EDITORIAL
Los mismos que elegirán magistrados de la Jurisdicción de Paz escogerán los 11 miembros de la Comisión de La Verdad. Ojalá prime la imparcialidad y la sujeción a la verdad, más que a ideologías.
“Los mismos que elegirán magistrados de la Jurisdicción de Paz escogerán los 11 miembros de la Comisión de La Verdad. Ojalá prime la imparcialidad y la sujeción a la verdad, más que a ideologías”.
Los mismos que elegirán magistrados de la Jurisdicción de Paz escogerán los 11 miembros de la Comisión de la Verdad. Ojalá prime la imparcialidad y la sujeción a la verdad, más que a ideologías.
La semana pasada el Gobierno expidió el decreto ley que establece las bases jurídicas para el funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), que tendrá varias funciones, determinadas todas ellas entre el mismo Gobierno y las Farc en su acuerdo de paz.
La CEV hace parte del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y, en concreto, al definirse como una entidad extrajudicial, centrará sus esfuerzos en los componentes de verdad, reparación moral a las víctimas del conflicto armado y en los mecanismos de no repetición.
Durante el desarrollo de las negociaciones de paz en La Habana, se conformó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con seis delegados escogidos por el Gobierno y seis por las Farc, cada uno de los cuales presentó su análisis de las causas y consecuencias del conflicto armado. El documento final, presentado en febrero de 2015 como una “contribución al entendimiento del conflicto armado en Colom- bia”, no agota la verdad que se quiere y por ello la Comisión de la Verdad que pronto comenzará a funcionar tendrá unos alcances más amplios.
Estará integrada por 11 comisionados, de los cuales tres pueden ser extranjeros. Serán escogidos por los mismos delegados de cinco entidades (tres de ellas extranjeras) que elegirán también a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un comité de escogencia con gran concen- tración de poder nominador, y cuyos miembros, según quedó consignado en el decreto ley, no tendrán responsabilidad personal alguna por los nombramientos que hagan. Quedamos, pues, a merced de la buena fe de los nominadores, que no tendrán que rendir cuentas de sus escogencias.
El objetivo primordial de la Comisión de la Verdad será escuchar a las víctimas y sobre todo a los victimarios, a quienes se les ofrece la posibilidad de ir a relatar los hechos y reconocer sus responsabilidades, sin que esos reconocimientos puedan ser usados judicialmente contra ellos en procesos paralelos. Habrá que verse, pues así en la norma ha quedado dispuesta esa exención, dependiendo del tipo de crímenes cometidos no es del todo garantizable que algunos puedan pasar por la Comisión de la Verdad y que procesalmente, sea la jurisdicción nacional o una internacional, se abstenga de tomar conocimiento judicial del asunto.
Y el otro objetivo principal es la elaboración de un informe final, una “verdad oficial” sobre lo acontecido en el conflicto. Aquí el presidente Juan Manuel Santos ha sido insistente en decir que importa más saber lo que pasó que quién lo cometió, cosa bastante controvertible. En esta verdad histórica final se incluirán no solo las acciones y crímenes de la guerrilla, sino las de los paramilitares y agentes del Estado. Dijo Santos la semana pasada que “todos –¡todos!– debemos reconocer responsabilidad, en la medida que nos quepa a cada cual”. Como hemos dicho en anteriores ocasiones, aquí se puede estar abriendo un proceso general en el que toda la sociedad colombiana parece tener que pasar a un estrado a rendir cuentas.
Viendo lo que pasó el pasado domingo en el Congreso, donde sectores que dan la bienvenida a la política a los responsables de crímenes atroces, a su vez tachan de “asesinos” a quienes se han sometido a las reglas y leyes de la democracia actuando desde la institucionalidad, es previsible que no vaya a ser posible que ni la Comisión de la Verdad ni de Jurisdicción de Paz logren concitar un consenso general que otorgue plena legitimidad y reconocimiento a sus decisiones