Incertidumbre en la cuenca del Sinifaná
Mineros se resisten a desempeñar otro oficio. Alcaldes piden apoyo tras orden de cerrar 84 minas informales.
El sonido de una sirena advierte su presencia. Con el rugir de los rodillos que ayudan a mover por un riel de acero la carretilla de 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho, negra por el carbón, aparece Carlos Mario García. Es medio día y apenas comienza su jornada, la misma de los últimos 30 años.
Su cuerpo de un metro con 60 centímetros no cabe de pie en la bocamina. Inclinado en el cajón recorrió los 600 metros del socavón, en ascenso, y halado por un cable que luce el trajín de décadas. Como la mayoría de sus colegas desconoce el miedo, pero sabe que la muerte en un socavón es una posibilidad latente.
En la vereda La Ferrería, de Amagá, donde trabaja Carlos Mario, otros 400 mineros sacan carbón. Allí, reporta la Asociación de Mineros de la Cuenca del Sinifaná, Asomicsi, 1.200 personas, madres e hijos también viven del mineral y por cada 500 metros hay un entable para la extracción.
A todos les preocupa lo que era un secreto a voces, pero ya es oficial: el Gobierno Nacional ordenó el cierre de 43 unidades de minería informal en todo el municipio.
A un costado de la carretera, y con un trapo rojo haciéndole un quite a la nube de polvo que levanta el paso de volquetas, habitual en el poblado, Yubier y Alberto aguardan, sentados en una banca de madera, por los cubos negros que otros trabajadores recién le arrancaron a la montaña y salen del túnel a través de un canal improvisado de PVC.
Región carbonífera
La Cuenca del Sinifaná es una zona del suroeste antioqueño, compuesta por los municipios de Amagá, Angelópolis, Fredonia, Venecia y Titiribí, todos
con la minería de carbón como su principal producto y el motor de sus economías.
Sin embargo, entre los habitantes ronda la incertidumbre por lo que pueda pasar tras la directriz para el cierre de 43 minas en Amagá, 84 contando las del municipio vecino de Angelópolis, orden dada por el Gobierno Nacional y que se fundamenta en un estudio realizado por la Universidad Eafit en el año 2014.
Olga Lucía Zapata, alcaldesa de Angelópolis, donde hay directriz para el cierre de 41 socavones que—dice el informe universitario avalado por la Agencia Nacional Minera— no cumplen con normas de seguridad ni garantías laborales para los trabajadores, cree que las decisiones al respecto deben tener planes sociales que minimicen el impacto, pues en su municipio la minería representa el 90 por ciento de la economía.
“Es complejo para nosotros, porque se habla de un cierre masivo de minas cuando no tenemos un plan de contingencia—ni de la Nación ni del departamento— que nos diga qué podemos hacer con 1.000 mineros del municipio”, explica.
Se quiere evitar una tragedia
Aún con el recuerdo de la tragedia de la mina La Cancha, en 2014, la más reciente y de gran magnitud en la región que dejó 12 personas muertas, los mineros insisten en que su trabajo es tan riesgoso como el de pilotear un avión.
De acuerdo con un informe de la Agencia Nacional de Minería, entre el año 2005 y hasta el 8 de marzo de 2016 se presentaron en Antioquia 153 accidentes en socavones.
La misma entidad, revela que en Colombia, 704 acci- dente sucedieron en socavones de carbón y el 74 por ciento fueron en minas ilegales. Esos accidentes dejaron en Antioquia 233 personas muertas y en el país, 1.050 fallecidos.
Para Catalina Gheorghe, directora de Salvamento Minero de la Agencia, existe subregistro, pues muchas unidades informales e ilegales no reportan emergencias.
Como sustento para determinar el cierre, que desde el año pasado se profirió para 24 minas de Amagá, principalmente de La Ferrería, la entidad del orden nacional advierte “un riesgo inminente de seguridad e inundación, debido a que están trabajando por debajo de la cota de inundación de la mina Industrial Hullera o porque hay posibilidades de colapso”.
