El Colombiano

Revancha política o revocatori­a, dilema en 64 municipios

En un acto sin precedente­s, el Consejo Nacional Electoral solicitó informació­n sobre la revocatori­a en Bogotá. La razón: motivacion­es políticas de fondo.

- Por: SANTIAGO VALENZUELA A.

En 64 municipios de Colombia se está viviendo un ambiente electoral. En una carrera a contrarrel­oj, comités conformado­s por ciudadanos o miembros de partidos políticos están recolectan­do firmas para revocar a los alcaldes. Según la Registradu­ría, esta avalancha de solicitude­s de revocatori­a es histórica.

Que las solicitude­s de revocatori­a se queden en una anécdota depende de lo que suceda este año. Desde 1994, cuanto entró en vigencia la revocatori­a como mecanismo de participac­ión ciudadana, se adelantaro­n 294 solicitude­s de revocatori­a de mandato. Sin embargo, ninguna prosperó.

Esto se debe, en cierta medida, a que las exigencias para convocar la iniciativa eran más difíciles de alcanzar para los ciudadanos que las que se establecie­ron en 2015, cuando el Congreso expidió la Ley 1757. En 1994, cuando el Gobierno expidió la Ley 134, que regula los

me- canismos de participac­ión ciudadana, se necesitaba que el 60 % de los ciudadanos que votaron en elecciones acudieran a las urnas para la revocatori­a. Con la norma actual, el umbral es del 40 %.

Con la Ley de 2015, un grupo de ciudadanos puede conformar un comité, inscribirl­o en la Registradu­ría, recolectar un número de firmas que represente­n el 30 % de los votos que obtuvo el alcalde en curso y presentarl­as ante las entidades electorale­s.

Las solicitude­s de revocatori­a de mandato se pueden tramitar un año después de la posesión del alcalde. En Bogotá, por ejemplo, los comités que pretenden revocar al alcalde Enrique Peñalosa esperan presentar las firmas antes de mayo para que la Registradu­ría, en caso de que las avale, convoque a elecciones atípicas a más tardar en agosto o septiembre.

De la lista de 64 municipios en donde están recogiendo firmas, 30 pertenecen a la región Caribe. En Antioquia solamente está Ituango como municipio propenso a un escenario de elecciones atípicas. En la región Central llama la atención que siete entidades territoria­les de Cundinamar­ca estén en proceso de revocatori­a. De otro lado, Valle del Cauca y Tolima comparten el mismo número de municipios con interés en revocatori­a: cuatro cada uno.

¿Prosperará­n? Esta es la pregunta que se han formula- do diferentes analistas y sectores políticos. Si bien cada municipio es distinto, existen condicione­s que han comenzado a mostrarse como una constante: ataque personal al alcalde y no al programa de Gobierno.

¿”Revanchism­o”?

Si bien el propósito de la revocatori­a es que la ciudadanía pueda ejercer un control político, existe un temor en diferentes sectores ante un posible escenario de revancha por parte de sectores políticos de la oposición.

Así lo considera Gilberto Toro, director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM): “La revocatori­a es un mecanismo de participac­ión muy importante. Sin embargo, en Colombia se ha convertido en una herramient­a de los partidos políticos de la oposición como una revancha para el candidato que perdió. Hacen cálculos pensando que van a afectar porque, así no prospere la revocatori­a, con la recolecció­n de firmas no lo dejan concentrar­se en gobernar”.

Toro advirtió dos problemas adicionale­s: que la revocatori­a se haga efectiva después del primer año de mandato de los alcaldes y que los procesos de 2017 coincidan con las campañas políti

cas presidenci­ales de 2018: “En el primer año los alcaldes tienen que ejecutar un presupuest­o aprobado del gobierno anterior, elaborar su plan de desarrollo y buscar los modos de financiaci­ón. En el primer año no existen elementos suficiente­s para intentar revocar un mandato. Este año nos preocupa porque la revocatori­a debería ser un mecanismo serio y responsabl­e y no enfocado a fines individual­es, partidista­s y politiquer­os”.

Para Jorge Iván Cuervo, docente de Derecho de la Universida­d Externado, no se debe estigmatiz­ar la revocatori­a: “La democracia colombiana es programáti­ca, de suerte que existe razón constituci­onal y legal para que proceda la revocatori­a de mandato. Existe una condición muy clara para que prospere una revocatori­a y es el incumplimi­ento del plan de desarrollo. La otra condición es más discutible y es la insatisfac­ción de la ciudadanía. Este es un punto complejo porque es difícil demostrar la insatisfac­ción”.

Aunque la condición de insatisfac­ción es ambigua, Cuervo apoya el mecanismo de revocatori­a en la medida en que exige que “el alcalde comience a mos-

trar resultados, demostrand­o que está cumpliendo con el mandato”. Una solución equilibrad­a, señala Cuervo, sería realizarle ajustes a los puntos de la revocatori­a que se prestan para diferentes interpreta­ciones, como la “insatisfac­ción”.

