¿Qué pasará con el dragado del río Magdalena?
Se espera que a principios del próximo año esté lista la nueva licitación que se hará también a través de APP. Este año el Invías y Ecopetrol realizarán el dragado.
Tras declararse ayer la caducidad del contrato de navegabilidad del río Magdalena, en el que el Gobierno trabaja desde hace tres años, los escenarios para buscar su recuperación no son alentadores. Aunque el Gobierno seguirá con las obras de dragado, un nuevo proyecto puede tardarse en estructurarse y en adjudicarse un par de años. Otro escenario que contemplan los expertos es que se archive indefinidamente el sueño de ver navegable el río. Cormagdalena además multó a Navelena con 55.000 millones de pesos por no cumplir con el cierre.
Sin embargo, aún hay un camino para Navelena y es que a raíz de la caducidad del contrato por parte de Cormagdalena, el consorcio apeló esta decisión, por lo que tendrá hasta el 3 de abril para salvar la ejecución del proyecto, de lo contrario se ratifica la caducidad.
Luis Fernando Andrade, director encargado de Cormagdalena, informó que lo que sigue de manera inmediata para el río Magdalena son dos pasos: uno, garantizar el dragado a través del Invías y dos, realizar un nuevo contrato de Alianza Público Privada, APP. No obstante, este nuevo contrato solo estaría listo a principios del próximo año.
“El Invías hizo un acuerdo con nosotros para mantener el dragado y la profundidad del río Magdalena entre el puente Pumarejo y el mar. Además, hicimos un acuerdo con Ecopetrol para realizar dragado entre la zona de Pinillos y Barrancabermeja que es la zona de circulación más importante para Ecopetrol. Además, Cormagdalena asumirá cualquier otro problema que se nos pueda presentar”, dijo Andrade.
Agregó Andrade que la nueva APP está prácticamente lista. “Lo que pasa es que los tiempos de contratación son largos. Primero tenemos que hacer un proceso de socialización para asegurarnos que el nuevo contrato incluye lo que los usuarios del río están pidiendo. Segundo, debemos obtener las aprobaciones presupuestales en el Ministerio de Hacienda y en Planeación Nacional, y por último, debemos abrir un proceso licitatorio. Esperamos que en este proceso nos tomemos un año”.
Frente a los recursos que se necesitarán para mantener las condiciones de navegabilidad dijo que se tienen 40.000 millones de pesos.
Pero entonces, ¿qué sigue? ¿qué pasará con el sueño de llevarle el desarrollo a los municipios ribereños? ¿qué pasará con la proyección de mover 6 millones de toneladas al año?
El proyecto que no fue
El tiempo del contrato de navegabilidad del río Magdalena, el cual se estructuró como una Alianza Público Privada, APP, comenzó a correr desde agosto de 2014 cuando el presidente Juan Manuel Santos firmó el acta del inicio de dicho contrato. El proyecto duró cerca de 2 años y siete meses tratando de arrancar. En su discurso de aquel día, Santos soñó con unas obras que, según él y el mismo contrato, desde mediados de 2016 tendrían que haber empezado su etapa de construcción.
El presidente dijo entonces: “en un año (2015) vamos a ver el 60 % de la navegabilidad completada. En un año (2015) estarán habilitados 650 kilómetros. Se movilizarán 8.200 toneladas entre Barranca y Barranquilla, y Barranca y La Dorada. En dos años (2016) se movilizarán 6 millones y en 5 años 10 millones de toneladas”.
Sin embargo, en estos meses las obras no avanzaron. Aunque Navelena realizó el mantenimiento del río y logró garantizar la navegabilidad, aun en tiempos de sequía, las obras de encauzamiento se quedaron en el papel.
Y es que, específicamente, el contrato se atrancó en el cierre financiero luego de que estallara el escándalo de Odebrecht. En mayo de 2016 la multinacional brasileña decidió ceder su parte accionaria y empezó el largo camino para buscar financiación. Sin embargo, el 16 de diciembre del año pasado, Navelena presentó el recurso financiero respaldado por el banco Sumitomo de Japón al prestar 250 millones de dólares y se dio por hecho que estaba listo el cierre financiero. Pero la dicha duró poco y en enero de este año el banco japonés se retiró por el supuesto pago de sobornos de Odebecht para la ejecución de obras. Ante los constantes incumplimientos para lograr la financiación, Cormagdalena tomó la decisión de declarar la caducidad el contrato con Navelena.
