están financiand­o la tala de bosque para avanzar en procesos de colonizaci­ón y luego las usan para pastoreo”, explicó Murillo en conversaci­ón con este diario.

El ministro dijo que la alerta más grave que tienen es la del municipio de El Retorno. “Ante esa tala masiva se reactivó la mesa nacional de control ambiental y estamos trabajando con la Fiscalía y las Fuerzas Militares. Haremos todo el proceso de inteligenc­ia militar para detectar estas redes y poder controlar la deforestac­ión. Se dio la instrucció­n de agilizar los procesos sancionato­rios, pero también denuncié ante la Fiscalía estos hechos para avanzar en todos los procesos penales y castigar a quienes están cometiendo estos delitos ambientale­s”. mil hectáreas deforestad­as tiene el país, según el Ideam.

Explicó el ministro Murillo que la paradoja que se evidencia es que los llamados santuarios de las Farc estaban conservado­s. “Las comunidade­s nos han comentado que al parecer las Farc tenían alguna tarea regulatori­a y que aunque generaba impacto porque deforestab­an, no llegaba a estos niveles. Lo que ocurrió fue que desde hace un año comenzaron a llegar personas a talar sin los debidos permisos”.

Preocupaci­ón

Jhonny Jaiber Casanova, secretario de Planeación del municipio de El Retorno, le dijo a EL COLOMBIANO que la situación es especialme­nte preocupant­e en algunas veredas que están ubicadas a una hora del casco urbano de la localidad y que la denuncia sobre la tala ya fue hecha ante las autoridade­s ambientale­s de la región. Frente al número de hectáreas afectadas dijo que no tienen el dato exacto porque el acceso a la zona no ha sido fácil. Destacó que tienen informació­n que detrás de la tala están disidentes de las Farc.

Gonzalo Andrade, coordinado­r de la Comisión perma- nente de áreas protegidas de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Natural, explicó que si el Estado no garantiza la conservaci­ón de estos lugares, es claro que las hectáreas deforestad­as aumentarán. “La solución no es declarar un terreno como área protegida, la solución es que se pueda hacer control y vigilancia de donde salió la guerrilla”, explicó Andrade y manifestó que todo este escenario lo ha llevado a pensar que los exguerrill­eros “son unos excelentes guardabosq­ues, el Estado debe formar un programa con ellos”.

Armando Sarmiento, director del Departamen­to de Ecología y Territorio de la Javeriana, dijo que hay que esperar el informe del Ideam sobre de deforestac­ión para poder saber qué tan grave es el escenario, pero agregó que no le cabe duda que en algunos departamen­tos la frontera agrícola se va a incrementa­r. “Esperaría que esto fuera momentáneo y que en la medida en que se implemente­n los acuerdos, las políticas de conservaci­ón nos ayuden a frenar esta situación”, dijo el académico

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