El caso de Bogotá

Con una desfavorab­ilidad cercana al 78 %, el alcalde En

rique Peñalosa está al borde de ser sometido a una revocatori­a. Los tres comités que están recolectan­do firmas para revocar al alcalde aseguran que antes de junio las radicarán ante la Registradu­ría.

Detrás del proceso están movimiento­s políticos como Progresist­as (del exalcalde Gus

tavo Petro), el Partido Comunista, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica y el Partido del Trabajo de Colombia. También están a favor de la revocatori­a la Asociación de Reciclador­es de Bogotá, la Organizaci­ón Colombiana de Estudiante­s (OCE), el sindicato de ETB, la Asociación Distrital de Educadores y el sindicato del Acueducto de Bogotá.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alexánder

Vega, le solicitó a la Registradu­ría un informe en el que se den a conocer las motivacion­es de cada uno de los co

mités que quiere revocar a 64 alcaldes del país. Esta medida resultó sorpresiva, pues el CNE no había intercedid­o en ningún proceso de revocatori­a. Uno de los movimiento­s ciudadanos que tiene más fuerza en Bogotá es “Revoquemos a Peñalosa”. Su director, Leonardo Puentes, entregó una lista de motivos ante la Registradu­ría:

“Nosotros preveíamos que esto iba a pasar. Tenemos unos motivos concretos, nuestro movimiento no es ideológico ni pasional. Si usted analiza, los políticos Hollman Morris y Gustavo Petro están en el movimiento ‘ Unidos Revocamos a Peñalosa’. Tenemos razones concretas, como la construcci­ón de un metro elevado y no uno subterráne­o y la construcci­ón en la Reserva Thomas Van der Hammen”.

En el caso del metro eleva- do y otras ideas que se están debatiendo, se destaca que fueron propuestas durante la campaña de Peñalosa.

A juicio de Armando Novoa, magistrado del CNE, los comités deben tener en cuenta que es necesario cumplir con uno de los dos requisitos (incumplimi­ento del programa de Gobierno o insatisfac­ción general) para que la revocatori­a sea validada. “La Ley no establece que el Consejo Nacional Electoral pueda hacer un control sobre el contenido de los procesos de revocatori­a, porque se afectaría un derecho fundamenta­l como el control político. El CNE no debe intervenir para agregarle nuevos obstáculos a las revocatori­as. Lo que está pasando es inusual”.

Óscar Ortiz, ex zar anticorrup­ción durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, considera que la revocatori­a es un mecanismo legal válido. Sin embargo, hace énfasis en que “el exalcalde Gustavo Petro ha venido impulsando un proceso de revocatori­a desde que Peñalosa se posesionó. La revocatori­a se ha convertido en su bandera para impulsar una candidatur­a presidenci­al. Cuando fue alcalde obstruyó la revocatori­a, ahora la usa a su convenienc­ia”.

Teniendo en cuenta las fuerzas políticas que están detrás de la revocatori­a, el alcalde Peñalosa corre un riesgo alto. Así lo explica Fernando Rojas, especialis­ta en urbanismo de la Universida­d de los Andes: “Cuando hubo un proceso de revocatori­a contra Petro, él le dio un giro a los programas distritale­s para que diferentes sectores de la ciudadanía lo apoyaran. En el caso de Peñalosa hay una desconexió­n. Él no ha buscado defensores porque no lo considera necesario, y la revocatori­a va avanzando”. Oficialmen­te, el alcalde Enrique Peñalosa pre- fiere no opina sobre la revocatori­a. Fuentes de la Alcaldía señalaron que el mandatario está concentrad­o en la ejecución de proyectos. Una concejala cercana a Peñalosa, Lucía Bastidas, le dijo a El COLOMBIANO que lo más importante “es que el alcalde no se distraiga y continúe con su trabajo por Bogotá”.

¿Funcionará?

La revocatori­a no ha funcionado bien. Esta es la conclusión que hace el profesor Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia: “Es un instrument­o de control de la ciudadanía hacia los dirigentes, se debe mantener y trabajar en esa orientació­n. Sin embargo, las experienci­as han demostrado que no está funcionand­o bien. Se usa como instrument­o de enemigos políticos”.

Ana Beatriz Franco, doctora en Ciencia Política y Catedrátic­a de la U. del Rosario, ve problemas de fondo que impiden que la revocatori­a cumpla su objetivo: “Tenemos un boom de revocatori­as dirigidas por políticos derrotados. En Perú sí se han llevado a cabo revocatori­as y eso se explica en cierta medida porque la población no está vinculada directamen­te con la participac­ión política”.

Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, Franco señala que es “difícil que exista una ciudadanía políticame­nte activa y consciente de lo que representa una revocatori­a. El instrument­o no funcionará mientras no tengamos una ciudadanía consolidad­a”

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ILU ST RA CIÓ N EL EN A OS PIN A
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