“En La Ferrería se realizan trabajos en los pilares de pro- tección que se habían dejado anteriormente y que son necesarios para garantizar la estabilidad”, acota Gheorghe, como explicación al informe de 2016. Pero otra cosa cree Héctor
Taborda. Con la fuerza que le da su convicción, y la experiencia de 23 años metido en un socavón, dice que el riesgo por las bolsas de agua no es tan grande, y solo es cuestión de saber trabajar.
Héctor, quien trabajó dos décadas en la clausurada luego de un fatal accidente en los años 70, Industrial Hullera, ahora es ‘patrón’, como le dicen sus 15 empleados de la mina El Trapiche, de La Ferrería, una de las que tiene orden de cierre.
“No tengo título minero. Como minero sé que hay minas que hay que cerrar, porque no cumplen con nada. Esas, a nosotros que cumplimos, nos hacen quedar mal”, confiesa.
Este minero de 51 años, robusto y de ojos claros, anhela el título minero que no ostenta, aunque dice, le paga seguridad social a sus trabajadores, e incluso les da aguinaldo.
“La minería de tradición ha sido abandonada por el Estado, y no ha habido ayuda para salir adelante. En cambio, las empresas grandes, que ni son mineros, piden un título y se lo dan”, sentencia, mientras muestra con orgullo una máquina, que parece artesanal, pero separa el carbón de acuerdo con su tamaño y textura.
Opciones no satisfacen
El minero es minero, hasta la muerte, dice Héctor y es el pensamiento que replican todos los que ejercen ese oficio y que no muestran intenciones de dejarlo.
Ante la dificultad para mantener abiertas las minas, el alcalde de Amagá, Wilser
Molina, asegura que tiene 1.600 empleos en oficios dife-
rentes a la minería, como en la construcción de vías, vivienda, acueducto y alcantarillado para entregar a los mineros que queden cesantes tras el cierre de las 33 minas (10 ya fueron cerradas), que espera finalice a mitad de este año.
“Lo único que busco es proteger las vidas de los mineros que están en inminente riesgo por no explotar el mineral con tecnificación y sin tener seguridad social”, asevera, y admite que es difícil que los mineros acepten otro trabajo, “como en concesiones de Autopistas para la Prosperidad porque les pagan menos”.
El alcalde Molina, como su colega de Angelópolis, acepta que el municipio depende de la minería (un 80 por ciento del pueblo vive del mineral), pero asegura que ese ejercicio mal desarrollado puede acabar con Amagá.
“Las viudas de los 12 mineros que murieron en La Cancha en 2014, tienen una de-
manda contra el Municipio por un monto de 100.000 millones de pesos. Si ganan, este municipio se acabaría, porque no hay con qué pagar. Por eso es que hay que tener a la gente con sus respectivas prestaciones sociales”, agrega Molina.
Que den contratos mineros
El llamado de Héctor es el de otro dueños de 16 unidades mineras en La Ferrería: contratos de operación por zonas donde hay títulos caducados.
Delsin Durley Mazo, gerente de Asomicsi, afirma que hay varios proyectos que son viables de formalización y están siendo presentados a la Secretaría de Minas, para que les den contratos de operación.
“De toda el área son nueve unidades con viabilidad de legalización, de esas es porque unas están en área libre donde antes había un titular, como es el caso del Trapiche”, anota.
Mazo subraya que se busca que por cada área minera haya un solicitante o una persona titular que haga subcontratos de operación. Añade que unas minas están pidiendo la caducidad de un título que hace años no se explota para que se dé paso a la legalización de tres empresarios mineros a través de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS).
“Otras más son minas que están en áreas donde hay títulos de arcillas, pero se puede pedir como minería concu-
rrente, pues no tiene el área de carbón como tal, aunque en el título dice “y demás concesibles”, pero la empresa renunció a la explotación”.
Poco entiende Carlos Mario de lo que se discute en un despacho gubernamental, pero sabe que su oficio, lo único que sabe hacer, puede tener las horas contadas. “Cuando eso suceda, veremos que nos ponemos a hacer”, concluye