Desplazados del Baudó esperan la reparación
Los habitantes de esta región del Chocó sufren varios hechos victimizantes por grupos armados presentes en el territorio.
“La atención y reparación de víctimas se ha vuelto complicada porque no se cumple con la faltan recursos”. DAYRO PALACIOS Personero del Alto Baudó
El desplazamiento forzado al que se vieron sometidas 400 personas de las comunidades Cocalito, Apartadó, Puerto Córdoba y Peña Azul del Alto Baudó, luego de combates entre guerrilleros del Eln y bandas criminales, que se presentaron en el caserío de esta comunidad el pasado sábado 4 de marzo, no es el primer hecho victimizante que obliga a comunidades negras e indígenas a buscar refugio y dejar sus pertenencias.
Antes de este desplazamiento, la expulsión más grande de los territorios la vivieron el 23 de junio de 2104, cuando las etnias soportaron en el resguardo Tassi una embestida de presuntos paramilitares, que desencadenó el abandono del lugar de 24 familias. El hecho volvió a repetirse un año después en un territorio ancestral, lo que generó salidas individuales de las comunidades indígenas.
En febrero de 2016, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia volvieron a “darse bala” con el Eln, lo que generó el confinamiento y la imposibilidad de salir a cazar o a pescar, causando una emergencia alimentaria de la cual hoy aún sienten los rezagos; y las víctimas dicen que no han recibido ni siquiera la inclusión en el registro que las reconoce como tal. José Iber Orejuela, líder de Puerto Córdoba, es uno de los habitantes que se ha desplazado en dos ocasiones y lleva más de 10 años esperando por una reparación. “Yo he ido a Quibdó, he llenado el formula- rio muchas veces para que me inscriban y no me dan la ayuda. Todas las veces que me he desplazado tengo que empezar de cero porque cuando uno sale y deja todo, los animalitos y los cultivos, al volver ya no los encuentra. Toca endeudarse para comenzar y el Gobierno no ayuda”.
Que los reconozcan
El testimonio de José Iber se repite en los habitantes de los caseríos con los que EL COLOMBIANO conversó, y fue ratificado por Francisco Javier
Mosquera, enlace de víctimas del Alto Baudó, quien hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reconozca a las víctimas: “le solicitamos al Gobierno que sea más vehemente con la atención a los afectados, ya que hoy es irrisorio. Tenemos una población con el 99 % como vícti- ma y no hemos sido sujetos de reparación tanto individual como colectiva”.
Las reparaciones por las que aboga Mosquera serían direccionadas a proyectos productivos para todos los labriegos expulsados de sus parcelas, y serían invertidos, como se lo han manifestado los campesinos, afros e indígenas, en recuperar los cultivos y los semovientes, necesarios para
sobrevivir en este territorio.
El personero municipal del Alto Baudó, Dayro Palacios, asevera que efectivamente en el municipio hay población sin indemnizar y llevan entre tres y cinco años esperando por ayuda humanitaria.
Según la Unidad Nacional para la Atención a las Víctimas, el departamento del Chocó tiene 197.185 personas registradas como víctimas, de estas, hay 192.619 reconocidas como afectadas por el conflicto armado. En Colombia, según esta entidad, hay registradas 7.108.181 personas desplazadas de manera forzada por los actores del conflicto