Presidente, acábenos de enterar
Si el presidente Santos condena las “verdades a medias” que rodean el ingreso de USD 400.000 de Odebrecht a su campaña 2010, él es el llamado a dar claridad y abrir sus libros, incluso los de 2014.
La posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) considere que a casi siete años de la campaña presidencial de 2010 el plazo para iniciar alguna investigación ya venció, según el artículo 52 de la Ley 1437, Código de Procedimiento Administrativo, las responsabilidades políticas, éticas e incluso penales, si las hubiere, continúan vigentes. Si el presidente Juan Manuel Santos, como él mismo lo dijo, acaba de enterarse, y si pretende que los cuestionamientos a la legalidad de los recursos que financiaron su elección no tengan como germen “verdades a medias” de sus antagonistas, bien podría empezar por aportar los documentos, las explicaciones y las disculpas necesarias al país.
Debe advertirse que Roberto Prieto, entonces coordinador operativo de la campaña Santos Presidente, ya aceptó en público que se recibieron USD 400 mil para pagar la impresión de dos millones de afiches de propaganda. “La irregularidad -ha dicho él mismo- es evidente”.
Esta autoinculpación, que llegó después de repetidas negaciones y contradicciones de Prieto los últimos 20 días frente a los contactos y aportes de Odebrecht, en momentos en que Santos heredaba el capital político de su jefe y presidente en ejercicio Álvaro Uribe, exigen explicaciones amplias, detalladas y prontas a la opinión pública.
Las salpicaduras de lo dicho por Prieto alcanzan para que el presidente Santos incluso abra a los organismos interesados los libros de su campaña reeleccionista 2014. Ya por la nómina algo parecida de colaboradores que lideró su equipo hace tres años, como por la diligente y necesaria disposición que debe mostrar para rendir cuentas ante los electores propios y ajenos.
Dar por sentada la caducidad de los hechos ante la competencia del CNE, en la perspectiva de un potencial juicio de responsabilidades administrativas, e informar al país que apenas (anteayer) el presidente pudo enterarse de lo ocurrido siete años atrás, no deja sin piso eventuales irregularidades que pueden cruzar al terreno de lo penal, por enriquecimiento ilícito o por falsedad y fraude en documento privado, si se establece que la campaña no reportó esos dineros y que pasaron a terceros que, a su vez, agenciaron piezas publicitarias con recursos entregados, en otra anomalía más, por una persona jurídica extranjera, lo cual está prohibido en la Ley 996 de 2005.
Contraria a la tesis de que después de tres años de ocurridos los hechos el CNE pierde competencia, magistrados del organismo aseguraron a este diario que la Ley de Garantías los ampararía para que, tras conocer eventuales irregularidades, revisen los ingresos de las campañas. Entre las sombras contables aparecen luces jurídicas.
Dada la bajísima aceptación y popularidad que acompañan al Gobierno en las encuestas y la cotidianidad; ante lo bochornoso de estos episodios, según palabras del mismo presidente, y debido a las dudas de si realmente él se enteró del ingreso de esos dineros a su campaña, es obvio que una verdad completa reposa en las manos del mismo Juan Manuel Santos.
Si a juicio del jefe de Estado Odebrecht era una transnacional con una división dedicada al soborno, lo menos que él puede hacer es enterarnos bien sobre si aquella empresa corruptora vulneró sus huestes. Dejar el asunto al cruce interminable de opiniones, incluida la del presidente, es despreciar la verdad de los documentos y las pruebas. Los adjetivos y comunicados de lugares comunes y estériles no sacarán al país de tanta incertidumbre