QUE EL GOBIERNO FIJE POSTURA CON BANDAS

El aumento de la presencia de las bandas criminales en el país, en hombres y territorios, obliga al Gobierno Nacional a precisar cuál es su política militar y jurídica frente a esas organizaciones y a poner en marcha estrategias definitivas para su desarticulación.

Mientras que la indefinición se mantiene, esas organizaciones afianzan su participación en la cadena del narcotráfico (desde los cultivos ilícitos hasta el envío de droga) y crecen los riesgos de confrontación con el Eln, de atropellos a la población civil y de alteración del proceso con las Farc, tanto en las zonas desocupadas por esa guerrilla como en las que se dé su reubicación.

Son numerosos los indicios de que desde el Ejecutivo, algunos actores políticos y otras personalidades, además de la Iglesia Católica y la misma Fiscalía, se tejen contactos y acercamientos con voceros e intermediarios de estructuras como el “Clan del Golfo” y “la Oficina”, para buscar salidas que lleven al desmonte de un fenómeno que está a mitad de camino entre el “narcotráfico puro” y el “paramilitarismo de vieja data”.

Las mismas Farc, en los acuerdos con el Estado, aceptaron abrir una ventana que dé paso a alternativas y mecanismos de sometimiento de esos grupos. En documentos incautados a miembros del Clan del Golfo, por ejemplo, se lee que hay una “doctora” encargada de las gestiones ante los facilitadores y puentes con el alto gobierno.

En entrevista con este diario, el alto comisionado de Paz,

Sergio Jaramillo, aceptó que sería posible, pero puso por ahora la responsabilidad de la tarea en manos de la Fiscalía.

Congresistas de izquierda, de aquella izquierda tradicional que no aceptaba años atrás que hubiese algún tipo de diálogo con grupos que consideraban “expresiones de paramilitarismo” amparado por el Estado, hoy ven la posibilidad de desactivar esos actores de violencia mediante acuerdos de entrega al aparato judicial, con condiciones de favorabilidad que ellos exigen, en especial en el tiempo de las penas privativas de la libertad.

De hecho, las pruebas documentales de las gestiones de los representantes de las bandas rezan que en ningún momento se trata de “una negociación”, pero queda también claro que no habrá extradición a los Estados Unidos, como ocurrió con los jefes de las autodefensas, en 2008.

Por qué no se le habla claro al país del tema y se anuncia si, como lo exigiera Washington, la única opción es el combate militar y la captura o la “baja” de los miembros de las bandas, o si se abrirá paso a alguna solución jurídica. Todo ello porque, entre tanto, siguen matando líderes, desplazando comunidades y haciendo del país un mar de coca

El Gobierno debe decidir el camino militar o jurídico frente a las bacrim.