A la espera
Augusto García, exdirector de Cormagdalena y encargado de la estructuración del proyecto de navegabilidad que ayer se archivó, le dijo a El COLOMBIANO que Cormagdalena no tenía alternativa, pues el contratista no cumplió con una de las obligaciones principales, obtener los recursos de crédito para lograr el cierre financiero. “Ojalá me equivoque, pero creo que los colombianos tendrán que esperar muchos años para poder ver al río Magdalena navegable”.
Agregó que en caso de una nueva licitación no entiende de dónde se sacarán los recursos ya que “en la adición presupuestal por 6 billones presentada por el presidente Santos al Congreso en estos días, no hay un solo peso para esta obra. Mire, el mismo proyecto que yo adjudique, debe ser incrementado en 600.000 millones de pesos y este dinero no lo tiene Cormagdalena”.
García dijo que frente a la decisión de declarar la caducidad sintió, en lo personal, que perdió tres años de su vida. “Estoy convencido que elaboramos un muy buen contrato, pero desafortunadamente, el socio mayoritario de la empresa a la que se le adjudicó el contrato, no demostró la conducta que esperábamos”, dijo.
Carlos Rosado, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, seccional norte, dijo que la caducidad representa una oportunidad para mejorar las condiciones del canal de acceso. Sin embargo subrayó que el nuevo contrato debe darse en la mayor brevedad. “En este momento hay que tomar acciones inme- diatas para atender los problemas que hay no solo en el canal de acceso a Barranquilla sino la navegabilidad hacia el interior del país, pues veo con buenos ojos que un contrato que consideramos fallido pueda cambiar el rumbo y tener un buen resultado”.
Agregó que dada la caducidad, espera que el Gobierno adelante mesas de trabajo para que la estructuración de un nuevo contrato cumpla con las expectativas tanto de los portuarios como de los navieros.
Entretanto, el senador barranquillero José David Name dijo que esta caducidad era previsible y advierte que está ajustada a la ley. “Este proyecto representa una nueva frustración para los colombianos; este es el naufragio de una de las promesas bandera del presidente Santos, el retraso de una obra que es vital para el desarrollo económico y social del país. Yo me pregunto: ¿De qué nos sirve modernizar las vías si el gran soporte del transporte multimodal agoniza?”, dijo.
El congresista tampoco es optimista y aseguró que un proyecto del alcance de este que ayer se caducó, es difícil que el país vuelva a tenerlo. “Al paso que vamos, el país tiene que valerse de una navegabilidad en estado de emergencia permanente. Hay 40.000 millo-
nes para trabajos de dragado, pero eso es un simple contentillo porque los requerimientos superan 5 veces ese valor”.
¿Y el canal de acceso?
Al tema contractual, se le sumó esta semana el llamado urgente de las autoridades regionales del Atlántico quienes advirtieron de la emergencia en el que está el canal de acceso a Barranquilla ya que no ha sido posible su dragado. Por eso se ha pedido declarar la calamidad pública.
René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria regional Barranquilla, manifestó que lo más importante fue que se tomó una decisión definitiva con respecto a Navelena porque hay necesidades puntuales que mientras el contrato ha estado en el limbo, no han podido solucionar como lo es el dragado del canal de acceso.
“La situación nuestra es compleja porque mientras el río Magdalena este concesionado no puede haber otra empresa pública o privada que pueda intervenirlo, por eso se ha pedido declarar la calamidad”, expresó.
Dijo que espera que el Gobierno atienda la solicitud de incluir el canal de acceso en un nuevo contrato, ya que han venido solicitando la posibilidad de profundizar el canal de acceso a 15 metros y su ampliación de 150 a 300 metros en todo el canal, “con el fin de mantenernos competitivos con otras zonas portuarias del país e impulsar la competitividad de Barranquilla como zona portuaria”