El Estado no puede bajar guardia ante disidencias

El tema de las deserciones y disidencias dentro de un grupo ilegal, en medio de conversaciones de paz como las celebradas con las Farc, debe alertar a las partes firmantes y a los países garantes, e incluirse en los mecanismos de monitoreo. Este fenómeno ha acompañado todos los procesos de paz firmados en Colombia, de manera que quedan en los territorios unos actores armados dedicados a obtener rentas ilegales, especialmente del narcotráfico. La excepción la constituyó el grupo Quintín Lame, que firmó acuerdos en 1991 para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, sin disidencia alguna. Muchos de los combatientes que se desmovilizan y que después retornan a la ilegalidad, tienen el riesgo de ser reclutados por bandas criminales o grupos guerrilleros activos, como el Eln. A veces conforman nuevas agrupaciones, como las que están surgiendo en el sur del país. Suelen manejar información sobre las actividades, territorios y comunidades que antes sirvieron al grupo neutralizado. Entonces logran apoderarse de cultivos ilícitos e incursionar en actividades de control territorial, cuando el Estado no lo hace oportunamente. Además, utilizan las comunidades como base social para sus operaciones, como proveedoras de combatientes y como mano de obra expedita. Si bien al momento las deserciones en las filas de las Farc representan un porcentaje bajo, las violaciones o incumplimientos de lo acordado pueden estimular esta práctica. Compete al Estado y sus FF.MM. adoptar planes de contención y sostenibilidad generalizados para minimizar el accionar disidente, desarticular sus estructuras y mantener la iniciativa en el proceso de consolidación institucional. Las Farc en las zonas veredales representan la mejor ocasión para lograrlo y para acentuar el rigor de la constitucionalidad”.