OJO CON VENEZUELA
Confundir diplomacia con debilidad es lo peor que podría pasarle en este momento al país entero. La crisis que se desató por cuenta de la incursión de al menos 100 militares Venezolanos en territorio araucano, es solamente la punta del iceberg; un hecho que no puede entenderse como “evento aislado” sino como parte de una conducta sistemática de desafío y provocación que se ha desarrollado, con más intensidad, desde la llegada de la llamada “Revolución del Siglo XXI”.
Al exigir firmeza no se está haciendo apología, de ninguna manera, a discursos bélicos. Tal cosa sería un absurdo. Sin embargo, es necesario poner sobre la mesa asuntos fundamentales, uno de ellos la declaración del ministro de Defensa vene- zolano afirmando que sus tropas “no se habían retirado sino que se habían movido más hacia el interior”. Es decir que, si bien se evitó una confrontación militar, sigue existiendo una doble interpretación sobre quién ejerce la soberanía del territorio. Aunque se comprobó que el espacio hace parte de Colombia, la ambigua posición de Venezuela es peligrosa.
La grave crisis política, social y económica que se vive en el interior del país vecino se ha sumado a la presión cada vez mayor en el escenario internacional para exigir elecciones anticipadas y la salida definitiva de Maduro. Tal presión, como la vivida el pasado martes en la sesión de la OEA, puede generarle desespero y bajo este estado su comportamiento puede ser errático, especialmente si enfoca sus esfuerzos en generar un distractor externo que sirva como cortina de humo. El hecho de que durante los últimos diez años Venezuela haya aumentado su aparato militar de manera desproporcionada no debe pasar inadvertido. Para los militares la “hipótesis Venezuela” no es nueva.
Dice el artículo 10 de la Constitución de Venezuela que “el territorio y demás espacios geográficos de Venezuela, son los que le correspondían antes de la transformación política iniciada con su independencia, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad”. En un país donde “Estado de derecho” es letra muerta, la irreverencia por las leyes e instituciones podría llevar al gobierno venezolano a declarar “viciados o nulos” los tratados que han definido los 2.219 kilómetros de frontera entre ambos países, como por ejemplo el de López de Mesa-Gil Borges, firmado en 1941.
Durante la época de Chávez se conoció de un supuesto juego de estrategia militar llamado “Operación Guataipuro”, cuyo objetivo era recuperar el territorio de la Guajira que, según su versión, era tierra histórica de Venezuela. Así sea un simple juego, lo evidente es la pretensión histórica que ha tenido Venezuela sobre espacios soberanos de Colombia. La defensa de la integridad del territorio debe ser una política de Estado, que bajo ningún criterio puede afectarse por visiones ideológicas del gobierno de turno. Resulta absurda e inexcusable la pasividad del gobierno colombiano al no insistir durante los últimos años en la reunión de las Comisiones Binacionales de Frontera (COMBIFRON), así como haber suprimido el funcionamiento de la comisión asesora de relaciones exteriores. Las instituciones no están al uso discrecional del mandatario o canciller de turno.
Preocupa que con el pretexto de la participación de Venezuela en los diálogos con el Eln y Farc, se evite asumir una postura firme. Ni nuestras fronteras ni nuestra dignidad como colombianos pueden ponerse en riesgo