Consultas se podrían frenar
Ante las nuevas consultas populares que se avecinan en el país, la Asociación Colombiana de Minería le pidió al Congreso una nueva norma.
La Asociación Colombiana de Minería propone un proyecto de Ley para que no sean necesarias más consultas populares. En cuatro municipios ya están recolectando firmas.
El gremio minero está intranquilo por el efecto “bola de nieve” que está generando la consulta popular minera que se realizó en Cajamarca, Tolima. “Tenemos mapeados 10 departamentos en donde se van a hacer consultas populares, no solo para frenar proyectos mineros, sino de gas y eléctricos”, dice Santiago Ángel Urdinola, presidente Asociación Colombiana de Minería (ACM).
La consulta popular en Cajamarca, que con el 97 % de los votos a favor del ‘No a la minería’ puso en jaque al proyecto La Colosa, de la multinacional AngloGold Ashanti, ha despertado interés en municipios como Pijao (Quindío), Marmato (Caldas) Carmen de Chucurí (Santander) y El Paujil (Caquetá).
En Pijao, Quindío, ya existe un movimiento a favor de la consulta popular liderado por la exconcejal Mónica Flórez. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), “de los 42 títulos mineros otorgados en los tres municipios de Salento, Córdoba y Pijao, un 70 % están en proceso de renuncia por parte de las empresas, todos ellos de oro, y ninguno actualmente en actividad”.
En Santander, el alcalde del Carmen de Chucurí, Isaías Rueda, confirmó que en el transcurso de abril realizarán los trámites para llevar a cabo una consulta popular como la que se hizo en Cajamarca. Según Carlos Alberto Morales, presidente de la Asamblea de Santander, El Carmen tiene 20 títulos mineros otorgados. De 94 mil hectáreas, 23 mil tienen títulos mineros. “El 25 % del territorio está concesionado para la explotación de carbón”.
Sobre la situación en Marmato, Caldas, el Ministerio del Interior y la ANM están traba- jando en una consulta con las comunidades sobre los proyectos de la multinacional Gran Colombia Gold. En este municipio está en juego la extracción de oro en el cerro El Burro.
En El Paujil, Caquetá, ya comenzó la recolección de firmas para convocar una consulta popular. Los promotores de buscan detener la exploración de petróleo por parte de Ecopetrol y Emerald Energy. En este territorio deberán presentar 2.737 firmas para que las elecciones se lleven a cabo.
El proyecto de ley
A la Asociación Colombiana de Minería le preocupa un interrogante que el Gobierno no ha logrado resolver. En el caso de Cajamarca, por ejemplo, no está
claro si AngloGold Ashanti cuenta con derechos adquiridos para continuar con La Colosa. Tampoco está claro, según la Asociación, si el subsuelo pertenece al municipio o a la Nación.
Para aclarar estas dudas, la Asociación está promoviendo un proyecto de Ley. “Estamos pidiendo que el Congreso expida una norma que permita resolver esa duda jurídica. Esta industria requiere tanto de suelo como de subsuelo y de seguri- dad jurídica. De otro lado, el Consejo de Estado respetó el principio de derechos adquiridos pero la Corte Constitucional no se ha manifestado al respecto”, señala Santiago Castro.
Para Castro resulta preocupante que se puedan anular proyectos que ya estaban aprobados: “Es como si el POT de Medellín permite hacer un edificio de 12 pisos en El Poblado y luego cambiaran el POT y tumbaran el edificio”.
El centro de investigación DeJusticia disiente con este punto: “La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han reconocido de forma clara que ni los contratos de concesión minera ni las licencias ambientales constituyen derechos adquiridos. El contrato de concesión o la licencia ambiental, son situa-
ciones jurídicas que emanan del derecho público”.
Para el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, es necesario “revisar lo que dice el proyecto de ley. Hay mucha demagogia cuando se anuncia un proyecto de este tipo. Ahora, ¿qué se entiende por inseguridad jurídica? ¿Los pobres tienen derecho a la seguridad jurídica o solo las transnacionales? En Cajamarca hicieron consulta, ganaron y el ministro de Minas se las arrebató por ‘seguridad jurídica’”.
Un día después de la consulta en Cajamarca, el ministro de Minas, Germán Arce, señaló que en la zona hay 19 títulos de exploración minera, otorgados entre 2006 y 2009. El de AngloGold Ashanti es uno de ellos. “El Consejo de Estado ha sido muy preciso en que no hay aplicación retroactiva de estas decisiones”, agregó Arce.
Por ahora no hay ambiente en el Congreso para tramitar un proyecto de Ley. Según la senadora Claudia López, del Partido Verde, “en Colombia los títulos mineros son una expectativa, no un derecho adquirido. Resultan ofensivas las palabras del ministro de Minas”