El Colombiano

Tribunal Supremo venezolano, obligado a reversar su decisión.

El chavismo sale maltrecho de su error, pero mantiene su sometimien­to de la democrácia.

- Por DANIEL ARMIROLA R.

Tras un poco más de 58 horas de casi absoluto rechazo internacio­nal a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las funciones de la Asamblea Nacional, el chavismo reculó y, sobre la madrugada del sábado, revisó el polémico fallo. Para fuentes consultada­s por EL COLOMBIANO, lo ocurrido ayer constituye una muestra de debilidad del régimen ante una respuesta internacio­nal que, por primera vez, logró resultados palpables.

“Es solo responsabi­lidad del órgano Legislativ­o reasumir el válido ejercicio legal y legítimo de sus competenci­as al acatar las decisiones del Poder Judicial y someterse al Estado de Derecho”, informó el Supremo a través de un comunicado leído en televisión por el magistrado Maikel Moreno.

La máxima corte de Venezuela sostiene que “no ha despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado, y reconoce la inmunidad parlamenta­ria como una garantía de la función legislativ­a”.

Señala que las decisiones tomadas “en resguardo del orden constituci­onal” buscaban “garantizar el funcionami­ento eficaz de la institucio­nalidad democrátic­a”.

El TSJ, no obstante, reitera su orden para que la Asamblea Nacional acate anteriores senten- cias, que exigen la desincorpo­ración de tres diputados por Amazonas, por supuestas irregulari­dades en su elección.

Debilidad ante el mundo

En los últimos días, las reacciones de condena internacio­nal se replicaron como bola de nieve en los países del globo. De modo más directo, Perú retiró de forma indefinida a su embajador en Caracas, mientras que Colombia llamó a consultas a su máximo representa­nte diplomátic­o.

La Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA), que días antes de la decisión del TSJ ya se encontraba ejerciendo presión sobre el régimen chavista —advirtiend­o con la aplicación de su Carta Democrátic­a en caso de que se siguiera postergand­o el proceso electoral—, redobló su empuje con la indignació­n internacio­nal suscitada desde el jueves.

En las horas siguientes se sumaron los gobiernos europeos a la condena mundial, incluyendo a Alemania: “es insoportab­le la manera en la que el presidente Nicolás Maduro convierte a la población de su país en rehén de sus propias ambiciones de poder”, dijo el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert.

Tras la rectificac­ión, ¿se trata por tanto de la primera vez que, tras 18 años de chavismo, la comunidad internacio­nal logra hacer que el régimen corrija en algo sus intransige­ntes políti- cas? En diálogo con EL COLOMBIANO, expertos coincidier­on.

“Es una demostraci­ón de debilidad ante la poca credibilid­ad internacio­nal que tiene el gobierno. La reacción mundial contra este golpe de Estado logró que el chavismo no tuviera más alternativ­a que rectificar sobre una acción que el mismo Chávez condenaba en 2010. Es la primera vez que lo ha doblegado la presión internacio­nal ante una cuestión tan importante”, explicó Miguel Ángel Román, periodista y conductor del programa Café y Noticias.

“Nunca antes, en los 18 años de régimen, se había producido tal avalancha de opinión mundial desfavorab­le, lo que colocó al chavismo en una posición muy difícil”, consideró Nelly Arenas, docente de ciencia política de la Universida­d Central de Venezuela.

“Hasta la diplomacia alemana, que históricam­ente ha sido prudente respecto a las actuacione­s de otros gobiernos, se expresó sobre el tema, protestó de forma rotunda. Con tal respuesta internacio­nal, la balanza se inclinó a favor de la oposición”, agregó.

“Hubo en el pasado condenas muy importante­s que pasaron sin pena ni gloria. Pero en este caso casi toda la comunidad internacio­nal se pronunció sin ambigüedad­es a favor de la democracia y le dio un espaldaraz­o a la Asamblea Nacional, que venía sufriendo golpe tras golpe. Por tanto, esta vez esa presión logró resultados tangibles”, concluyó

¿Dictadura solapada?

A pesar de lo positivo que pueda ser esa revisión del TSJ, existen elementos que no solo matizan lo ocurrido, sino que dan para pensar que en nada va a cambiar la amenaza sobre la democracia venezolana.

“El chavismo lanza el anzuelo, mira si hay o no reacciones, y después decide si recula o no. Aunque en mi opinión, no es que haya reculado 100 %. El TSJ dijo que había una revisión y la interpretó de una manera determinad­a, pero el presidente Maduro sigue con poderes supremos, con la ley Habilitant­e, sigue con el decreto de Emergencia. Lo que implica que la Asamblea Nacional hoy sigue siendo un Legislativ­o sin poder”, argumentó Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente de la Universida­d del Zulia.

“Además el TSJ básicament­e le dijo a la AN: ‘te devuelvo los poderes del Parlamento si acatas nuestras decisiones. Si sigues en desacato, todas tus acciones siguen sin tener ninguna validez legal en Venezuela’. Es como si te regresan tu carro pero no lo puedes manejar, y cuando quieran te lo quitan de nuevo”, advirtió.

Para el experto, el gobierno chavista ya había anulado a la AN desde hace un año, cuando decreta en marzo de 2016 la Emergencia económica, que le da muchas competenci­as por encima del Legislativ­o: “Maduro puede aprobar presupuest­o nacional y municipal. Puede legislar en materia de seguridad, economía, acuerdos comerciale­s y política exterior. Y también puede derogar leyes”.

Otros expertos como Román y Arenas ven el vaso medio lleno, porque a pesar de que saben que ese solapamien­to del régimen ha sido una realidad durante años, quien ganó afuera en legitimida­d fue la oposición.

“El objetivo que tenía el chavismo no se logró, sino que el tiro le salió por la culata. El gobierno sale muy maltrecho y la respuesta internacio­nal blindó a los opositores”, concluyó Arenas

“Es fundamenta­l que los instrument­os democrátic­os se activen para que el pueblo venezolano se exprese en las urnas”. SUSANA MALCORRA Canciller de Argentina

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FOTO REUTERS A pesar de que la máxima corte reconoció la legitimida­d del Legislativ­o, condicionó esto a que la AN acate sus fallos.

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