LUTO POR LOS LUCHADORES SOCIALES
El pasado dos de marzo, en la madrugada y mientras se movilizaba por un sector del Barrio Niquía de Bello, fue asesinado Fabián Antonio Rivera
Arroyave, quien a la sazón era el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Rosalpi. Ese mismo día, la Asociación encargada de liderar esos organismos en dicho municipio rechazó muy airada el crimen; se trataba de un líder social de apenas 23 años que, lleno de ilusiones, luchaba a brazo partido por su comunidad.
Por supuesto, este grave delito no es uno más de los que algunos burdos medios de comunicación califican como “ajustes de cuentas”, frase de cajón con la cual se ocultan muchas monstruosidades que desangran a una sociedad insensible, solo preocupada por cosas materiales, y sorda ante el dolor humano. Es que, como lo ha puesto de presente el Defensor del Pueblo en reciente entrevista, ese hecho se inscribe en una larga cadena de barbarie.
En efecto, en menos de catorce meses han sido muer- tos en similares condiciones 120 luchadores por las causas sociales y defensores de los derechos humanos, esto es, casi nueve personas al mes, lo que equivale a un promedio terrible de dos víctimas semanales. Y, para acabar de ajustar, según datos recientes de Amnistía Internacional, el 28 % de esos crímenes en el mundo se cometen contra colombianos, mientras que en el continente latinoamericano ascienden al 36 %.
Es más, en el lapso comprendido entre el primero de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, la Defensoría ha conocido de 430 amenazas y situaciones de riesgo, 33 atentados y 27 agresiones. Los departamentos más afectados son los de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y el Valle del Cauca.
Por supuesto, preocupa la extensión territorial donde se producen tan graves conductas, la forma como se ejecutan, las calidades de las víctimas e incluso un aparente patrón criminal que parece dar cuenta de un diseño único y de una sistematicidad clara. Esto amerita que, de un lado, las autoridades dirijan todos sus esfuerzos a perse- guirlas y no dejen dormir las actuaciones en los anaqueles de la impunidad y la infamia; pero, de otro lado, la sociedad toda se tiene que conmover hasta en sus cimientos más profundos e invitar a la reflexión y la crítica.
No es, pues, posible que en un país que se dice católico estas acciones criminales se lleven a cabo de manera cotidiana y nadie diga nada, por temor o –lo que es más grave– por indolencia y desinterés. ¡Este desangre tiene que parar! Los líderes de gremios, iglesias, partidos políticos, movimientos estudiantiles, la prensa toda, se tienen que pronunciar. Si es preciso, se debe salir a las calles a protestar contra estos aparentes grupos de exterminio social que asesinan a los líderes sociales que quieren un mejor país.
Así, es imposible lograr la paz y construir la democracia porque la única concordia es la de los camposantos. Si no se blinda (y ello no se logra con los escoltas y carros lujosos, que el Estado solo destina a los burócratas de siempre) a los que luchan por los derechos humanos, las causas sociales y los más necesitados, la batalla encaminada a instaurar una mejor convivencia nacional está perdida de forma irremediable.
Por eso, ante la impotencia y la desesperanza que estas salvajadas producen, frente a la injusticia y la falta de presencia del Estado, tal vez solo reste pronunciarse de manera escueta y penetrante como lo hizo Asocomunal Bello para decir, en homenaje a la nueva víctima: “enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos en este momento de tristeza absoluta”; el movimiento comunal bellanita y, con él, ese sector del país que todavía no ha sido derrotado por la indiferencia y el olvido más aterrador, “está de luto”
No es posible que en un país que se dice católico estas acciones criminales se lleven a cabo de manera cotidiana y nadie diga nada por temor o indolencia.