La violencia le cuesta a México el 18 % de su PIB
El aumento de los homicidios en ese país conduce a una reducción en la productividad.
La leña que alimenta el fuego de la inseguridad en México son los problemas socioeconómicos, mientras la chispa que provoca “descomunales” niveles de violencia es el crimen organizado. Así lo concluye David Shirk, director de Justicia en México, un grupo de investigación de la Universidad de San Diego, en California, preocupado por entender cómo ese país se sumerge en un mar de sangre.
Lo anterior lo menciona cuando en su campus se presenta (hoy) el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, el mismo equipo de investigadores norteamericanos y australianos que cada año elaboran el reconocido Índice Mundial de Paz, y que este año, en un informe particular sobre la situación de México, detectaron que el impacto económico total de la violencia en ese país en 2016 fue de 3.07 billones de pesos mexicanos, $180 mil millones de dólares, el 18 % del PIB (Producto Interno Bruto).
Así las cosas, revela el informe, el costo de la violencia en esa nación es equivalente a 25.130 pesos per cápita, monto que representa una tercera parte de los ingresos mensuales para el trabajador mexicano promedio.
Dentro de las formas de violencia más costosas para esa economía priman, con un 47 %, el robo, el asalto y la violación. A estos les sigue el
homicidio (32 %), que incluye los costos directos en que incurrió la familia del fallecido, la carga sobre la justicia y y la disminución de la productividad por la disminución de la fuerza de trabajo, mientras las pérdidas relacionadas con el miedo, la delincuencia organizada, la venta de armas de fuego y los costos de la seguridad privada representaron 7 % del impacto económico de la violencia.
¿Se puede medir el costo?
Si bien para Shirk es necesario ponerle un valor económico a los flagelos del país, y la metodología del Índice es clara en que incluye los gastos directos e indirectos incurridos por las víctimas, los perpetradores y el Gobierno, como la pérdida de ingresos y el costo de traumas físicos y psicológicos, “al menos en México es muy difícil lanzarse con un valor monetario, cuando la mayor parte de los casos se callan o se mantienen impunes”.
Y es que según cifras oficiales de México, la cantidad de delitos no denunciados supera el 93 %, y el año pasado apenas 9 de cada 100 crímenes cometidos terminaron con una sentencia. Al respecto, José Ortega, director de la ONG Consejo de Seguridad Ciudadana, afirma que es la falta de confianza en las autoridades en su país la que pone ese escenario. “Los mexicanos no creemos en la capacidad y honestidad de los policías, ni en la de los jueces y el sistema judicial en general”, opina el líder, para quien la situación se agrava con el hecho de que no hay estabilidad en los gobiernos locales para tener autoridades policiales efectivas.
Entretanto, Lucía Chávez, directora del área de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, comenta que semejantes niveles de impunidad incentivan prácticas como la desaparición forzada, lo que requiere, urgente, dos cambios: una
modificación en la estrategia de seguridad pública, “porque está demostrado que la violencia no se combate solo con la fuerza”, y la creación de una comisión internacional para la lucha contra la impunidad.
Pero además de cambios institucionales, para Shirk es clave que en México la gente sea consciente de que, aunque difícil de medir, “hay un malgasto impresionante de la productividad debido a la guerra”, ya que el país está perdiendo “miles” de años de vida productiva, cada vez que el número de homicidios alcanza niveles de epidemia: 20.789 solo en 2016.
“No son asesinados solo malandros. Son asesinados jóvenes capaces, mano de obra muy valiosa, cerebros innovadores con potencial creativo, que se están echando a perder en las calles porque no pueden acceder a un camino lícito”, concluye el experto