Alerta por mercurio en el sur de Bolívar
Un registro importante de actividades mineras legales, ilegales e informales se convirtieron en un problema preocupante por el vertimiento de aguas residuales con presencia de cianuro, mercurio y otros contaminantes en el sur del departamento de Bolívar.
Así lo dio a conocer ayer la Contraloría General, entidad que en un informe destacó que se debe a la falta de coordinación entre la Corporación Autónoma Regional del sur de Bolívar y las autoridades locales, regionales y la Fuerza Pública para ejercer labores de control. Agregó que la situación del uso indiscriminado de mercurio se suman situaciones como la inestabilidad de terrenos en áreas deforestadas y la tala indiscriminada de bosque para la comercialización de madera.
La Contraloría señaló además que la Corporación Autónoma presenta un comportamiento financiero crítico, particularmente una situación de iliquidez para cancelar sus deudas a corto y mediano plazo.
El informe del ente de control es claro en indicar que “la magnitud del problema del manejo de las aguas residuales de las actividades mineras, en la jurisdicción del sur de Bolívar, lo representa el hecho de que no se tiene la dimensión de los volúmenes que se generan, ante el incontenible frente de explotaciones y beneficios de mineros informales e ilegales”.
Agregó que no hay dato alguno sobre los volúmenes y características de sus vertimientos residuales y tampoco hay control de todos los permisos ambientales.
A esto se suma que la Corporación Autónoma del Sur de Bolívar viene entregando permisos ambientales a títulos mineros formalmente registrados ante la Agencia Nacional de Minería, de los cuales no cuenta con registros del volumen de descarga y si están aplicando sistemas de tratamiento previo a su disposición, según indicó la Contraloría.
El informe advirtió que además se han presentado efectos sobre la salud humana y animal. Estudios realizados por la Universidad de Cartagena indican la presencia de sustancias en lodos y sedimentos, su incorporación en la cadena alimenticia e impacto en la salud de las poblaciones asentadas, que tienen como fuente los recursos naturales de estos ecosistemas asociados a los cuerpos de aguas que reciben los residuos de las zonas mineras