“El rechazo internacional, una sociedad dividida y al borde de chocar y el distanciamiento de la fiscal Luisa Ortega frenaron, por ahora, el intento del régimen chavista de anular el Parlamento”.
El rechazo internacional, una sociedad dividida y al borde de chocar y el distanciamiento de la fiscal Luisa Ortega frenaron, por ahora, el intento del régimen chavista de anular el Parlamento.
Forzado por las presiones internacionales, sorprendido por la voz disonante de la fiscal Luisa Ortega, inquieto por la movilización de la OEA hacia la posible aplicación de la Carta Democrática y ante la realidad social y económica desastrosa de un país más agrietado que nunca, en riesgo de caer en la violencia civil, Nicolás Maduro y el régimen chavista reversaron el despojo de las atribuciones y competencias al poder Legislativo que habían urdido a mediados de la semana.
La unánime y ruidosa condena de gran parte de la comunidad mundial, que pasó por los reclamos de Estados Unidos y Rusia, pero que se regó por otros gobiernos latinoamericanos y europeos, forzó al presidente de Venezuela a convocar una reunión de emergencia, el viernes en la tarde, del Consejo de Defensa de la Nación (Codena), tras el cual el Tribunal Supremo de Justicia anunció ayer que se revertirán las medidas que habían suspendido los poderes y atribuciones de la Asamblea Nacional (el Parlamento).
Esas medidas, que además despojaban de su inmunidad a los diputados, se habían convertido en una señal potente y peligrosa del direccionamien- to del gobierno chavista hacia su mutación definitiva en una dictadura que, para los críticos más severos, ya existe en las decisiones cotidianas del ejecutivo en Venezuela.
Son numerosas las veces en que la injerencia del presidente Maduro ha desdibujado la separación y la independencia de los poderes del Estado en ese país. La represión contra los opositores, el marginamiento de los sectores moderados de la izquierda y la persecución de la prensa crítica, han sido la constante. Todo ello en un marco de supresión de libertades y garantías democráticas y constitucionales resuelto con encarcelamientos, destierros y episodios oscuros de eliminación física de líderes y activistas.
Pero la voz de la fiscal General Luisa Ortega Díaz, quien se deslindó de los anuncios del Supremo, al observar que el despojo de las competencias a la Asamblea iba en contravía de la Constitución, sirvió para que Maduro no solo resignara su intentona de “autogolpe”, sino para que quedara al tanto de que dentro del oficialismo ya hay fisuras protuberantes y crecientes.
Distanciamientos que él ha sabido leer y capear porque si al desorden institucional reinante le suma la pérdida de apoyo de connotados chavistas, el gobierno podría entrar en el conteo regresivo hacia su colapso y disolución.
Por eso mismo, hay que recibir con beneficio de inventario la sugerencia que hizo Maduro a los opositores, en las últimas horas, para que se retome el diálogo mediado por el Vaticano y los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Panamá, Martín Torrijos, y de República Dominicana, Leonel Fernández.
Se trata de una cortina de humo que el presidente corre a necesidad, cada vez que se hace perceptible su incomodidad con una Asamblea que le ganó la oposición en franca lid electoral en diciembre de 2015, incluso contra el poder -omnímodo y unilateral, según la Iglesia Católica- ejercido hoy por el régimen venezolano.
Las de ese país no dejan de ser horas de gran incertidumbre, en medio de un período dilatado de atropellos e imposiciones. El timonazo de Maduro estas 36 horas no parece buscar más que corregir un desmán muy torpe. La comunidad internacional debe seguir atenta y exigir que la democracia retorne a Venezuela, sin engaños pasajeros