El laberinto de liquidar a Electricaribe
En un año, la Costa tendría nuevo operador para atender a 2,5 millones de usuarios. Gas Natural Fenosa anunció demanda. Están en juego $4 billones.
Este fue el plazo que estableció el Gobierno, sin embargo, Gas Natural ya anunció demanda. ¿Alcanzará el tiempo?
Gas Natural Fenosa, la empresa española que posee el 85 % de las acciones de Electricaribe, principal operador de energía en la Costa, está preparando una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por la inminente liquidación de la compañía.
Los 2,5 millones de usuarios de la región Caribe afiliados a Electricaribe están a la espera de que el proceso de liquidación se adelante en un período corto. Sin embargo, el primer palo en la rueda podría ser la demanda de Gas Natural Fenosa, que tendría como pretensión una indemnización por 4 billones de pesos.
Pese a la batalla jurídica que se avecina, el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, anunció que el proceso de liquidación debe realizarse en un año como plazo máximo. “Todas las decisiones de la Superintendencia son susceptibles a ser demandadas, pero eso no puede llevar a que desconozcamos nuestra labor y misión legal”.
Pese a que la Superintendencia asumió el control de Electricaribe en noviembre de 2016, la situación financiera de la compañía es insostenible y , a juicio de Mendoza, no se estaba prestando un servicio adecuado en la región, lo que va en contra del artículo 365 de la Constitución y de la Ley 142 de 1994.
De acuerdo con una evaluación que realizó la Superintendencia, el pasivo total de la empresa asciende a 2,4 billones de pesos, de los cuales 1,8 billones de pesos corresponden a entidades financieras. “Hay pasivos pensionales que estamos tratando de tasar, de la misma manera que los activos de la compañía”, dijo Mendoza.
El hecho de que Electricari-
be presente continuas fallas en el servicio, como los constantes apagones, se debe, según la Superintendencia a un “rezago en materia de inversiones”, afectando “los niveles de calidad o potencia”.
Para que Electricaribe cumpla con los estándares de calidad previstos en la Ley necesita, como mínimo, inversiones anuales por 264.000 millones de pesos, obligación que Gas Natural Fenosa se ha negado a asumir. Así lo establece la resolución de la Superintendencia, con la que se hizo oficial la liquidación.
Reclaman por morosidad
Según Gas Natural, las inversiones no se han realizado como pretendía el Gobierno, en parte, por la deuda de 4 billones de pesos que acumulan los usuarios de la Costa Caribe con la compañía. Electricaribe, según Gas Natural, ha presentado un déficit por la deuda que no han pagado el 52 % de sus usuarios. En promedio, al empresa levanta anualmente cerca de 20 mil actas por deudas de los usuarios a la firma.
Gas Natural culpa al Gobierno por no garantizar condiciones jurídicas para que Electricaribe pueda operar en el país: “la administración colombiana no ha tomado medidas para evitar el colapso de la sociedad por falta de una adecuada regulación y seguridad jurídica”, ha señalado la entidad.
El superintendente de Servicios Públicos aclaró que el Estado solamente le reconocerá ca-
pital a la compañía española si “quedaran recursos adicionales tras pagar a los acreedores”.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, fue contundente al señalar que “la amenaza de la demanda” no va a detener la liquidación. De hecho, reveló que Gas Natural solamente estaba dispuesta a ofrecer 200.000 millones de pesos anuales en inversión, capitaliza-
ción insuficiente para solucionar los problemas de la prestación del servicio.
Para Pablo Emilio Santos, presidente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Eléctrico, la liquidación se llevó a cabo “cumpliendo con la Ley. En este caso no pueden alegar inseguridad jurídica porque las leyes 142 y 143 son muy claras frente a las obligaciones mínimas que deben cumplir las empresas que prestan servicios como el de energía. Electricaribe tiene el récord de desconexiones en Colombia, no puede hablar de incumplimiento del Estado cuando ellos no cumplieron”.
Esta información fue confirmada por el Alto Consejero Presidencial para las Regiones, Carlos Eduardo Correa: “El promedio de horas sin luz en el Caribe cuadruplica el promedio nacional, que está en 25 horas al año. La industria y los usuarios se han visto afectados durante muchos años por cortes de luz y un servicio poco eficiente”.
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, considera que se cumplieron las condiciones para adelantar la liquidación. “La solución no puede ser otra que mejorar la prestación de servicio, el cual pasa por un cambio de operador”.
Continúa intervención
Mientras se adelanta el proceso de liquidación, Electricaribe, intervenida por el Gobierno, seguirá asumiendo la prestación del servicio de energía. “Esto va a ocurrir mientras conseguimos un nuevo operador. Organizaremos una subasta pública y competitiva para escogerlo”, dijo Mendoza.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, celebró la decisión y aseguró que el proceso de liquidación se llevará a cabo antes de lo previsto: “Ahora viene un periodo tortuoso, pero nada peor de lo que paso los últimos diez años. Y en los próximos cinco meses se podría abrir una audiencia para conocer el nuevo operador, según me dijo el superintendente”.
En el corto plazo, el gobernador de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, recomendó elaborar un plan de inversiones para los 1,5 billones de pesos que el nuevo operador deberá invertir en la región Caribe, como estableció el Gobierno. Es prioritario, según él, invertir en el mantenimiento de redes y la expansión del Sistema de Transmisión Regional (STR)